¿Suprema intromisión?

Columna Diario Finaciero, Septiembre La decisión de la Corte Suprema en el caso Castilla ha generado un debate que ha tensionado la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Ejecutivo ha señalado que respeta el fallo del máximo tribunal, pero que discrepa de los fundamentos utilizados para resolver. Los jueces, por su parte, han alegado intromisión y falta de prudencia de la ministra de Medio Ambiente. Todo este debate se ha centrado -equivocadamente, a mi juicio- en las declaraciones de la ministra, cuando la verdadera discusión debiera centrarse en el fallo judicial. Un punto del debate ha sido la posibilidad o no de que un ministro de Estado comente y/o critique un fallo judicial. En el fondo, lo que se ha querido cuestionar es la libertad de un ministro para rebatir, respetuosa y fundadamente, un fallo que ya fue dictado, acatado y respetado por el gobierno. Pensar que una autoridad no puede opinar, ni siquiera respetando los fallos y expresándose cuando ya está terminado el proceso, pareciera simplemente querer instalar una lógica de censura que va más allá de lo razonable. Despejado ya el tema de pretender coartar la adecuada libertad de la ministra, lo que importa es centrarse en el tema de fondo: ¿quién se entromete en qué?
El máximo tribunal ha alegado intromisión del Ejecutivo a través de las declaraciones de la titular del Medio Ambiente, pero lo que hay que preguntarse en realidad es si la Corte se ha entrometido en las facultades de la autoridad ambiental. En efecto, y como bien lo han señalado distintos expertos, en el caso Castilla la Corte Suprema determinó, a través de una acción cautelar y de emergencia, criterios técnicos que debe cumplir un proyecto determinado, desnaturalizando el sentido de una acción de este tipo. Esto implica que el máximo tribunal -que no es un organismo técnico- asuma un rol de experto en asuntos ambientales, calificando el contenido y pertinencia de los actos, aun cuando su función es otra: resguardar la legalidad de los actos y proteger, en caso de ser vulnerados, los derechos fundamentales. 
Como sabemos, el asunto Castilla incluye dos proyectos: el Puerto y la Central Termoeléctrica, ambos sometidos, por separado, al más alto estándar de evaluación que un proyecto puede tener: a través de Estudios de Impacto Ambiental. La ley no exige al proponente de un proyecto que se relacione con otro a presentarlos conjuntamente. Lo que prohíbe, es, a sabiendas, variar el instrumento de evaluación o eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuestión que en este caso no ocurrió. No obstante, la Corte decidió ir más allá estableciendo un nuevo criterio, señalando “… lo que aquí se cuestiona es que tanto el Proyecto Puerto como el Proyecto Central Termoeléctrica, son en realidad uno solo, y que la presentación a evaluación en forma separada, vulnera la ley.” 
¿Es esta una definición de la Corte Suprema o de la autoridad ambiental? ¿Es el Ejecutivo quien se entromete en asuntos judiciales o es el máximo tribunal quien asume roles que no le corresponden? 
De perseverar la visión de la corte hacia el futuro, tendremos una nueva autoridad técnica ambiental -la Corte Suprema- que se pronunciará sobre la pertinencia de presentar estudios de impacto ambiental en conjunto o en separado, y quizás qué otras definiciones que son propias de una autoridad técnica y especialista, tal como lo viene haciendo en relación a la aplicación del Convenio 169 de la OIT y otras materias. Más que cerrar prontamente un debate, se hace necesario abrirlo y entrar al fondo del asunto: ¿hasta dónde debe llegar el rol técnico del poder judicial en materias ambientales? La seguridad jurídica merece una respuesta.

Reforma tributaria, el valor de un buen acuerdo

"...demostró que las instituciones y las coaliciones políticas han recuperado la capacida de alcanzar consensos y de aplacar las pasiones y egoísmos para reconocer un propósito común, que es servir a Chile...". En marzo de 2010 desembarcamos en el Congreso una nueva generación de parlamentarios, que habíamos constatado cómo la solidez de nuestras instituciones y el diálogo democrático de los últimos veinte arios habían permitido generar cambios sustantivos para Chile. Fuimos observando con preocupación, sin embargo, que durante sus dos primeros años, el gobierno de la Alianza enfrentaba un clima político complejo, alejado de ese espíritu de entendimiento y marcado por la ausencia de liderazgos, e incluso de la responsabilidad que hasta hace poco abría caminos para el progreso de los chilenos. Se había interrumpido ese diálogo democrático, que confrontaba posiciones con una mirada constructiva, y el gobierno debía sortear a una oposición cada vez más dispuesta a paralizar su agenda de reformas, en vez de poner sus voluntades y experiencia a disposición de los desafíos que el Presidente Piñera proponía al país, todos ellos vitales para alcanzar las metas que tenemos por delante. ¿Cuál es, a mi juicio, el valor central de la aprobación de la Reforma Tributaria? Desde la mirada de quien llegó al Congreso confiado en sumarse a los espacios que habían impulsado tantos y tan sólidos acuerdos, la propuesta sellada entre el Gobierno, la Concertación y la Alianza representa un giro en esa trayectoria de obstrucción y de enfrentamiento. Es cierto que algunos, y en particular la UDI, planteamos nuestro desacuerdo con el envío de un proyecto de reforma tributaria. Estimábamos innecesario modificar la carga de impuestos, entre otras razones, porque atravesamos por un momento de crisis económica internacional y porque creemos que es posible alcanzar los mismos objetivos, por otros caminos. Sin embargo, con la misma convicción, nos pusimos a disposición para encontrar una fórmula que permitiera destrabar un proyecto que, hasta ese momento, estaba prácticamente desahuciado y respecto del cual se habían generado tantas expectativas. El valor de la reforma tributaria excede, por mucho, el efecto fiscal y la recaudación de recursos para un fin tan trascendente como la educación. Aun cuando su tramitación se extendió más allá de lo razonable, abrió un debate político en el que pusimos sobre la mesa, con transparencia y de cara a la ciudadanía, la diversidad de visiones económicas, sociales, e incluso ideológicas, que conviven en nuestro Parlamento. Nos puso por delante la tarea de reconocer cuáles eran los objetivos comunes y en qué aspectos era posible ceder, hasta alcanzar una propuesta. Esa tarea es la que da el más profundo sentido a la democracia y la que espera la inmensa mayoría de los chilenos de nosotros. No nos pide que renunciemos a nuestras convicciones para alcanzar éxitos temporales, tampoco que nos confrontemos para aprovechar fuerzas políticas circunstanciales o provocarle derrotas al gobierno de signo opuesto: nos exige debatir con responsabilidad y acordar todos aquellos cambios que sirvan, en el más amplio sentido de la palabra, a Chile. El acuerdo demostró que las instituciones y las coaliciones políticas han recuperado la capacidad de alcanzar consensos, de aplacar las pasiones y los egoísmos, para reconocer un propósito común, que es servir a Chile. Y ratificó, una vez más, que es en el Congreso Nacional en donde los representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía debemos buscar los consensos necesarios para el progreso del país. Tenemos ahora por delante el desafío de tramitar en el Congreso la Ley de Presupuestos para el año 2013. Es de esperar que tanto la Concertación como la Alianza sepamos reiterar las voluntades y el liderazgo que hicieron posible la reforma. Más allá de nuestras legítimas aspiraciones y de las visiones políticas que representamos, tenemos la oportunidad de responder a la ciudadanía y de honrar la solidez institucional que hemos sido capaces de construir en las últimas décadas. Cito a Patricio Aylwin en su primer mensaje del 21 de mayo: "El Gobierno, el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, los partidos políticos, las organizaciones sociales, tenemos en esta etapa una responsabilidad histórica: estar a la altura de lo que Chile tiene derecho a reclamarnos y nuestro pueblo espera de nosotros. Lo conseguiremos en la medida misma en que la sabiduría y la prudencia -y no las pasiones ni los egoísmos ni los impulsos vehementes-presidan nuestra conducta". Columna editorial Diario El Mercurio, septiembre

¡Urgente un mejor clima político!

Columna Diario Financiero Julio Acabamos de terminar en el Congreso una agobiante tramitación del reajuste del salario mínimo. Lejos de ser la oportunidad para que todas las fuerzas políticas con representación popular debatiéramos sobre el valor del trabajo como herramienta para salir de la pobreza y revisáramos, pensando en Chile y no en la próxima elección, los errores y aciertos del pasado en esta materia, un sector de la oposición optó por utilizar la discusión para complicarle el camino al gobierno y para reiterar hasta el cansancio caricaturas y las legitimas aspiraciones de mejores condiciones de los trabajadores. Chile enfrenta un futuro inmediato con luces y sombras. Se mantienen las buenas noticias en materia económica, el país ha recuperado la capacidad de crecimiento que demostró los primeros años de los 90 y el desempleo ha caído a niveles históricos. Se avanza en distintos frentes, especialmente en tareas que estaban paralizadas hace años y que tienen un impacto directo en la igualdad de oportunidades para los más pobres y la clase media. Pero al mismo tiempo, estamos atentos a los efectos de una crisis internacional de la que es difícil escapar; y el malestar social, contenido por años por una Concertación que ofrecía paliativos, le ha impuesto una presión al gobierno y a todo el mundo político para adoptar decisiones que, a veces, amenaza con desbordarse. El gobierno de la Coalición se ha trazado desafíos que deberán ser abordados en los próximos meses, para aprovechar la oportunidad que tiene Chile de ser el primer país de América Latina que deje atrás el subdesarrollo y la pobreza. Pero no basta con el entusiasmo del gobierno y de la Coalición por el Cambio. O la Concertación se suma a buscar acuerdos beneficiosos para el país, o tendremos desastre tras desastre en materia de decisiones políticas. Si uno revisa la agenda legislativa de los próximos meses, tendremos temas de alta complejidad: reforma tributaria, financiamiento del Transantiago, reajuste del sector público, plan garantizado de salud, y, por supuesto, la ley de presupuestos. En ese sentido, el mensaje es claro: la oposición debe señalar ya si quiere conversar y construir o si quiere oponerse y obstruir. Si dialoga y construye, sin duda el país gana. Si se opone y sigue obstruyendo, claramente perjudica no sólo al gobierno, sino a quienes son beneficiaros de las políticas públicas. Si algo ha caracterizado la transición democrática, es que ha habido líderes en ambas coaliciones capaces de construir acuerdos relevantes. Ello permitió el gran acuerdo de reforma del Estado de 2003, las reformas políticas y sociales de las últimas décadas, y el éxito en el crecimiento económico y en el combate a la pobreza. Hoy vemos que la Concertación no tiene esos liderazgos y pareciera -en muchos momentos- no querer tenerlos. Es urgente un cambio de actitud. No podemos seguir legislando con un clima político polarizado y que no tiene capacidad de producir acuerdos. La reforma tributaria -que para muchos de nosotros ha sido proyecto alejado de nuestras ideas- es la oportunidad para ver si la oposición tiene la disposición de sentarse a conversar y retomar la senda de buenos acuerdos, algo que, hasta ahora, parece haber olvidado.

¿De qué igualdad estamos hablando?

Columna Diario Financiero Esta semana tuvo lugar en la sede de la OCDE en París el foro anual del club de los países más ricos del mundo. La pregunta central del encuentro fue la siguiente: ¿Cómo pasar de la indignación y la desigualdad a la inclusión y la integridad? El llamado, por su parte, fue a avanzar hacia un crecimiento económico inclusivo. La agenda del foro estuvo marcada por el tremendo desánimo que se vive en el viejo continente. La confianza en el marco institucional y en la capacidad del sistema político para hacer frente a la recesión, a los altos niveles de desempleo, a las movilizaciones sociales, y a indicadores como el crecimiento y la desigualdad están hoy seriamente cuestionados. Datos de los países OCDE nos muestran que en las últimas décadas la desigualdad de ingresos ha aumentado, y la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se ha acentuado. En 2008, la OCDE publicó un reporte titulado “Growing Unequal”, relativo a la distribución del ingreso y la pobreza en sus países miembros. El año pasado fue el turno del reporte titulado “Divided we Stand”, profundizando las causas del aumento en la desigualdad. Hoy asumimos principalmente una definición de desigualdad basada en diferencias de ingresos, pero son varias las interrogantes que debemos relacionar al debate: ¿Qué entendemos por desigualdad?, ¿Debe ser el foco de la política pública combatirla?, ¿Debe ser la misma estrategia tanto en países desarrollados como no desarrollados?
La definición de igualdad y desigualdad es sin duda el punto central. Diferentes definiciones de ella conducen a distintas decisiones de políticas públicas. Si la definición es potenciar la igualdad de oportunidades, el camino será la educación y acceso al trabajo digno. Si la definición es la igualdad de ingresos, para algunos el foco será la redistribución. Por ello, antes de avanzar en la estrategia ante la desigualdad, debemos tener un debate a fondo sobre qué tipo de igualdad queremos para Chile. Sin debate o acuerdo sobre las definiciones previas, la estrategia ante la desigualdad se transforma en una discusión sin sentido. Creo con convicción que el objetivo a lograr es la igualdad de oportunidades, donde el mérito individual es el que genera la diferencia. En su estudio por cohortes generacionales, Claudio Sapelli nos muestra que en las nuevas generaciones la distribución del ingreso está mejorando como consecuencia del acceso a la educación superior. En relación a la estrategia a seguir, debemos diferenciar entre países desarrollados y en vías de desarrollo. La OCDE llama a la acción directa contra la desigualdad, promoviendo un crecimiento económico con un componente de mayor redistribución e inclusión. Si el llamado es a mejorar la distribución de ingresos, el foco debieran ser los desarrollados, ya que los países subdesarrollados y en vías de desarrollo tienen aún otra tarea: disminuir la pobreza y lograr que más personas accedan a oportunidades. Aun cuando seamos parte de la OCDE, no somos parte de los países ricos. Es prioritario entonces mantener el foco en el combate a la pobreza y en la generación de igualdad de oportunidades dignas y relevantes, verdaderos motores de movilidad social.

Reforma tributaria: ¿Qué pasó con las pymes?

Columna La Tercera Finalmente, ingresó a trámite al Congreso la reforma tributaria. Una reforma que viene a introducir modificaciones al sistema tributario en una profundidad que no vimos en las últimas dos décadas, y cuyo punto más destacable es la rebaja de la carga tributaria de las personas, que en Chile alcanza hoy niveles demasiado altos. El Presidente Piñera abrió el debate para dos reformas: la educacional y la tributaria. En la primera, el consenso es amplio. En la segunda se ha centrado el debate. Muchos en la UDI hemos sido contrarios a una reforma tributaria, particularmente porque creemos que los recursos necesarios para modificar el sistema educacional chileno pueden ser obtenidos por otras vías. Ahora bien, dado que ya se ha abierto el debate, existen aspectos necesarios de destacar. Dentro de las medidas que se plantean, están ciertas rebajas a los impuestos que pagan las personas, algo que hemos pedido en reiteradas oportunidades al gobierno, porque creemos necesario aliviar la carga a la clase media. En este sentido, la rebaja al impuesto al endeudamiento o impuesto de timbres y estampillas y el crédito contra gastos en educación que tendrán las familias, sumado a la rebaja al impuesto específico a los combustibles, corresponden a iniciativas que van en ayuda directa a los bolsillos de miles de chilenos. Sin embargo, en lo que respecta a aumentar la recaudación del Fisco, la reforma al sistema impositivo propuesta por el Ejecutivo contempla alzas en las que las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas. En términos generales, nos preocupa que el aumento de 17% a 20% al impuesto de primera categoría signifique: 1) Dar al país la señal de que para resolver los problemas de la sociedad hay que subir los impuestos; 2) que se asuma que la recaudación o lo que paga el emprendimiento en Chile es bajo. Ambas cosas son erróneas. Por eso, enfrentados a una reforma que no queríamos, pero que estamos dispuestos a estudiar en su mérito, nos preguntamos: ¿Qué pasará con las pymes? Como respuesta se plantea que la rebaja del impuesto de timbres y estampillas sumado a la rebaja de los impuestos a las personas son los apoyos a éstas. No nos parece suficiente: proponemos incorporar medidas tales como la ampliación de la cobertura del artículo 14 quáter de la Ley de Impuesto a la Renta, extendiendo los beneficios de reinversión de utilidades sin pago de impuestos, y simplificando los requisitos para acceder al sistema, como, por ejemplo, liberando a las empresas del requisito de tener contabilidad completa. Además, queremos facilitarle los trámites relacionados con los impuestos, mejorando la asimetría que existe hoy entre las pequeñas empresas y el Servicio de Impuestos Internos. Por ello, el cuidado que se debe tener al fijar nuevas facultades para el SII debe ser enorme. ¿Son suficientes estas medidas? No, pero son un punto de partida que nos permite recordar que las empresas de menor tamaño son las que más empleo generan en la economía, aportando casi el 65% de los puestos de trabajo del país, según la encuesta Casen 2009. Sin duda, esta es una buena reforma para las personas. Queremos que también lo sea para los emprendedores y para las pymes.

El inevitable rito anual del salario mínimo

Columna Diario Financiero Año tras año, mayo nos presenta un escenario marcado por una suerte de populismo y poca seriedad para enfrentar el tema del reajuste al salario mínimo. La celebración del “Día del trabajo” sirve como tribuna para políticos y dirigentes que parecieran buscan aprobación y popularidad, antes que ganas de hacer un esfuerzo por presentar una propuesta que institucionalice y cree un mecanismo que regule todos los años este reajuste. Sin duda estos llamados obvian tanto el buen panorama en que nos encontramos como país, como los malos índices de empleabilidad que viven otros países, y pueden llegar a inducir malos resultados. Nuestra ministra del Trabajo nos ha enviado un correcto mensaje al señalar que es necesario cuidar los empleos que se han creado, los que a pesar de los pronósticos de los mas escépticos, han aumentado en más de 700 mil durante este gobierno. Debemos tener cuidado en el debate. Lo ético hoy es asegurar que cada familia tenga un ingreso mínimo que sirva como piso para vivir su vida con dignidad, cuidando no perjudicar la empleabilidad, ya que por querer jugar con colores populistas, podemos dejar fuera del sistema a muchos, especialmente a los más pobres y con menor calificación. La propuesta para abordar esto con la seriedad necesaria, consiste en institucionalizar un mecanismo ordenado que trabaje sobre la base de criterios objetivos y técnicos, acotando así el marco de acción política, un rayado de cancha. El desafío es encontrar un mecanismo para institucionalizar y acotar el salario mínimo. En años anteriores se ha discutido en la comisión de salario mínimo, en la comisión de hacienda y con organizaciones de trabajadores como la CUT, diversos criterios y propuestas para el reajuste del salario mínimo de cada año. Buscando dar una solución a este debate político anual, parlamentarios hemos planteado la idea de institucionalizar el debate, creando un mecanismo que regule a partir de ciertos criterios el reajuste al salario mínimo. A continuación tres criterios centrales que debieran ser parte de un nuevo marco institucional para estos temas: 1. Inflación: el reajuste debiera considerar la variación anual de la inflación, ya sea pasada o futura (siempre usando la misma), de forma tal de mantener el poder adquisitivo de las personas. 2. Productividad: la modificación del salario mínimo debe incorporar la variación anual de la productividad. Sin duda que aumentos en la productividad media (u otra medida) debieran reconocerse también en la modificación del salario mínimo. Si la productividad decae, aumentar más allá de la inflación no sería una buena decisión. 3. Contexto macroeconómico: la realidad económica nacional e internacional, en términos de niveles de empleo, crecimiento, y otros, debe ser incorporado como elemento relevante en el análisis y en la decisión. Los próximos dos meses van a estar marcados por el cambio. Ya están en discusión la reforma tributaria, la reforma educacional y el reajuste al salario mínimo. El llamado es a ser responsables frente a la discusión del salario mínimo de los trabajadores chilenos y a buscar un mecanismo institucionalizado que deje las aspiraciones mediáticas de algunos de lado y privilegie buenas decisiones para el país. Sin duda todos quisiéramos que el salario mínimo fuera mayor, pero no debe ser sólo el deseo sino la convicción de tomar buenas decisiones lo que nos debe orientar en los meses que vienen.

El Enemigo es la Inflación

Columna Diario Financiero

Las últimas han sido semanas de amplio debate político. La reforma tributaria, el conflicto en Aysén, el debate sobre la representatividad del sistema político, la renuncia de Rodrigo Álvarez al Ministerio de Energía, entre otras materias, han copado los espacios de discusión pública.

Los actores políticos, los ciudadanos y los medios de comunicación claman por más beneficios para los chilenos, especialmente para los más pobres y para la clase media. Lamentablemente, se espera que la respuesta a estos problemas venga a través de gastar y gastar más, entregando beneficios y comprometiendo esfuerzos cuyas consecuencias negativas pueden ser aún peores que los beneficios que pueden generar. Para algunos el enemigo a combatir es el Estado que aporta pocos recursos. Para otros, son los que hoy tienen mucho y que han acumulado mucha riqueza.

A mi juicio, el enemigo es otro. El principal enemigo de los chilenos, y especialmente de aquellos más pobres y de clase media, es la inflación. Ahí pareciera estar un problema central en el día a día de las familias: ver que a pesar del aumento de las remuneraciones, el poder adquisitivo disminuye dada las alzas de los precios de los insumos relevantes para la vida. Si miramos las cifras, éstas nos llaman a la reflexión.

La inflación en 12 meses llega a 4,4%. Sin embargo, ciertos ítems y productos han aumentado con fuerza en el último tiempo. El IPC de frutas y verduras alcanza el 24% en 12 meses, y viene subiendo con fuerza en los últimos meses, y el de combustibles llega a 8,2%. Algunos productos básicos presentan alzas muy significativas en los últimos dos años: transporte interurbano (58,6%), papas (57%), transporte urbano (48%), carne (31%).

El impacto de la inflación en la pobreza es brutal. El aumento de los precios afecta directamente a quienes destinan todo su ingreso a consumo. Pero la inflación no sólo impacta a la pobreza, sino también a la inversión (efecto en las tasas) y en la confianza en la toma de decisiones de los actores en el mercado. Además, la inflación tiene un efecto político potente, y ad portas de enfrentar años electorales, ésta se transforma en un jugador relevante.

Es urgente el llamado al gobierno, al banco central y los líderes políticos, a entender que un enemigo central de la acción política debe ser el combate a la inflación.

En el caso del Banco Central, el análisis y decisión oportuna sobre la tasa de interés es el elemento central. En el caso del gobierno, la forma en que se ejecute el gasto público y la forma en que se planifique el presupuesto del próximo año son elementos centrales.

De hecho, respetando los compromisos de balance estructural y otros acuerdos, el gasto público no debiera crecer más que el crecimiento del producto.

Cuando hoy se discute cuál debe ser el discurso popular de un gobierno que conduce el país en beneficio de los chilenos, especialmente de los más necesitados, el combate principal y de justicia es ayudar a que no se deteriore su poder adquisitivo. La inflación es la prioridad, antes que las reformas tributarias, políticas y electorales.

¿Centro político o Centro social?

Columna Diario Financiero

Dicen que las tentaciones de verano son peligrosas. Si no cree, pregúntele a Renovación Nacional (RN) y a la Democracia Cristiana (DC), quienes sucumbieron a una tentación de verano, promoviendo una propuesta política con malos fundamentos y pésimas propuestas, y todo por ceder a una tentación pendiente de hacer algo juntos.

Desde el punto de vista de los acuerdos, nadie puede oponerse a que dos partidos políticos busquen llegar a acuerdos, eso es algo positivo. El problema es cuando ese acuerdo pasa, en el caso de Renovación Nacional, por hacer un miércoles exactamente lo contrario a lo acordado el martes con el gobierno y con su partido aliado la Unión Demócrata Independiente (UDI). Después de días agitados al interior de la Coalición por el Cambio a raíz del debate por eventuales cambios al binominal, se había alcanzado un punto de encuentro: avanzar con acuerdo previo entre el gobierno, RN y la UDI. El amor de verano de RN lo que vino a hacer fue afectar esa confianza y hacer más difícil alcanzar acuerdos en temas de fondo y sensibles para la alianza. Por todo lo anterior, este acuerdo ha resultado un problema para la coalición de gobierno y ha estado muy lejos de ser una contribución política.

Si se analiza el mérito de las propuestas, el acuerdo también queda al debe. Son dos las propuestas centrales: establecer un sistema semipresidencial y reemplazar el sistema electoral actual por un sistema proporcional corregido.

La propuesta de sistema semipresidencial consiste en que exista un jefe de estado elegido por votación popular y un jefe de gobierno elegido por el Congreso a propuesta del jefe de estado. En concreto, significa que ahora serian los políticos los que elegirían a quien manda en Chile, o dicho de otra forma, más poder para los políticos y autoridades más lejanas de las personas.

En el caso del sistema electoral, la propuesta podría resumirse en volver a un sistema similar al que existía en el Chile antes de los setenta. Es decir, un sistema electoral proporcional que tiende a fragmentación, la polarización y la dificultad de producir acuerdos amplios.

¿Por qué, entonces, promueve RN un acuerdo de este tipo? Porque parte de un supuesto equivocado, que consiste en la búsqueda de conquistar el centro político. El error es profundo, porque lo que importa no es el centro político sino el centro social del país. Ahí está el corazón del problema, pensar que por acuerdos como estos se logrará una mayoría política nueva, cuando las nuevas mayorías surgen desde la conquista de electores postergados, de los de quienes se sienten excluidos, de los que sin tener posición política definida aspiran a que los actores políticos encarnen sus sueños y proyecciones. Ese es el verdadero centro a conquistar, el centro social de Chile, distinto profundamente al centro político que siempre se ha buscado conquistar.

"No me siento parte de una derecha acomplejada"

"Una de las razones por las cuales soy un apasionado de la política es porque desde niño vi a un grupo de personas dedicarle años muy importantes de su vida y con mucho orgullo a producir cambios en Chile. Lo hicieron desde el gobierno, desde la empresa, desde el mundo de las ideas y desde muchos otros lugares. Vi muchos testimonios de eso, entre ellos el de mi papá (Ernesto Silva Bafalluy)", relata el diputado UDI Ernesto Silva Méndez, mientras recuerda cómo su padre lo marcó para siempre.

Silva Bafalluy, fundador y ex rector de la Universidad del Desarrollo (UDD), murió en agosto del año pasado y desde entonces a su hijo se le vio poco en la primera línea de la política nacional. "Sin duda el segundo semestre del 2011 y hasta ahora ha sido un periodo muy duro en lo personal y familiar. Ha sido una etapa más silenciosa", reconoce. Pero asegura que al mismo tiempo ha sido una época muy productiva en su tarea política, sobre todo en lo que fue la discusión de la Ley de Presupuesto y el reajuste del sector fiscal. También participó en la instalación de la red de profesionales jóvenes de la UDI.

Paralelamente, se incorporó al Consejo Directivo de la UDD. Muchos en ese plantel aseguran que su rol ha sido clave para mantener en alto el legado de su fundador. Tanto que pronto comenzaron los rumores de que Silva Méndez dejaría la política para dedicarse full time a la casa de estudios. "Por motivos naturales tengo un vínculo afectivo muy fuerte con la universidad y estoy orgulloso de lo que mi padre hizo por la educación desde la UDD. Creo que es un proyecto muy lindo y que seguirá creciendo con mucha fuerza hacia delante, pero yo tomé una decisión de entrar en política hace más de dos años y no veo motivos para cambiarla", asegura categórico.

Tan determinado está de seguir en la arena política, que el 2012 lo inauguró golpeando la mesa en contra de la incipiente propuesta del gobierno de reformar la estructura tributaria. "Si lo que se busca con esta reforma es entregarle más recursos al Estado para que éste decida cómo se deben gastar esos ingresos, poniendo en riesgo decisiones de crecimiento, inversión y empleo, yo no soy partidario", enfatiza. Del mismo modo, propone que las reformas al binominal apunten a dar más poder los ciudadanos y no a los políticos.

Hoy su cruzada es volver a gobernar con las ideas propias de la derecha: "No tenemos que sentir miedo de defender nuestras convicciones".

-¿Cómo está el estado anímico de la derecha hoy?

-Creo que es urgente que compartamos una agenda.

-Complicado, sobre todo después de la propuesta conjunta para reformar el sistema binominal que presentaron los presidentes de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana el miércoles pasado. ¿Qué le pareció este acuerdo?

-Cada uno es libre de elegir sus amistades. Pero yo entiendo la política como un proyecto colectivo, y esto claramente se aleja del espíritu colectivo de la coalición.

-¿Y cómo evalúa la propuesta en sí?

- Mi temor es que se inicie un verdadero espectáculo de propuestas hechas con calculadora y que en definitiva son trajes hechos a la medida por políticos para políticos, sin mirar las necesidades de la gente.

-¿Cuáles serían estas necesidades?

-Si le preguntas a la gente si quiere darle más poder al Congreso, la respuesta más segura es que no. Sin embargo, esta propuesta incluye que el jefe de gobierno sea elegido por el Parlamento. No logro entender hacia dónde van los cambios propuestos, porque lo que a mi juicio hay que buscar es fortalecer la democracia y dar más poder de decisión a las personas en las cosas cotidianas. Eso demuestra lo equivocada que está la reforma planteada tanto en la forma como en el fondo.

-También propone avanzar hacia un sistema más proporcional.

-El sistema proporcional que funcionó en Chile hasta 1970 es el gran responsable del quiebre institucional y la polarización política que existió en Chile. Si queremos avanzar hacia la democratización del sistema, soy partidario de hacerlo a través de un sistema mayoritario y no proporcional.

-¿O sea no está cerrado per se a discutir el tema?

-El tema que hemos discutido con el gobierno es político, en términos de cómo encontramos puntos en común en una agenda cuando no hemos construido la mirada compartida. Las coaliciones políticas son efectivas y producen ideas que llegan a la ciudadanía cuando promueven con fuerza iniciativas que han construido. Me preocupa ver que en la agenda política en la reforma al binominal se ha querido priorizar el reformar antes de ver qué es lo que se quiere hacer. En materia tributaria lo mismo.

-¿Está en riesgo el futuro de la Alianza tras este episodio?

-Tiendo a pensar que ésta es una iniciativa del presidente de Renovación Nacional más que de los militantes y simpatizantes de ese partido. Me cuesta creer que las bases de RN estén cómodas en una alianza con la DC anclada en ideas en las que no creemos. Pero repito, cada uno es libre de elegir sus propias amistades.

-Pero de alguna manera RN y la DC acataron la interpelación del presidente Piñera a ponerse de acuerdo para avanzar en las reformas políticas.

-La gracia no es ponerse de acuerdo por ponerse de acuerdo, la gracia es hacerlo por cosas que valgan la pena. Creo, en todo caso, que hay algo positivo en el llamado del presidente en el sentido de que debe haber consenso para continuar, pero también me parece que por la vía del reto es muy difícil que podamos hacerlo. Para construir consensos en estos temas es necesario invertir tiempo y partir desde nuestras convicciones.

-¿Cree que de alguna manera en esta pasada el presidente soslayó su rol de conductor político?

- La carta de navegación tiene que estar dada por el programa de gobierno. En segundo lugar, y a falta de programa de gobierno en alguna materia, hay que ver si hay iniciativas que calcen con las necesidades de la gente y que también se adecuen a nuestras ideas. Si nosotros queremos escuchar a la gente, lo que tenemos que hacer es dedicar un porcentaje de nuestro tiempo en concordancia con el porcentaje de importancia que la gente les da a los temas: sólo el 2% de la ciudadanía prioriza el tema del binominal, entonces creo que debiéramos sólo dedicar el 2% de nuestro tiempo al binominal. Del mismo modo, más del 40% de la gente prioriza el tema de la seguridad ciudadana, entonces debiéramos dedicar igual cantidad de tiempo a buscar soluciones a ese problema.

-Pero no se puede gobernar siempre en base a las encuestas. El 2011 fue un año marcado por las movilizaciones sociales y las reformas políticas y tributarias se transformaron en nuevas demandas sociales.

-Está claro que la sociedad clama un cambio, pero la discusión para nuestra coalición y nuestra generación es qué dirección toma este cambio. Lo que pueden hacer los gobiernos es escuchar el sentir de la gente en términos de prioridades, pero tienen también el deber de conducir esos sentires desde ciertas ideas y hacia un norte. Creo que es ahí, en parte, donde hemos fallado, porque no tenemos que sentir miedo ni complejos de defender nuestras convicciones. Yo no me siento parte de una derecha acomplejada, y creo que nuestras ideas son populares y son ganadoras y que con ellas podemos enfrentar los temas que están planteados desde la coyuntura.

-¿Cree que el gobierno está intentando comprar paz social, como dijo Andrés Concha?

-Como coalición tenemos que saber a quién queremos darle en el gusto. Quienes nos votaron fue porque creyeron en nuestra propuesta. Yo no escuché a nadie que pidiera para que el país cambiara menos binominal ni más reforma tributaria. Es más, en la campaña presidencial del 2009 escuchamos a gritos "más Estado", pero "más Estado" perdió con Frei. Por eso creo que tenemos que ser fieles a nuestra propuesta, y ésa fue crecer y producir cambios a través de dar más trabajo y oportunidades.

Liberales vs. Conservadores

-¿Qué le parece que últimamente algunos lo comiencen a mirar como "díscolo"?

-Si por díscolo se entiende defender las ideas que han sido el corazón de la UDI durante mucho tiempo, por defender las ideas que nos llevaron a ser gobierno y por defender y promover las iniciativas de nuestro programa de gobierno, feliz que me digan díscolo.

-Llama la atención que la nueva generación de la UDI es incluso más dogmática y conservadora que algunos de los referentes clásicos del partido.

-Eso es una caricatura.

-¿Qué le pasa cuando lo motejan de conservador?

-Repito: no me siento parte de una derecha acomplejada y estoy muy abierto a escuchar nuevas ideas. Para algunos ser liberal pasa por encontrarles la razón en el diagnóstico y, peor aún, en las soluciones a los planteamientos de la izquierda; a veces pareciera que opera más la culpa. Estoy aburrido de escuchar todo el día cómo algunos explican en sus posiciones por qué no son de derecha y aparecen mendigando la aprobación de la izquierda. El haber pertenecido tanto tiempo a la oposición ha producido profundos complejos en muchos que sienten que sólo haciendo concesiones logran alcanzar un mayor apoyo. Recibir los aplausos de la izquierda para ellos es su máxima aproximación a ser verdaderos estadistas. Nada más equivocado: un verdadero líder es capaz de defender sus convicciones y convencer para finalmente alcanzar los acuerdos que respeten la coherencia entre sus actos e ideas.

Desafío generacional

-¿Hay algo de misión generacional en esto de pararse frente al gobierno y plantear las diferencias con las reformas que se proponen desde ahí?

-La inquietud con respecto a la relación con el gobierno ha sido una mirada transversal en los partidos. Creo que la han liderado sus propios presidentes de muy buena manera a lo largo de estos dos años, y ese proceso se ha ido consolidando.

-Pero los que han levantado la voz con más fuerza en el último tiempo han sido usted y otros de su generación, como Felipe Ward o Ena von Baer.

- Ante un Chile que pide a gritos cambios y que va a cambiar sí o sí con la inscripción automática, con el voto voluntario y con las reformas educacionales, se requieren nuevos rostros en los partidos que se sumen a los que ya existen para poder conducir ese cambio. Estos grupos tienen que tener una mirada colectiva de la política y tienen que estar arraigados en ideas, por eso a mí me parece bien que en el último tiempo hayan emergido nuevos liderazgos que quieran opinar y positivamente generar los contrastes que producen los acuerdos hacia el futuro.

-Pero a la generación que los precede le ha costado dar dar espacio a las nuevas generaciones. El caso más patente es el de José Antonio Kast, quien después de dos intentos por presidir la UDI se va a tener que conformar con estar detrás de Patricio Melero.

-La UDI es el partido que más alcaldes jóvenes tiene en Chile, el partido que más diputados jóvenes tiene, el que tiene más mujeres en política. Venir a decir que un grupo de personajes ligados a la UDI no permite la renovación es tener una mirada equivocada de lo que son las cosas. Sin embargo, pensar que vamos a seguir para siempre dependiendo de ellos tampoco es correcto. Si la nueva generación pretende que las respuestas no las construyamos nosotros, no vamos a ser capaces de asumir las responsabilidades en la UDI y en la conducción del Chile que tiene que desarrollarse. Por lo tanto la responsabilidad política hoy está en nosotros.

Fuente: Entrevista Revista Qué Pasa.

"No me gustaría ver tensionado el proyecto fundacional de la UDI"

El diputado Ernesto Silva, miembro de la comisión económica de la UDI, sostiene que se ha instalado un debate por reformas que inquieta a la Alianza, ya que no hay mayoría en el oficialismo para respaldar estos cambios.

¿Por qué no a una reforma tributaria que implique alza de impuestos a las empresas?

Es un error pensar que se va a mejorar la distribución del ingreso a través de la política tributaria. Nuestro sector eso no lo cree y hay otros mecanismos para enfrentar la desigualdad. No hay mejor política para eso que el empleo. El debate se ha planteado de manera incorrecta.

¿Por qué cree que sería perjudicial mantener el impuesto de primera categoría en un 20% si algunos sectores empresariales están abiertos?

Entiendo que muchos empresarios puedan apoyar el alza a 20%. Pero no sólo debemos preocuparnos de los emprendedores actuales, sino de los que están por venir. Al subir los impuestos hacemos más difícil que haya nuevos emprendedores. Y golpea más, no a los grandes, sino a los chicos.

¿Está equivocado el ministro Pablo Longueira al plantear la necesidad de una reforma?

Nos falta tener el debate de por qué y para qué queremos una reforma tributaria. Si queremos dar más recursos al Estado, soy contrario. Si queremos mejorar la distribución del ingreso, no es el camino. Y creo que tenemos que enfrentar este debate, porque no me gustaría ver tensionada a la UDI entre coyuntura y lo que ha sido su proyecto fundacional.

¿Longueira está tensionando a la UDI?

(Guarda silencio por varios segundos) La UDI en materia tributaria y en todos los temas, ha tenido liderazgos potentísimos, todos sus ex presidentes y otros dirigentes. Hoy hay que poner el acento en las ideas y debatir si subir los impuestos es mejor o peor para Chile.

Que Longueira tenga una opinión que probablemente tiene apoyo en algunos disputados, ¿no evidencia más bien una división en la UDI?

La UDI ha llevado de buena forma este proceso y se han generado documentos, instancias de discusión y siento que hay una mayoría contraria a subir impuestos. Creo que existe una gran coincidencia en que hay que bajar impuestos y alivianarle la carga a las personas.

Algunos sectores acusan a la UDI de impedir esta reforma tributaria...

La UDI ha cumplido un rol de defender convicciones, aun cuando sea impopular. Lo que nosotros hemos planteado es que si va a haber reforma tributaria, sea para alivianar la carga de las personas. Hay un debate de fondo: quien queremos que tenga más plata, o las personas o el Estado. La experiencia de estos dos años demuestra que la Concertación tiene una responsabilidad política demasiado baja para pensar que es posible alcanzar un acuerdo nacional y el historial tributario de la Concertación es lamentable, siempre que se necesitaron recursos le metieron la mano al bolsillo de los chilenos, subiendo el IVA.

Una crítica similar le hacen a la UDI, a la que responsabilizan de impedir un cambio al sistema electoral...

Cuando uno habla de reformas políticas, uno tiene que ver los principios que está defendiendo. Soy partidario total de la inscripción automática y el voto voluntario. Van a significar un remezón en la democracia, un agujero a un embalse. Pero no soy partidario de cambios al binominal.

Mantener el binominal también es perjudicial al momento de buscar alianzas con la DC. Hoy muchos que creen que la Concertación-en parte- sigue unida por el sistema electoral. ¿Qué cree usted?

Todo sistema tiene ventajas y desventajas. Más allá de un sistema electoral, lo que aleja o une a los partidos son las ideas y las convicciones.

Reforma tributaria, política y educacional: ¿una centroderecha acomplejada?

La agenda de este 2012 está marcada -para bien o para mal- por tres debates centrales: reforma tributaria, reformas políticas y reforma educacional, y en todos ellos se ve pobreza de ideas.

Estas discusiones entran en la agenda por distintos motivos. En el caso de la reforma educacional, el movimiento de los estudiantes colocó en la agenda la estructura y financiamiento (pero no la calidad) del sistema educacional chileno. En el caso de la reforma tributaria, fue el propio gobierno el que impulsó el aumento de impuestos en 2010 con motivo del financiamiento de la reconstrucción. Luego, en 2011 se insinuó la posibilidad de subir impuestos, para tomar más fuerza durante el conflicto educacional.

Las reformas políticas fueron parte de una amplia agenda para perfeccionar y profundizar la democracia, concretándose en la inscripción automática, el voto voluntario, las primarias y eventuales modificaciones al sistema binominal.

En el trasfondo están en juego las ideas y convicciones que tienen las coaliciones políticas sobre el futuro de Chile. No da lo mismo el contenido de las propuestas que el gobierno y los partidos planteen en estos debates. Hoy vemos una pobreza de ideas que es transversal al sistema político, débil en contenidos y lleno de eslóganes.

Pareciera que nuestro país enfrenta la llamada trampa del desarrollo medio o el estado intermedio del camino al desarrollo. La pregunta central es qué nos llevará a alcanzar ese mayor desarrollo y bienestar para las personas en Chile. El problema actual -a mi juicio- es que la centroderecha está débil en ideas y convicciones, y tensionada entre la coyuntura del momento y las ideas que son parte de su proyecto fundacional. Algunos muestran debilidad al buscar popularidad, dejando atrás convicciones profundas.

En el debate tributario, muchos quieren subir los impuestos para mejorar la distribución del ingreso y para quitarle a los que están “ganando demasiado”, en vez de promover con fuerza la política social focalizada, la calidad de la educación y el empleo como políticas centrales de mejora de la distribución del ingreso. ¿O alguien cree que una reforma tributaria de la envergadura que sea puede corregir la desigualdad que implica tener a casi dos de cada diez chilenos viviendo en la pobreza?
En el debate educacional se ha visto una marea que atenta contra la iniciativa privada en educación, que quiere sólo educación pública y gratuita en todos los niveles. No se ha planteado con la convicción suficiente que las oportunidades y mejora en el bienestar de muchos ha estado vinculado al acceso en los últimos 20 años a una educación más inclusiva y de mejor calidad.

En el debate político, la inscripción automática, el voto voluntario y las primarias son una excelente noticia. Pero no cualquier cambio político es coherente una visión de desarrollo institucional para Chile. Defender los aspectos centrales del sistema binominal, por ejemplo, es algo que vale la pena hacer aunque sea impopular su defensa.

El 2012 será un año en que la centroderecha enfrentará debates de fondo: es de esperar que los planteamientos vengan desde la convicción y dejen atrás los complejos. La ciudadanía exige transparencia y consistencia en las posiciones y convicciones, por impopulares que ellas sean.

La Concertación está confundida, atemorizada y fragmentada

Radio Agricultura
8.11.11

El parlamentario de la UDI acusó al bloque opositor de mantener “un silencio cómplice” para no avanzar en la solución al conflicto educacional, planteando a La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura que “lo que quiere es obstruir hasta saber qué tiene que hacer”.

El diputado Ernesto Silva (UDI) cuestionó duramente a la Concertación por lo que considera un “silencio cómplice” que busca mantener sin solución el conflicto educacional, asegurando que en bloque opositor todavía no definen cómo actuar en el Congreso para no quedar mal ante el movimiento estudiantil.

En entrevista con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara sostuvo que cuando la Concertación no va a avanzar mientras no haya señales claras a favor de las demandas estudiantiles, hay obstruccionismo.

“Más que querer que al Gobierno le vaya mal la Concertación lo que quiere es obstruir hasta saber qué tiene que hacer”, manifestó, planteando que “lo que está faltando es que alguien se ponga la mochila de tomar sus ideas y llevarlas a una mesa ya un acuerdo, o votarlas en contra”.

“Lo que creo es que la Concertación hoy día está confundida, porque no tiene ideas; está atemorizada, porque siente que los movimientos estudiantiles y otros les van a llamar la atención y los van a retar. Y además está fragmentada, porque no tiene liderazgos”, subrayó.

El parlamentario afirmó que si el bloque opositor hoy dice que va a legislar escuchando a los actores sociales quiere decir que estuvo 20 años escondido, subrayando que al no presentar aún una propuesta de solución al conflicto sólo busca “obstruir hasta saber qué tiene que hacer”.

“Acá hay un silencio cómplice de no querer avanzar, de no poner una propuesta, de decir haremos lo que digan los estudiantes, cuando los que fueron elegidos son quienes hoy están en el Congreso y su deber es representar. Creo que en política también uno tiene que someter sus ideas a la evaluación de la ciudadanía en las elecciones y durante el período en que está en el cargo uno tiene que asumir esa responsabilidad y no eludirla, y la Concertación la elude”, indicó.

En la Alianza no pueden primar los que gritan más, copiando a los estudiantes

Entrevista Diario La Nación
7.11.11

Esta semana se vivirán horas de tensión y de negociación en el Congreso para intentar llegar a un acuerdo sobre la Ley de Presupuesto que entra en su etapa de tramitación final. Además, está el antecedente de que, con el objeto de dar una demostración de que el movimiento estudiantil sigue en pie, sus dirigentes llamaron a una manifestación en torno al Parlamento en Valparaíso para el miércoles.

El diputado Ernesto Silva es parte del engranaje fundamental del equipo económico de la UDI y como tal es integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto. En esta entrevista revela su preocupación por el curso de los acontecimientos, la acción que han emprendido algunos miembros de la Coalición por el Cambio y lamenta las discrepancias al interior del Gobierno que quedaron al descubierto en los últimos días.

-¿Qué diferencias ve usted entre esta tramitación de la Ley de Presupuesto y la que se registró el año pasado?

-El Presupuesto para este año 2011 estuvo fuertemente marcado por la discusión sobre la reconstrucción. En cambio, éste es un presupuesto que tiene prácticamente un solo tema de discusión y que es el de la educación. Además, uno lo que puede observar es que el Gobierno hace un planteamiento y la Concertación no sabe si decir sí o no a la espera de lo que digan los estudiantes. Entonces, ha sido un Presupuesto de una tramitación más rara donde ha habido mucho debate de opinión pública pero en el que la discusión misma de la Ley de Presupuesto aún está por venir. Los próximos días van a ser fundamentales y necesitamos saber quiénes van a cumplir el rol de liderar a la oposición para generar acuerdos con el Gobierno.

-¿Qué le parecieron las públicas discrepancias que se produjeron al interior del Gobierno en lo relativo a la venta de activos?

- La semana pasada se discutió sobre venta de activos y otros temas. Lo importante del mérito que pudiera tener la idea en sí misma, sobre si es bueno o no vender activos, es la señal que se está dando. En un contexto donde nosotros habíamos decidido plantear que el Gobierno no iba a aumentar los gastos en educación, proponer la venta de activos es algo que confunde porque da la sensación de que puede haber espacio para destinar más recursos y en momentos como éste las señales tienen que ser contundentes. Y si hemos planteado que no hay más espacio para dar más recursos, todos debemos ser consistentes con eso por difícil que sea plantearlo ante la ciudadanía.

-¿Y qué puede decir sobre los planteamientos de sectores de la Alianza que demandan aumentar el gasto en educación?

-En la discusión de esta Ley de Presupuesto y los temas anexos que han estado vinculados: debate tributario, gratuidad de la educación y otros elementos, lo que ha mostrado es que varios líderes de la Alianza se han confundido. Y se han confundido en no entender que la prioridad es sacar adelante nuestra visión de sociedad y nuestro programa de Gobierno siendo capaces de responder a un entorno complejo. Pero acá hay algunos que están tratando de instalar la idea de que “el que chilla o grita más, obtiene más”. Y eso para una coalición que ha sido responsable durante mucho tiempo puede ser fatal. Le insisto, no puede ser que en la Alianza se instale la lógica de los estudiantes en el sentido que los que gritan más, obtienen más.

“Yo espero que lo que pueda venir en las próximas semanas sea el buen criterio y decisiones responsables y serias donde no nos pongamos a pedir más recursos para educación cuando no los tenemos y cuando no es esa la prioridad. Y lo digo porque las mismas personas que hoy día gritan para pedir más recursos para la educación superior, son quienes durante años han tenido claro que hoy día si hay que destinar un peso más a la educación, hay que hacerlo en la infancia temprana y en la educación escolar”.

“Entonces me parece que ha sido una discusión donde la seriedad de los contenidos de las propuestas no han estado al nivel de lo que se requiere para que el país avance. Hoy día lo que necesitamos es unidad, conducción política y fidelidad y consistencia con respecto a lo que hemos planteado durante mucho tiempo”.

HAY QUE BAJAR Y NO SUBIR IMPUESTOS
-¿Usted es partidario de una reforma tributaria que suba los impuestos?

-Yo soy contrario a una reforma tributaria para alzar impuestos por distintos motivos. El primero es que una reforma de ese tipo lo que buscaría es que el Estado gaste más y todos parten de un supuesto equivocado al pensar que si el Estado gasta más, los chilenos van a estar mejor. Al revisar la situación de Grecia y de otros países europeos y al mirar la realidad de Chile uno observa que se pueden cometer errores graves si aumentan los niveles del gasto público más allá de lo que es el crecimiento económico. Yo creo que el nivel de gasto público que tenemos, que es cercano al 25 por ciento del Producto Interno Bruto, es un nivel adecuado. Y me preocupa ver que se quiera hacer una reforma tributaria subiéndole los impuestos a las empresas para dar una señal política y no para generar mayor bienestar en las personas. Por años ha quedado claro que las reformas tributarias no son un instrumento útil para ayudar en el combate contra la desigualdad.

“Entonces quienes piden una reforma tributaria para tener un Chile más equitativo, están promoviendo algo que no va a pasar porque la manera de generar más equidad es a través del crecimiento, del empleo, de la calidad de la educación y del aumento de las oportunidades. Además creo que un Gobierno que impulsara una reforma de este tipo, sería un Gobierno confuso porque propuso algo en un programa de Gobierno e implementaría algo distinto mientras está en el cargo. El año pasado, después de un amplio debate, accedimos a aumentar los impuestos pero de manera transitoria. Y más aún, lo hicimos porque el Gobierno empeñó su palabra en que esto era algo transitorio por el terremoto. A mí me costaría ver, aceptar y entender que el Gobierno no cumpliera con su palabra empeñada. Una cosa distinta es cerrarse a discutir cualquier reforma tributaria, y tal como lo hicimos con la Comisión Económica de la UDI, nosotros estamos abiertos a una reforma tributaria que no le dé más plata al Estado sino que a una reforma que le dé más plata a las personas y a las pymes y para eso hemos propuesto un conjunto de medidas procrecimiento y que puede incluso generar más equidad y menor desigualdad”.

-¿Esa es una reforma para bajar impuestos, como lo propone Hernán Büchi?

-Así es. Aumentar los impuestos a las empresas tiene un impacto en el crecimiento, en la inversión y en la creación de empleos. Tener la fantasía de que se suben los impuestos y no pasa nada en el país es un error y muchas veces se hace evocando un mito, pensando que se les está subiendo sólo los impuestos a las grandes empresas pero en la realidad el 80 por ciento de las empresas son pequeñas y medianas. Y para esas empresas subir los impuestos de 17 a 20 por ciento les genera un impacto negativo relevante que les puede generar efectos relativos a su crecimiento para seguir funcionando con normalidad.

-¿Y cómo se va a conciliar este planteamiento de la UDI con el de sectores de RN que piden un aumento de impuestos?

-Esta discusión la va a zanjar como corresponde el Presidente de la República y para eso yo espero que se inspire en 3 cosas fundamentales. En primer lugar, en lo que él cree que es bueno para el país en términos de crecimiento, bienestar y desarrollo. En segundo lugar, en lo que él comprometió en su programa de Gobierno y en lo que todos hicimos campaña con él. Y lo tercero, que priorice la unidad en la Alianza.

“LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN SON ABUNDANTES”
-En su calidad de miembro de la Comisión Mixta de Presupuesto ¿son suficientes los recursos contemplados para educación?

-En los últimos 20 años el presupuesto para educación se multiplicó 7 veces. ¿Se gastó bien? ¿La educación en Chile va estar mejor si le inyectamos solamente más recursos? ¿O va a estar bien cuando, por ejemplo, los dirigentes del Colegio de Profesores se abran a mejorar en calidad?

“La educación va a mejorar en la medida que tengamos sistemas efectivos de gestión de la educación municipal. La educación también va a mejorar en la medida que le podamos dar más cobertura y calidad a la educación pre-escolar. Creo que la cantidad de recursos destinados en este presupuesto a la educación son abundantes, son un avance importante y son consistentes con lo que nuestro país puede financiar. Además hay que tomar en cuenta qué pasa con la salud, con la vivienda y con la necesidad de mayor seguridad ciudadana, entre otras materias, que también requieren recursos. En la discusión de los recursos para educación, hemos visto cómo muchos políticos lo que quieren hacer es subirse a la ola de las protestas. El problema es que la ola se los va a llevar porque lo que se necesita son convicciones y las convicciones deben estar respecto al país que se ha construido tanto por la Alianza como por la Concertación. Me preocupa que ver que muchos hoy día parecieran renegar de lo que durante décadas se ha construido con mucho esfuerzo”.

“EDUCACIÓN GRATUITA PARA TODOS ES POPULISMO”
-¿Qué le pareció lo planteado por Camila Vallejo en La Segunda al señalar que “lo que nos preocupa es que la oposición en general se está dejando llevar por la política de los consensos en la discusión presupuestaria, y se está configurando un escenario para un posible acuerdo entre la Alianza y la Concertación, queremos evitar que eso suceda”?

-Los estudiantes han hecho un aporte al poner un tema en discusión y generar las condiciones para que haya cambios, y esos ya se han registrado. Las declaraciones de Camila Vallejo demuestran que está siguiendo la lógica y mandato directo, en su contenido y en su actuar, del Partido Comunista. Y lo que vemos ahora en ella parecieran ser los últimos aletazos de un liderazgo que se extingue porque se acaba el año, se acaba su rol y porque está llevando a muchos estudiantes a perder el año afectando a miles de familias y se da cuenta que va a tener que asumir la responsabilidad de eso.

-¿Qué opina de la gratuidad para todos?

-Pedir gratuidad para todos en la educación superior es una medida populista, equivocada e inviable. Es muy fácil pedir más recursos para la educación superior pero también hay que tener en cuenta que aún hay 500 mil personas en pobreza extrema, 2 millones y medio de chilenos en situación de pobreza, 2 millones y medio de adultos mayores que tienen muchas necesidades y también hay muchísimas personas afectadas por el terremoto que esperan sus viviendas. Por eso digo que es un populismo increíble. Además representa una falta de rigurosidad en lo relativo a la educación porque claramente se necesitan recursos para la etapa escolar. Y también es injusto que personas que sí pueden pagar la educación superior no lo hagan.

-¿Y cuál es su postura sobre el lucro?

-Yo soy un fiel partidario de la iniciativa privada en educación. Creo que el sistema que establece que las universidades son sin fines de lucro, que los institutos profesionales y centros de formación técnica pueden tener fines de lucro y que en la educación particular subvencionada y en la particular pagada puede haber lucro con ganancias y retribuciones legítimas, es un buen sistema. De hecho si no fuera así, no pasaría que la mayoría de los estudiantes de la educación escolar prefieren la educación particular subvencionada en desmedro de los municipalizados. Si no fuera así, en el caso de la educación superior, no habríamos subido de 200 mil a 1 millón de estudiantes. Ello da cuenta de un sistema que estuvo bien pensado.

-Sin embargo, a pesar de que la ley prohíbe el lucro, todos los sectores han coincidido en que muchas universidades se las han arreglado para burlar la ley.

-Sobre eso hay que decir que la Concertación gobernó durante 20 años. Me costaría creer que puedan haber sido tan irresponsables de haber tenido una preocupación como esa y no haber hecho nada al respecto. Habiendo tenido 20 años para fiscalizar el cumplimiento de una disposición significaría una irresponsabilidad enorme de parte de quienes cumplieron roles en los ministerios y áreas respectivas. Yo sí comparto que si hay instituciones o personas que abusen que sean debidamente fiscalizadas y lo mismo creo de cada peso público que está en las universidades del Estado y en las universidades tradicionales. Sería bueno que se supiera el sueldo de los rectores, cuánto se paga a los profesores de jornada y cuántas horas de verdad le dedican a sus instituciones.

¡Haber sabido antes que subir los impuestos era la solución!

Columna Diario Financiero 14.10.11



El inicio del debate presupuestario 2012 ha estado marcado por un prolongado conflicto educacional y por un incipiente debate tributario.

A mi juicio, en todos estos debates, ha faltado claridad y consistencia en el actuar del gobierno y de la coalición en general.

La demanda estudiantil se inició con la crítica a la iniciativa privada, atacando el lucro, para luego pasar a una demanda de gratuidad en la educación superior. Ninguno de los planteamientos centrales de los estudiantes ha sido mejorar la calidad de la educación. Hoy el gobierno invita al diálogo a los líderes de la Confech, dedicándole alabanzas y reconocimientos, mientras Camila Vallejo trata de saqueadores a quienes están gobernando. Una parte de los dirigentes estudiantiles no quiere dialogar, quiere imponer sus puntos de vista. Cometemos un error si seguimos esperando que estén de buen ánimo para conversar cuando podemos avanzar en legislar en los temas que con convicción creemos que requieren cambios en educación. Por lo demás, respecto de los temas de fondo nuestro sector ha tenido una mirada consistente en el tiempo: promovemos que exista iniciativa privada en educación, y queremos que más estudiantes accedan a educación superior de calidad, entendiendo que como país no podemos asumir la gratuidad.

El debate tributario, por su parte, se ha iniciado por considerar algunos que las empresas pueden pagar más impuestos de lo que pagan hoy, y porque demandan que se comprometa a largo plazo un financiamiento estatal que en la práctica consagre la gratuidad en la educación superior. Durante décadas nuestro sector ha defendido con convicción que subir los impuestos es una mala decisión y que afecta el crecimiento y el bienestar de las personas. ¿En qué minuto cambiamos de opinión? ¿Qué pasó que ahora sí parece ser una buena idea? ¡Haber sabido antes que subir los impuestos era la llave mágica para lograr mayor desarrollo en Chile! 
El presidente en su campaña dijo que no habría alza de impuestos. También el gobierno se comprometió el año pasado a que el alza del impuesto de primera categoría sería transitoria. La palabra empeñada tiene valor y debe cumplirse, especialmente cuando no hay condiciones que expliquen que el país estará mejor de tomarse una medida de este tipo. En este y en otros temas tiene valor la consistencia y las convicciones. Es tiempo de recordarlas.

Al mantener abierto el debate tributario, el gobierno da luces de que reforma tributaria habrá con alta probabilidad. Algunos dicen que tenemos que atrevernos a tomar medidas con audacia y pragmatismo. Pero si la audacia y pragmatismo son para promover las ideas en las que no creemos, ¿de qué sirven?
Bien por la audacia y el pragmatismo, pero ¡con convicciones! No tiene gracia -sino más bien puro costo- ser audaz promoviendo las ideas de otros. La audacia está en lograr avanzar con nuestras ideas a pesar de la fuerte oposición que enfrentamos.

Es tiempo de convicciones, se requiere audacia y pragmatismo, pero para promover nuestras ideas sobre cómo Chile puede estar mejor.

Plantas de revisión técnica

Carta al Director, Diario El Mercurio
30 de Septiembre

Señor Director:
Sobre la discusión que nuevamente se ha generado relativa a las revisiones técnicas, me permito hacer algunas observaciones.
El creciente aumento de la motorización que exhiben nuestras ciudades exige un esfuerzo mayor por gestionar más eficientemente el sistema de plantas revisoras. En consecuencia, mirado el problema desde la vereda de la oferta, se justifica plenamente revisar medidas como la flexibilización de los plazos de licitaciones, entre otras que se deban adoptar in situ, en cada planta. Puede que la oferta instalada sea la adecuada; sin embargo, su distribución por comunas quizás esté dejando zonas con una muy baja cobertura.

Ahora, visto el asunto desde la demanda por el servicio de revisiones, cabe señalar que nuestra normativa aplicable a la frecuencia de las mismas se ha ido quedando rezagada. Fue diseñada para automóviles con tecnologías muy distintas —en seguridad y emisiones— de las que tienen los automóviles nuevos que ingresan a nuestras calles. Por esa razón hemos elaborado un proyecto de ley que extiende, para autos particulares, el intervalo entre cada revisión a dos años (volviéndose anual cumplidos 10 años de fabricación del vehículo), al mismo tiempo que amplía el plazo de vigencia de las homologaciones a tres. Consideramos que constituiría una forma racional de moderar la presión sobre las plantas revisoras, atendidas las características del actual parque automotriz.
Finalmente, recordemos que la obligación de tener en buenas condiciones los automóviles corresponde a sus dueños y no sólo a las polémicas plantas. Por lo tanto, entendamos que manejar supone responsabilidades y que, más allá de los certificados, la seguridad y limpieza de nuestras ciudades depende, en primer término, de cada uno de nosotros.
Ernesto Silva
Diputado

Nuevos referentes e ideas para un Chile que cambia

22.7.11

Sin duda uno de los aspectos más importantes del gobierno de la Coalición por el Cambio ha sido la incorporación de muchos profesionales jóvenes al servicio público. Son miles -sí, miles- los profesionales jóvenes y de excelencia que se han sumado con mucho entusiasmo a trabajar en el gobierno.
Las razones por las cuales se han incorporado esas personas son muy diversas. Algunos lo han hecho porque no habían tenido antes la oportunidad de hacerlo. Otros, porque han sentido que tienen la oportunidad de implementar sus ideas y visión de sociedad a través de la tarea del sector público. Otro grupo importante lo ha hecho porque se ha sentido convocado de forma especial por líderes jóvenes que han asumido puestos de relevancia y liderazgo en la primera línea de lo público. Algunos, simplemente llegaron.

Cualquiera sea la causa, muchos jóvenes profesionales están instalados en el gobierno y con ganas de proyectar su tarea en el tiempo.

Los jóvenes se mueven por una causa, por un proyecto, y por liderazgos y referentes que convocan. Para muchos de esos profesionales, la salida de ministros como Ena Von Baer y Felipe Kast significa una interrogante. Ellos representan nuevos liderazgos que la política chilena necesita con urgencia.

En un Chile que está cambiando, en que los ciudadanos se han empoderado y demandan nuevas formas de vinculación y relación con los políticos, es necesario y urgente contar con nuevos liderazgos que encarnen ese Chile que demanda cambio.

Todas las encuestas de opinión pública señalan que la política no está siendo bien evaluada, y los políticos debemos entender esa demanda y ser capaces de dar respuesta.

Se requiere liderazgo para enfrentar los desafíos de una sociedad cambiante, pero no basta con el liderazgo. Se requieren también nuevas ideas y aire fresco para generar las respuestas a los problemas que han emergido y para escuchar y entender cómo está cambiando y hacia dónde va el país.

Cuando observamos que nuestro país crece de manera importante generando muchos empleos y oportunidades, pero cuando al mismo tiempo existe una sensación de postergación y falta de oportunidades, se requieren miradas que sean capaces de entender estas tensiones sin dejarse llevar por ideologías simples o eslóganes livianos. Se necesita una comprensión profunda y empática, basada en el conocimiento de la realidad, pero anclada también en un conjunto de ideas que propongan al país una forma de progresar y generar oportunidades y desarrollo.

La salida del gabinete de jóvenes ministros llama a la reflexión, y al mismo tiempo al desafío, de entender que se requiere una renovación urgente, y a la vez permanente, de las ideas y de los liderazgos, que sean capaces de convocar a muchas personas a construir juntos el país, y al mismo tiempo a encauzar los debates que Chile debe enfrentar en las próximas décadas.

Necesitamos cuidar y promover los nuevos referentes, y generar más ideas y respuestas a los desafíos de Chile. En política, hay mucho espacio para innovar.

Reformas Políticas

Carta al Director, Diario La Tercera
31.05.2011


Señor director:

Tras leer con atención la columna de Marco Enríquez-Ominami -publicada el viernes en este medio- me gustaría hacer una pequeña precisión respecto de su contenido. En ella, el timonel del PRO señala que el Presidente Piñera prometió en su reciente Cuenta Pública el envío de un proyecto que incluya la inscripción automática y el voto voluntario.

Deseo informarle a Marco Enríquez que el Mandatario envió el 1 de diciembre de 2010 un proyecto al Senado en esa línea. A éste se le aplicó suma urgencia en marzo del presente año y finalmente fue aprobado en general el pasado 10 de mayo.

Ernesto Silva
Diputado UDI

Cuidar las instituciones

Cuidar las Instituciones

Javier Macaya, Diputado

Ernesto Silva, Diputado


El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.
Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.
Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.
Ambos riesgos van de la mano.
Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.
Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.
Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.
Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.
En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.

Caso Arrayán y evaluación de los jueces

Columna Diario Financiero
27.05.11

La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.


Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.

En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.

A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.

Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.

Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? 
Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación?
La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.

Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.

Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.

Bitran se equivoca con la Alta Dirección Pública

Diario El Mostrador, 9.5.11

En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.
Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.

En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.

Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.

Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.

En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto

limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.

Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.

Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.

En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.