Columna publicada en La Tercera
La actitud constructiva se requiere ahora para lograr un presupuesto con amplia aprobación en todas las coaliciones políticas.
Con el ingreso del proyecto de ley de presupuestos se concreta la instalación de una nueva coalición de gobierno, porque es el instrumento más relevante que tiene la administración estatal para definir sus prioridades y reflejar su impronta. Los US$ 53.387 millones de este año tienen un incremento real del 5,5% en el gasto público y se retoma la senda utilizada entre 2000 y 2005, al presentar un presupuesto similar al crecimiento del PIB, que para 2011 está estimado por el Banco Central en un rango entre 5,5% y 6,5%.
El presupuesto plantea tres desafíos fundamentales, tanto para el gobierno como para la oposición. El primero es reflejar en la asignación de los recursos las prioridades del programa de gobierno por el cual fue elegido el Presidente Piñera. El segundo es compatibilizar la expansión del gasto público con el cuidado de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. El tercero es un desafío para la Concertación y consiste en ser capaz de ser una oposición que plantee posiciones, pero sin ser obstruccionista.
El gobierno ha cumplido el primer punto al priorizar el gasto social que crece un 14,9%. Los aumentos relevantes en Trabajo, Educación, Vivienda y Seguridad Ciudadana son fieles reflejos del programa de gobierno. Este presupuesto implica priorizar la asignación de recursos en los temas en que la ciudadanía ha manifestado mayor preocupación y que son reflejo de la necesidad de un cambio de gobierno.
En el segundo de los desafíos el gobierno también cumple. El aumento del gasto público -a diferencia de otros años- no será mayor que el aumento del crecimiento económico. Esta decisión, además de favorecer un orden de las cuentas fiscales, es una de las formas que el gobierno tiene para evitar mayores problemas con variables como el tipo de cambio, la tasa de interés y la variación de los precios. Si el gasto fuera más expansivo que lo proyectado en este presupuesto, se corre el riesgo de afectar el tipo de cambio induciendo a una baja del precio del dólar, algo que sería muy perjudicial para el agro y para otros sectores de la actividad económica nacional. De igual forma, un presupuesto muy expansivo podría llevar también al alza a la tasa de interés y la inflación. En este contexto, el presupuesto es acertado y equilibrado.
Por último, en el tercero de los desafíos, la Concertación tiene la palabra. Hasta ahora, ha anticipado una actitud obstruccionista que no parece conducir a un buen destino. Sin embargo, esto aún puede ser corregido. Los últimos días de discusión en el Congreso han dado cuenta de dos enfoques que puede tener la Concertación: el enfoque paralizador y negativo que se ha reflejado en las discusiones sobre el impuesto específico a la minería (royalty), o el enfoque constructivo y abierto al diálogo que se ha manifestado en acuerdos políticos como el financiamiento al Transantiago y las modificaciones a la ley antiterrorista y la justicia militar.
El país necesita del segundo enfoque, y especialmente en la primera ley de presupuestos de un nuevo gobierno. La actitud constructiva se requiere ahora y en este proyecto, para lograr un presupuesto con amplia aprobación en todas las coaliciones políticas.
lunes, 4 de octubre de 2010
jueves, 16 de septiembre de 2010
Microclima legislativo en Valparaíso
Columna Publicada el 16 septiembre 2010 en La Segunda
Parece que en Valparaíso existe un microclima que incide en las decisiones legislativas. Un microclima que acentúa las pasiones, que es susceptible al ruido de las tribunas, y que puede ser consecuencia de un diseño institucional que requiere revisión al alero del Bicentenario.
Quienes llevan más tiempo dicen que siempre ha sido igual. Pero no por eso deja de ser preocupante.
Los últimos meses aportan varios ejemplos del ambiente legislativo. Primero fue la decisión del Congreso de aumentar de uno a dos la cantidad de días feriados por el Bicentenario. Después, vino la decisión de transformar en irrenunciables para el comercio dos días de estas fiestas.
Ayer, por otra parte, y al calor del debate del impuesto específico a la minería, se señalaba con liviandad que no importa subir los impuestos porque no afectará la inversión, mientras otros nostálgicos de los setenta volvieron a la carga clamando por la nacionalización de recursos como el cobre, ganando por supuesto los calurosos aplausos de los dirigentes mineros en las tribunas.
El riesgo de esta forma de legislar es ceder a la tentación del populismo. Por ello, es necesario revisar qué está pasando.
Adicionalmente al ambiente legislativo recién mencionado, el proceso de formación de las leyes está mostrando también falencias. No son pocos los proyectos que requieren volver al Congreso para ser enmendados después de su publicación por imprecisiones o errores menores.
Por otra parte, los roles de las cámaras del Congreso está generando también un debate. Por años el Senado funcionó como cámara moderadora y revisora. Hoy, ese rol está cambiando y pareciera que se está transformando en una segunda cámara política, replicando en parte el rol de la Cámara de Diputados.
Por todo lo anterior, es momento oportuno para revisar la institucionalidad del Congreso, con el objeto de abordar algunos de sus desafíos centrales. En primer término, cómo enfrentar el microclima de los grupos de presión e interés, evitando las tentaciones populistas. En segundo lugar, cómo enfrentar el proceso de aseguramiento de la calidad de las leyes, en una sociedad donde las regulaciones son cada vez más complejas y donde el Congreso hoy no dispone de todos los elementos para asegurar siempre el producto legislativo. En tercer lugar, revisar el rol de las dos cámaras del Congreso, en un Senado que hoy pareciera cambiar de rol y acercarse a una segunda cámara política.
La política se construye a partir de un proceso de contradicción de argumentos y de expresión de diferencias, y el Congreso es fundamental en la generación de los cambios y de las decisiones públicas. El Bicentenario es una buena oportunidad para analizar en profundidad su institucionalidad.
Proyecto de Ley Teletrabajo: Una real oportunidad laboral acorde a los tiempos de hoy.
El martes 14 de septiembre se inicio en la Comisión de Trabajo de la Cámara, la discusión sobre el proyecto ingresado por el gobierno para introducir la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
Esta iniciativa de ley es muy positiva porque nos permite avanzar en lo que el Presidente Piñera había planteado en su programa de gobierno, que es facilitar que más personas puedan trabajar y lo realicen desde distintas formas.
Además mediante su aprobación nos hacemos cargo del avance de la tecnología y el desarrollo de la sociedad donde hoy día muchas cosas se pueden hacer ya no desde un lugar físico en particular sino desde muchos puntos, donde el instrumento comienza a ser cada vez más la capacidad personal, un computador y la conectividad.
Este proyecto busca regular un contrato de trabajo especial para quienes trabajan a distancia, por ejemplo, una persona determinada puede prestarle servicios de asesoría puntual en un tema a alguien o hacer estudios u operar como centro de llamados o atender telefónicamente o hacer ciertas cosas o entregar cuantas productos que se trabajan desde la casa y eso hoy día no está adecuadamente regulado.
Asimismo, las empresas también se verán beneficiadas. Primero porque mejorarán la calidad de los ambientes laborales ya que tendrán trabajadores más contentos porque realizarán sus labores desde su hogar o un lugar que los acomode. Segundo, un ahorro considerable en los traslados y horas de desplazamiento, que hoy día especialmente en las ciudades grandes, son un gran problema tanto en la mañana como el regreso.
Una tercera cosa que va a permitir el desarrollo de jornadas mixtas, eso significa que algunas veces las personas si lo acuerdan con su empleador van a poder estar trabajando desde su casa , desde un café u otro lugar y a veces desde la empresa combinando posibles lugares, horarios y modalidades.
En Chile nos hemos dado cuenta y la evidencia así lo indica, que es mínimo las personas que trabajan desde el hogar y la mayoría lo hace de manera independiente por lo que están en un trabajo muy informal. El teletrabajo si está bien ordenado y regulado va fomentar la formalización del trabajo y un trabajo mejor cuidado lo que también es algo positivo.
La expectativa real es que muchas personas se incorporen a trabajar y que esto sea un instrumento de ayuda para la incorporación de la mujer al trabajo. Sorprendentemente contra lo que uno habría esperado, sólo un 39% de quienes trabajan desde su casa son mujeres y aquí hay una oportunidad muy grande de aumentar las posibilidades de trabajo.
Con la exposición de la ministra del Trabajo, Camila Merino, se inicio en la Comisión un debate general. Ahora esperamos escuchar las posiciones de distintas agrupaciones de trabajadores, de empresarios y de empresas que han experimentado con el trabajo a distancia para entender cuáles son las piedras de tope para la legislación y entender de mejor manera cual es el aporte que tiene que hacer la ley que vamos a desarrollar.
Es una buena iniciativa y esperamos que tenga una discusión provechosa, profunda pero también una tramitación rápida para poder estar en vigencia pronto.
Por ahora, los invito a leer el documento ingresado al Congreso. Enlace aqui.
miércoles, 25 de agosto de 2010
Valores que mueven a un gobierno
La Segunda, blog redacción.
Viernes 20 de Agosto de 2010
Basándose en polémicas menores, que por momentos han bordeado lo farandulesco, la Concertación ha criticado la forma en que el Gobierno representa valores en su actuar.
La discusión puede tomar distintos caminos. Algunos querrán hablar de los “valores con minúscula” y sostener absurdos debates respecto del largo de las faldas o el mayor o menor criterio de algún funcionario público al momento de redactar una minuta. Otros, en cambio, creemos que la verdadera discusión es sobre los “valores con mayúscula” y la mirada de la sociedad que ofrece una coalición de gobierno.
Y es que toda coalición que compite por ser gobierno lo hace porque tiene una visión de la sociedad y un conjunto de propuestas de cómo avanzar hacia un mayor bienestar para las personas. Nuestra coalición también, y especialmente la UDI.
Si se revisa el contenido de las políticas públicas, es casi imposible encontrar neutralidad axiológica: siempre habrá un sustrato valórico en las decisiones. La primera pregunta, entonces, no es si un gobierno debe encarnar sus valores —ello es inherente a la acción pública de la autoridad— sino cuáles son los valores que marcan la identidad de una coalición y del actuar de un gobierno.
La Coalición por el Cambio ha tomado —a mi juicio— un camino valórico que le da identidad y que la diferencia de la Concertación: libertad y responsabilidad individual como valores centrales de las decisiones públicas. Desde una perspectiva global, esto implica pasar desde una sociedad que busca un Estado más asistencial, a un Estado que entrega más decisiones a los individuos, promoviendo la libertad y la responsabilidad personal.
En el caso de este gobierno, esta mirada valórica se traduce en decisiones concretas. Algunos ejemplos: ayer se anunció el aumento de la Subvención Escolar Preferencial, para permitir —entre otras cosas— que más familias puedan elegir el colegio en que sus hijos estudian; después del terremoto, el Ministerio de Vivienda convocó a los afectados a participar en la elección del tipo de vivienda que querían en la reconstrucción; en salud, se está diseñando el bono automático Auge para que sean las personas —y no “el sistema”— las que puedan elegir dónde quieren atenderse. En otro ámbito, el Ingreso Etico Familiar constituirá un derecho para las familias, pero también estará acompañado de un conjunto de deberes que las personas deberán cumplir para poder acceder a los beneficios.
Libertad de opción y responsabilidad individual. Esos sí son valores de un gobierno, y el gran aporte de la UDI en este proceso es contribuir a traducirlos en contenido, hacer cambios profundos y fortalecer una mayoría que adhiera a ellos, dándole permanencia en el tiempo.
Viernes 20 de Agosto de 2010
Basándose en polémicas menores, que por momentos han bordeado lo farandulesco, la Concertación ha criticado la forma en que el Gobierno representa valores en su actuar.
La discusión puede tomar distintos caminos. Algunos querrán hablar de los “valores con minúscula” y sostener absurdos debates respecto del largo de las faldas o el mayor o menor criterio de algún funcionario público al momento de redactar una minuta. Otros, en cambio, creemos que la verdadera discusión es sobre los “valores con mayúscula” y la mirada de la sociedad que ofrece una coalición de gobierno.
Y es que toda coalición que compite por ser gobierno lo hace porque tiene una visión de la sociedad y un conjunto de propuestas de cómo avanzar hacia un mayor bienestar para las personas. Nuestra coalición también, y especialmente la UDI.
Si se revisa el contenido de las políticas públicas, es casi imposible encontrar neutralidad axiológica: siempre habrá un sustrato valórico en las decisiones. La primera pregunta, entonces, no es si un gobierno debe encarnar sus valores —ello es inherente a la acción pública de la autoridad— sino cuáles son los valores que marcan la identidad de una coalición y del actuar de un gobierno.
La Coalición por el Cambio ha tomado —a mi juicio— un camino valórico que le da identidad y que la diferencia de la Concertación: libertad y responsabilidad individual como valores centrales de las decisiones públicas. Desde una perspectiva global, esto implica pasar desde una sociedad que busca un Estado más asistencial, a un Estado que entrega más decisiones a los individuos, promoviendo la libertad y la responsabilidad personal.
En el caso de este gobierno, esta mirada valórica se traduce en decisiones concretas. Algunos ejemplos: ayer se anunció el aumento de la Subvención Escolar Preferencial, para permitir —entre otras cosas— que más familias puedan elegir el colegio en que sus hijos estudian; después del terremoto, el Ministerio de Vivienda convocó a los afectados a participar en la elección del tipo de vivienda que querían en la reconstrucción; en salud, se está diseñando el bono automático Auge para que sean las personas —y no “el sistema”— las que puedan elegir dónde quieren atenderse. En otro ámbito, el Ingreso Etico Familiar constituirá un derecho para las familias, pero también estará acompañado de un conjunto de deberes que las personas deberán cumplir para poder acceder a los beneficios.
Libertad de opción y responsabilidad individual. Esos sí son valores de un gobierno, y el gran aporte de la UDI en este proceso es contribuir a traducirlos en contenido, hacer cambios profundos y fortalecer una mayoría que adhiera a ellos, dándole permanencia en el tiempo.
lunes, 23 de agosto de 2010
Ministerio de Desarrollo Social y la Nueva Forma de Gobernar
Publicada el viernes 20 de agosto en El Financiero.
El Presidente de la República dio a conocer las bases del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que puede transformarse en un pilar fundamental en el combate a la pobreza, a la indigencia, y en la instalación de una nueva forma de gobernar.
Las recientes cifras de pobreza e indigencia reveladas a partir de la encuesta CASEN 2009, evidencian un lamentable retroceso. Si bien aún no tenemos total claridad de qué sucedió para retroceder de esta forma, sí sabemos que es urgente mejorar.
Preocupa que la indigencia haya aumentado en un 23% entre 2006 y 2009. Indigna, por otra parte, el aumento de 11% en la pobreza en el tramo de niños de 0 a 3 años (24,5% en pobreza), y el aumento de 5,6% en el tramo de 4 a 17 años (21,5% el año 2009).
Estas cifras plantean el desafío de avanzar con sentido de urgencia y de eficiencia.
Es en este contexto donde cobra más valor el Ministerio de Desarrollo Social, reflejo importante de la nueva forma de gobernar que ha instalado el Presidente Sebastián Piñera. Un nuevo diseño institucional es una tarea compleja, especialmente cuando el actual sistema adolece de falencias importantes. Por ejemplo, en nuestra institucionalidad de políticas sociales no existe un marco general de evaluación de políticas públicas sociales. Además, existe deficiencia en la focalización de diversos programas sociales. Por otra parte, falta coordinación entre las políticas sociales del ministerio actual y aquellas de ministerios relevantes en el desarrollo de las personas como Educación, Salud, Trabajo, entre otros. En síntesis, el diagnóstico de lo hecho por la Concertación en el último tiempo es crítico.
Por ello el nuevo diseño institucional surge de un diagnóstico claro y de un enfoque en la forma en que se deben hacer las cosas. Algunos ejemplos del nuevo enfoque: se realizará evaluación ex ante de todos los programas sociales nuevos; se realizarán evaluaciones “durante” la implementación de los programas; y se fortalecerán los sistemas de evaluación del impacto de los programas.
En materia de coordinación, hoy tenemos un problema que crece en el tiempo, especialmente en un Estado enorme y con grandes burocracias. Por ello es importante el Comité Interministerial de Desarrollo Social, presidido por el Ministro de Desasrrollo Social e integrado por los titulares de Educación, Salud, Vivienda, Secretaría General de la Presidencia, Trabajo y Hacienda. Una buena coordinación puede hacer la diferencia.
En términos de orgánica del ministerio, se hace una adecuada definición entre diseño –evaluación, y ejecución. Se crean dos subsecretarías: una dedicada a “pensar” y otra dedicada a “ejecutar”. La primera sería una subsecretaría de Evaluación Social, y la segunda una Subsecretaría de Servicios Sociales.
La primera iniciativa desafiante será implementar con éxito el Ingreso Ético Familiar, la cual busca conceder un derecho a las familias, pero resguardando también los deberes, pues las familias deben mantener a sus hijos en el colegio, cumplir con controles de salud, etc. El Ingreso Ético Familiar refleja los valores de libertad y responsabilidad individual, pilares fundamentales de la nueva forma de gobernar.
El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa, y es de esperar que sea exitosa. El partir de un buen diagnóstico, el proponer una institucionalidad ordenada y orientada a los resultados, y el ser capaces de evaluar sistemática y profundamente sus labores, constituyen pilares relevantes para el éxito del nuevo ministerio y de la nueva formar de gobernar.
El Presidente de la República dio a conocer las bases del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que puede transformarse en un pilar fundamental en el combate a la pobreza, a la indigencia, y en la instalación de una nueva forma de gobernar.
Las recientes cifras de pobreza e indigencia reveladas a partir de la encuesta CASEN 2009, evidencian un lamentable retroceso. Si bien aún no tenemos total claridad de qué sucedió para retroceder de esta forma, sí sabemos que es urgente mejorar.
Preocupa que la indigencia haya aumentado en un 23% entre 2006 y 2009. Indigna, por otra parte, el aumento de 11% en la pobreza en el tramo de niños de 0 a 3 años (24,5% en pobreza), y el aumento de 5,6% en el tramo de 4 a 17 años (21,5% el año 2009).
Estas cifras plantean el desafío de avanzar con sentido de urgencia y de eficiencia.
Es en este contexto donde cobra más valor el Ministerio de Desarrollo Social, reflejo importante de la nueva forma de gobernar que ha instalado el Presidente Sebastián Piñera. Un nuevo diseño institucional es una tarea compleja, especialmente cuando el actual sistema adolece de falencias importantes. Por ejemplo, en nuestra institucionalidad de políticas sociales no existe un marco general de evaluación de políticas públicas sociales. Además, existe deficiencia en la focalización de diversos programas sociales. Por otra parte, falta coordinación entre las políticas sociales del ministerio actual y aquellas de ministerios relevantes en el desarrollo de las personas como Educación, Salud, Trabajo, entre otros. En síntesis, el diagnóstico de lo hecho por la Concertación en el último tiempo es crítico.
Por ello el nuevo diseño institucional surge de un diagnóstico claro y de un enfoque en la forma en que se deben hacer las cosas. Algunos ejemplos del nuevo enfoque: se realizará evaluación ex ante de todos los programas sociales nuevos; se realizarán evaluaciones “durante” la implementación de los programas; y se fortalecerán los sistemas de evaluación del impacto de los programas.
En materia de coordinación, hoy tenemos un problema que crece en el tiempo, especialmente en un Estado enorme y con grandes burocracias. Por ello es importante el Comité Interministerial de Desarrollo Social, presidido por el Ministro de Desasrrollo Social e integrado por los titulares de Educación, Salud, Vivienda, Secretaría General de la Presidencia, Trabajo y Hacienda. Una buena coordinación puede hacer la diferencia.
En términos de orgánica del ministerio, se hace una adecuada definición entre diseño –evaluación, y ejecución. Se crean dos subsecretarías: una dedicada a “pensar” y otra dedicada a “ejecutar”. La primera sería una subsecretaría de Evaluación Social, y la segunda una Subsecretaría de Servicios Sociales.
La primera iniciativa desafiante será implementar con éxito el Ingreso Ético Familiar, la cual busca conceder un derecho a las familias, pero resguardando también los deberes, pues las familias deben mantener a sus hijos en el colegio, cumplir con controles de salud, etc. El Ingreso Ético Familiar refleja los valores de libertad y responsabilidad individual, pilares fundamentales de la nueva forma de gobernar.
El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa, y es de esperar que sea exitosa. El partir de un buen diagnóstico, el proponer una institucionalidad ordenada y orientada a los resultados, y el ser capaces de evaluar sistemática y profundamente sus labores, constituyen pilares relevantes para el éxito del nuevo ministerio y de la nueva formar de gobernar.
miércoles, 28 de julio de 2010
viernes, 23 de julio de 2010
El riesgo de los independientes y los díscolos
Viernes 23 de julio del 2010
Columna Diario Financiero
Después de cuatro meses de gobierno y de una decena de proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, se puede hacer un primer balance de la estructura de los bloques políticos y del proceso de negociación que está teniendo lugar. Por ejemplo, podemos observar que la nueva conformación de bloques políticos se caracteriza por la combinación de dos grandes bloques (Coalición y Concertación), y un nuevo grupo de parlamentarios independientes del PRI y otros que están tratando de jugar un rol bisagra en la negociación de los procesos políticos. En la actual legislatura, no pareciera existir una mayoría estable y predecible en la Cámara de Diputados, sino más bien un equilibrio inestable.
Cuando sucede esto último -la falta de mayoría estable- es natural la tentación de muchos dirigentes políticos de influir de forma decisiva en los procesos de discusión y negociación, y para ello lo relevante es darle un valor lo más alto posible a su voto en el Congreso. Por ello, hoy existirían incentivos para ser independiente y negociar de forma individual el voto en el Congreso, porque su “valor” marginal es más alto. Sin embargo, esto también tiene riesgos.
Cuando el sistema democrático chileno se construye sobre la base de coaliciones y mayorías, lo que logra es una negociación y una búsqueda de acuerdos en base a los grandes conglomerados políticos. Cuando, en cambio, lo que se busca en sembrar mayoría sumando pequeños votos o los votos uno a uno a través de los votantes independientes o los nuevos díscolos -o “discolitos”-, lo que se produce es el riesgo de tentar a más personas en transformarse en independientes y alterar su poder de negociación para discutir con un gobierno o con una coalición el intercambio de su voto por favores o beneficios para su electorado específico.
Cuando la política se transforma en este proceso, se pierde predictibilidad y consistencia en los proyectos. Esto sucede porque un determinado proyecto de ley puede ser aprobado hoy con el voto de independientes que negociaron ciertos beneficios para sus localidades, el mismo proyecto puede ser rechazado el día de mañana si los independientes o votantes bisagras no logran los beneficios que esperan. A igual contenido de un proyecto de ley, se pueden lograr resultados distintos según cuántos beneficios anexos se les concedan a los independientes. Ahí radica uno de los grandes problemas de los votos bisagras y de la falta de acuerdo entre las grandes coaliciones.
Por eso estimo que la situación política actual llama a la reflexión de revivir la lógica de los grandes acuerdos y de la unidad nacional, y no dejarse tentar por el intercambio de votos por favores. El país fue invitado por el presidente Piñera la misma noche en que salió elegido a dar un gobierno de unidad nacional. Ahora es tiempo de concretar esto en la forma en que funcione el Congreso y la política.
La salida de la bancada UDI de la diputada Marta Isasi y su incorporación al comité independiente en los últimos días, nos muestra que éste es un problema vigente.
Cuando hay incentivos para transformarse en independiente y cuando existe una lógica de votos marginales para construir acuerdos, lo que sucede es que la democracia se transforma en poco predecible y pierde uno de sus grandes atributos: predictibilidad y consistencia.
Columna Diario Financiero
Después de cuatro meses de gobierno y de una decena de proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, se puede hacer un primer balance de la estructura de los bloques políticos y del proceso de negociación que está teniendo lugar. Por ejemplo, podemos observar que la nueva conformación de bloques políticos se caracteriza por la combinación de dos grandes bloques (Coalición y Concertación), y un nuevo grupo de parlamentarios independientes del PRI y otros que están tratando de jugar un rol bisagra en la negociación de los procesos políticos. En la actual legislatura, no pareciera existir una mayoría estable y predecible en la Cámara de Diputados, sino más bien un equilibrio inestable.
Cuando sucede esto último -la falta de mayoría estable- es natural la tentación de muchos dirigentes políticos de influir de forma decisiva en los procesos de discusión y negociación, y para ello lo relevante es darle un valor lo más alto posible a su voto en el Congreso. Por ello, hoy existirían incentivos para ser independiente y negociar de forma individual el voto en el Congreso, porque su “valor” marginal es más alto. Sin embargo, esto también tiene riesgos.
Cuando el sistema democrático chileno se construye sobre la base de coaliciones y mayorías, lo que logra es una negociación y una búsqueda de acuerdos en base a los grandes conglomerados políticos. Cuando, en cambio, lo que se busca en sembrar mayoría sumando pequeños votos o los votos uno a uno a través de los votantes independientes o los nuevos díscolos -o “discolitos”-, lo que se produce es el riesgo de tentar a más personas en transformarse en independientes y alterar su poder de negociación para discutir con un gobierno o con una coalición el intercambio de su voto por favores o beneficios para su electorado específico.
Cuando la política se transforma en este proceso, se pierde predictibilidad y consistencia en los proyectos. Esto sucede porque un determinado proyecto de ley puede ser aprobado hoy con el voto de independientes que negociaron ciertos beneficios para sus localidades, el mismo proyecto puede ser rechazado el día de mañana si los independientes o votantes bisagras no logran los beneficios que esperan. A igual contenido de un proyecto de ley, se pueden lograr resultados distintos según cuántos beneficios anexos se les concedan a los independientes. Ahí radica uno de los grandes problemas de los votos bisagras y de la falta de acuerdo entre las grandes coaliciones.
Por eso estimo que la situación política actual llama a la reflexión de revivir la lógica de los grandes acuerdos y de la unidad nacional, y no dejarse tentar por el intercambio de votos por favores. El país fue invitado por el presidente Piñera la misma noche en que salió elegido a dar un gobierno de unidad nacional. Ahora es tiempo de concretar esto en la forma en que funcione el Congreso y la política.
La salida de la bancada UDI de la diputada Marta Isasi y su incorporación al comité independiente en los últimos días, nos muestra que éste es un problema vigente.
Cuando hay incentivos para transformarse en independiente y cuando existe una lógica de votos marginales para construir acuerdos, lo que sucede es que la democracia se transforma en poco predecible y pierde uno de sus grandes atributos: predictibilidad y consistencia.
martes, 13 de julio de 2010
No Tiene Sentido Mantener la Participación Estatal Minoritaria en las Empresas Sanitarias
Entrevista en Diario Estrategia
12.07.2010
El diputado de la UDI, integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara Baja, señaló que luego de la tensión generada entre la Alianza y la Concertación por el royalty se debe cerrar ese capítulo e iniciar el trabajo para una discusión seria del presupuesto 2011.
—¿Qué posición tiene respecto de la venta de los activos del Estado en las sanitarias?
—La pregunta que hay que hacerse no es si faltan recursos para la reconstrucción, sino que si vale la pena o hay argumentos para que el Estado mantenga la propiedad en las sn de los traspasos a ONG en el Gllas en que tiene participación minoritaria. Hay que enajenar estos activos prescindibles, para que lo que deba estar en manos de privados lo esté y que el Estado cumpla su rol. Las cuatro sanitarias han sido controladas por Corfo –a través del SEP– donde tiene participación menor el Estado, hubo un proceso privatizador durante la Concertación y ya no tiene sentido que se mantenga esa propiedad estatal. Debiera venderse de una vez.
—¿La Concertación sostiene que no conviene desprenderse de acciones en un servicio público?
—Lo que importa es que los servicios públicos se presten bien y que el Estado pueda tener un rol en asegurar y velar por eso, y esto no es siendo dueño, sino que a través del rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de fiscalización y control, para que estas empresas presten un servicio adecuado a la comunidad. De lo contrario se juega el doble rol de ser dueño y fiscalizarse uno mismo.
—¿La venta debiera autorizarse por ley o mediante decreto?
—Había una norma legal cuando se hizo la privatización que establecía un período por el cual no se podía seguir privatizando, pero tengo entendido que eso fue corregido. Si en algún momento hubo barreras legales para hacer esto ya no existen, por eso debemos avanzar en este sentido y por eso junto al diputado Javier Macaya (UDI) le hemos pedido al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, que lleve esta discusión al directorio de Corfo y resolver qué es conveniente para Chile, ¿mantener estos activos o desprenderse de ellos?
—¿Qué otros activos debiera vender el Estado, se habla de Edelnor?
—Entiendo que Edelnor es parte de la autonomía de Coldeco dentro del nuevo gobierno corporativo de esa empresa, pero en general hay que estar abierto a todas las opciones y cuando se tenga un análisis serio sobre esto, resolver.
—¿Qué le parece el rechazo de la Concertacón al royalty?
—Es malo para el país, porque una vez abierta la discusión tributaria sobre el royalty, que no me gustaba, era necesario cerrarla. Se ha producido un daño, porque se creó incertidumbre en las empresas sobre qué va a pasar en el futuro.
Estoy sorprendido con la Concertación, porque a través de trampas intentaron sacar ventajas, se estiró la discusión innecesariamente y lo lamento. Me sorprendió la triquiñuela, la ganancia chica que se trató de hacer. Otra cosa increíble es que Eduardo Frei, como ex Presidente, no interviniera para explicar su posición en todo el debate. En todo caso basta de royalty, hay que dedicarse a los temas de futuro.
—¿La oposición podría entrabar los proyectos?
—La oposición sigue con una lógica muy parecida a la de la campaña, que era alejarse de la sintonía de las personas y empatizar más con lo que decían los dirigentes de sus partidos. Los procesos que estamos viendo de elecciones de directivas en la Concertación son una oportunidad para que se ordenen en una mirada de futuro y no de cuotas o transacciones.
—¿Cuál es la prioridad en la agenda económica de este semestre?
—Tenemos un gran desafío con el Mercado de Capitales Bicentenario (MKB), que será un conjunto de iniciativas para perfeccionar este sector y la información del mercado, éste es un tema fundamental y relevante. Otra tarea es la preparación de un buen proceso de análisis del presupuesto de la nación 2011, que por primera vez después de 20 años lo realiza un gobierno de la Alianza. Será un desafío fundamental. Además, hay que avanzar de manera relevante en los procesos para evaluar todos los programas gubernamentales en su impacto, ahí se juega gran parte de los desafíos de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en esta segunda parte del año.
—¿La tensión entre Alianza y Concertación podría anticipar una difícil discusión presupuestaria?
—Se inicia el día después del royalty, se cierra un ciclo de discusión entre el gobierno y la oposición y es momento de sentarse a mirar cómo se construye hacia adelante, porque nos vamos a tener que seguir entendiendo y trabajando durante los próximos años. El presupuesto 2011 es la instancia para construir esa reflexión. Espero que ahí exista un mejor clima, si hay algo que ha caracterizado a las comisiones de Hacienda es el debate profundo y serio, que no deja a la política de lado, pero no se deja capturar por la ideología.
—El ministro Cristián Larroulet anunció el envío de normas para flexibilizar la jornada laboral. ¿Qué otros aspectos debieran sumarse para estimular la contratación?
—La mirada que deben tener el Gobierno y la Coalición por el Cambio es que el mejor instrumento para combatir la pobreza es el trabajo. Hay más de 660.00 personas desempleadas, hay más de un millón que no está trabajando; nuestro desafío es incorporar a esa gente al mercado laboral y para eso se necesita flexibilizar las jornadas que son muy rígidas, remover las barreras de contratación y, en ese sentido, avanzar en la propuesta de modificar las indemnizaciones por años de servicios perfeccionando el seguro de cesantía.
miércoles, 7 de julio de 2010
Al día con MK Bicentenario
El día 30 de junio venció el plazo para presentar propuestas y comentarios en relación al llamado proyecto de Mercado de Capitales Bicentenario (MK B). Hay que recordar que para efectos de recibir propuestas, el Ministerio abrió un canal de participación ciudadana a través de un sitio web.
Creo que será muy importante conocer los resultados de esas propuestas, que entiendo superan largamente las cien.
Adicionalmente, y a la luz del debate que se ha ido generando, los actores del sector financiero han iniciado la explicitación de sus planteamientos. En Economía y Negocios de El Mercurio del 7 de julio, se recoge un resumen de propuestas para avanzar en materia de mercado de capitales. Para los interesados adjunto el link de la noticia
Como último antecedente, invito a revisar la presentación que hizo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín el 6 de mayo de este año para introducir los lineamientos generales de MK-B. Esta se encuentra en el sitio web del ministerio o la pueden descargar directamente aquí.
Creo que será muy importante conocer los resultados de esas propuestas, que entiendo superan largamente las cien.
Adicionalmente, y a la luz del debate que se ha ido generando, los actores del sector financiero han iniciado la explicitación de sus planteamientos. En Economía y Negocios de El Mercurio del 7 de julio, se recoge un resumen de propuestas para avanzar en materia de mercado de capitales. Para los interesados adjunto el link de la noticia
Como último antecedente, invito a revisar la presentación que hizo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín el 6 de mayo de este año para introducir los lineamientos generales de MK-B. Esta se encuentra en el sitio web del ministerio o la pueden descargar directamente aquí.
viernes, 25 de junio de 2010
Excelente intercambio de ideas en seminario Delivery Unit de la Universidad del Desarrollo
Una interesante discusión se desarrolló en el panel organizado por la Universidad del Desarrollo y el Cieplan para analizar los desafíos de la nueva Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento, anunciada por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso el pasado 21 de mayo.
En el encuentro denominado “Delivery Unit: Quién define y quién evalúa las metas en el Estado chileno”, participamos junto al Director de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Seebach y el investigador senior de CIEPLAN, Francisco Diaz.
Destacada fue la intervención de Seebach quien señaló que el proyecto de mordernización que impulsa Piñera está vinculado a siete ejes de acción: crecimiento, empleo, seguridad ciudadana, educación, salud, pobreza y calidad democracia y promueve que cada ministerio defina metas, estándares para su evaluación y una ruta de segumiento de los resultados.
En mi opinión, considero que es importante otorgar un marco institucional a una entidad como ésta, en la idea de que trascienda más allá de un Gobierno y que no dependa de la impronta o el sello de un presidente para que el Estado logre sus metas pero es necesario evaluar la estrategia ya que será difícil cambiar el comportamiento de los funcionarios públicos sino se modifican los incentivos.
Comparto con ustedes las presentaciones del panel.
o Presentación Claudio Seebach.
o Presentación Francisco J. Diaz.
viernes, 18 de junio de 2010
La Concertación enmienda parcialmente el rumbo
Columna publicada en Diario Financiero, 18 de junio de 2010
Después de amenazar durante semanas que rechazarían la mayor parte de los contenidos del proyecto de financiamiento de la reconstrucción, la Concertación enmendó su error y aprobó la mayoría de las medidas propuestas, incluyendo los beneficios tributarios representados en la disminución permanente del impuesto de timbres y estampillas, y la exención tributaria para la reinversión de utilidades contemplada en el denominado artículo 14 quáter de la Ley de la Renta. Sólo se rechazó la modificación del impuesto específico a la minería, el cual debería ser analizado en las próximas semanas por una comisión mixta de senadores y diputados.
Este resultado implica buenas y malas noticias para los próximos años.
En términos de buenas noticias, destaca la aprobación de la reducción del impuesto de timbres y estampillas. El impuesto de timbres y estampillas es un impuesto al crédito, que hoy afecta a más de un millón de personas y a muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes. Su reducción permanente es parte del programa de gobierno del Presidente Piñera y va en directo beneficio de las personas.
La segunda buena noticia es la aprobación de la exención de impuesto de primera categoría para la reinversión de utilidades. Esta medida estimula la inversión en un momento en que el país –después del terremoto- demanda un esfuerzo especial de inversión, beneficiando a muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas
Al cambiar su posición y aprobar estas medidas -que eran parte del programa de gobierno-, la Concertación enmienda parcialmente el rumbo y deja atrás su postura de negarse a medidas que benefician directamente a las personas y a las empresas.
Con estas decisiones, se aprueba la mayor parte de las propuestas del paquete de financiamiento propuesto por el gobierno. Esto incluye el aumento transitorio del impuesto de primera categoría, el aumento permanente del impuesto al tabaco, el uso de una parte de los fondos de la ley reservada del cobre, la lamentable limitación a los depósitos convenidos, entre otras materias.
La única medida rechazada por la Concertación fue la modificación del impuesto específico de la minería. El cambio en este impuesto es un cambio voluntario para los contribuyentes, que genera recursos por más de
US$ 600 millones para la reconstrucción, y que busca promover la estabilidad en las reglas del juego extendiendo la invariabilidad tributaria por ocho años adicionales. Si bien comparto que fue una discusión muy rápida para un tema que produce efectos en el largo plazo, creo que la voluntariedad y la extensión de la invariabilidad tributaria son garantías razonables para aprobar la medida. La Concertación, por su parte, se ha opuesto, planteando que es bajo el porcentaje del impuesto y que es inconveniente extender la invariabilidad. Con su decisión, se dejarán de percibir importantes recursos para la reconstrucción.
El resumen de la discusión hasta ahora es que se ha logrado aprobar la mayor parte de las normas para financiar la reconstrucción. Creo que hay que cerrar pronto esta discusión, porque el desafío hoy es ser capaces de avanzar en la ejecución de la reconstrucción y destinar las energías a implementar las propuestas del programa de gobierno del presidente Piñera, y especialmente la agenda planteada el 21 de mayo recién pasado.
Después de amenazar durante semanas que rechazarían la mayor parte de los contenidos del proyecto de financiamiento de la reconstrucción, la Concertación enmendó su error y aprobó la mayoría de las medidas propuestas, incluyendo los beneficios tributarios representados en la disminución permanente del impuesto de timbres y estampillas, y la exención tributaria para la reinversión de utilidades contemplada en el denominado artículo 14 quáter de la Ley de la Renta. Sólo se rechazó la modificación del impuesto específico a la minería, el cual debería ser analizado en las próximas semanas por una comisión mixta de senadores y diputados.
Este resultado implica buenas y malas noticias para los próximos años.
En términos de buenas noticias, destaca la aprobación de la reducción del impuesto de timbres y estampillas. El impuesto de timbres y estampillas es un impuesto al crédito, que hoy afecta a más de un millón de personas y a muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes. Su reducción permanente es parte del programa de gobierno del Presidente Piñera y va en directo beneficio de las personas.
La segunda buena noticia es la aprobación de la exención de impuesto de primera categoría para la reinversión de utilidades. Esta medida estimula la inversión en un momento en que el país –después del terremoto- demanda un esfuerzo especial de inversión, beneficiando a muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas
Al cambiar su posición y aprobar estas medidas -que eran parte del programa de gobierno-, la Concertación enmienda parcialmente el rumbo y deja atrás su postura de negarse a medidas que benefician directamente a las personas y a las empresas.
Con estas decisiones, se aprueba la mayor parte de las propuestas del paquete de financiamiento propuesto por el gobierno. Esto incluye el aumento transitorio del impuesto de primera categoría, el aumento permanente del impuesto al tabaco, el uso de una parte de los fondos de la ley reservada del cobre, la lamentable limitación a los depósitos convenidos, entre otras materias.
La única medida rechazada por la Concertación fue la modificación del impuesto específico de la minería. El cambio en este impuesto es un cambio voluntario para los contribuyentes, que genera recursos por más de
US$ 600 millones para la reconstrucción, y que busca promover la estabilidad en las reglas del juego extendiendo la invariabilidad tributaria por ocho años adicionales. Si bien comparto que fue una discusión muy rápida para un tema que produce efectos en el largo plazo, creo que la voluntariedad y la extensión de la invariabilidad tributaria son garantías razonables para aprobar la medida. La Concertación, por su parte, se ha opuesto, planteando que es bajo el porcentaje del impuesto y que es inconveniente extender la invariabilidad. Con su decisión, se dejarán de percibir importantes recursos para la reconstrucción.
El resumen de la discusión hasta ahora es que se ha logrado aprobar la mayor parte de las normas para financiar la reconstrucción. Creo que hay que cerrar pronto esta discusión, porque el desafío hoy es ser capaces de avanzar en la ejecución de la reconstrucción y destinar las energías a implementar las propuestas del programa de gobierno del presidente Piñera, y especialmente la agenda planteada el 21 de mayo recién pasado.
jueves, 17 de junio de 2010
Sobre el cierre de calles y pasajes
Desde hace ya muchos años se han presentado proyectos de ley para hacerse cargo de un problema que muchos vecinos demandan: la posibilidad de cerrar sus pasajes y calles en ciertas circunstancias para disponer de un nivel de seguridad que se ve amenazado por los altos niveles de delincuencia que vive el país.
El tema ha vuelto a la opinión pública por diversas razones: el año 2009 se presentó una nueva moción cuya tramitación tuvo más velocidad, la Corte Suprema se pronunció sobre un caso puntual hace poco tiempo, y el Senado se encuentra analizando en segundo trámite constitucional el proyecto que consolida las distintas mociones parlamentarias en un solo proyecto de ley.
Se han dado distintos argumentos para oponerse a esta medida. El primero de tipo jurídico, planteando que las calles y pasajes son bienes nacionales de uso público y que no corresponde limitar o restringir su acceso o circulación por decisión de algunos vecinos. El segundo de tipo político, señalando que autorizar esta medida significa reconocer un triunfo de la delincuencia y que la única forma de enfrentar el problema para los vecinos sería recurrir al encierro en sus barrios.
Me parece que se trata de argumentos válidos. Respecto del primero, hay dos derechos en conflicto: la libertad personal y su libre circulación, por una parte, y el derecho de las personas a resguardar y proteger su integridad. Estimo que si el cierre de los pasajes se canaliza previa autorización de las direcciones de obras municipales, por horarios determinados, y por períodos de tiempo revisables y renovables, se pueden conciliar ambos derechos de forma adecuada.
En lo que tiene que ver con el sentimiento de estar perdiendo la batalla contra la delincuencia, estimo que ésta se enfrenta a través de múltiples instrumentos, por ejemplo la menor tolerancia contra faltas y delitos de menor connotación, la restricción de las posibilidades de libertad provisional en caso de reincidencia, la prevención temprana de la delincuencia infantil y del acceso a la droga de los jóvenes, entre otras. Creo que la medida de cierre de calles y pasajes, en los casos y formas que contempla la ley, es un instrumento más que ayuda a los vecinos que hoy se ven muy vulnerados en su seguridad.
El proyecto aún no está cerrado, de hecho en el Senado se encuentran en discusión una serie de indicaciones para perfeccionar el proyecto. A quienes quieran revisar con más detalle lo discutido en la Cámara de Diputados hace un tiempo, y lo que se está analizando actualmente en el Senado, los invito a revisar los antecedentes que se encuentran en el link adjunto:
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6755&prmBL=6363-06
El tema ha vuelto a la opinión pública por diversas razones: el año 2009 se presentó una nueva moción cuya tramitación tuvo más velocidad, la Corte Suprema se pronunció sobre un caso puntual hace poco tiempo, y el Senado se encuentra analizando en segundo trámite constitucional el proyecto que consolida las distintas mociones parlamentarias en un solo proyecto de ley.
Se han dado distintos argumentos para oponerse a esta medida. El primero de tipo jurídico, planteando que las calles y pasajes son bienes nacionales de uso público y que no corresponde limitar o restringir su acceso o circulación por decisión de algunos vecinos. El segundo de tipo político, señalando que autorizar esta medida significa reconocer un triunfo de la delincuencia y que la única forma de enfrentar el problema para los vecinos sería recurrir al encierro en sus barrios.
Me parece que se trata de argumentos válidos. Respecto del primero, hay dos derechos en conflicto: la libertad personal y su libre circulación, por una parte, y el derecho de las personas a resguardar y proteger su integridad. Estimo que si el cierre de los pasajes se canaliza previa autorización de las direcciones de obras municipales, por horarios determinados, y por períodos de tiempo revisables y renovables, se pueden conciliar ambos derechos de forma adecuada.
En lo que tiene que ver con el sentimiento de estar perdiendo la batalla contra la delincuencia, estimo que ésta se enfrenta a través de múltiples instrumentos, por ejemplo la menor tolerancia contra faltas y delitos de menor connotación, la restricción de las posibilidades de libertad provisional en caso de reincidencia, la prevención temprana de la delincuencia infantil y del acceso a la droga de los jóvenes, entre otras. Creo que la medida de cierre de calles y pasajes, en los casos y formas que contempla la ley, es un instrumento más que ayuda a los vecinos que hoy se ven muy vulnerados en su seguridad.
El proyecto aún no está cerrado, de hecho en el Senado se encuentran en discusión una serie de indicaciones para perfeccionar el proyecto. A quienes quieran revisar con más detalle lo discutido en la Cámara de Diputados hace un tiempo, y lo que se está analizando actualmente en el Senado, los invito a revisar los antecedentes que se encuentran en el link adjunto:
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6755&prmBL=6363-06
jueves, 3 de junio de 2010
Educación: SIMCE, protestas y futuro
Las manifestaciones por despidos en el Ministerio de Educación y los resultados del SIMCE vuelven a poner los problemas de la educación en la opinión pública.
En el SIMCE, los resultados no sorprenden. Son malos, así de simple, aunque existan leves mejoras en algunas pruebas. Lo interesante –a mi juicio- ha sido la forma en que el Ministerio presenta la información. Simplificar la explicación ayuda mucho, especialmente a los padres. Por ejemplo, mencionar que más del 60% de los niños de octavo básico no logra el nivel esperable en sexto básico en matemáticas, nos permite entender la magnitud del problema. De igual forma, indicar que sólo 1 de cada 40 alumnos de nivel socioeconómico bajo alcanza el nivel esperado de aprendizaje, es muy clarificador de lo que se requiere mejorar. El SIMCE de este año simplemente nos recuerda que la calidad de la educación está muy mal, y que lo hecho por la Concertación no sirvió para mejorar la calidad.
En otro ámbito del debate, ha habido protestas y presiones por los cambios que está haciendo el Ministerio en los equipos de trabajo. En primer lugar, los cambios están dentro de las facultades del Ministerio. En segundo lugar, cuando la calidad de la educación está en este estado, efectuar cambios no sólo es un derecho, sino un deber. En mi opinión, el gobierno debe hacer todos los cambios que estime necesarios y que se encuentren dentro de sus facultades. La protección del empleo público no puede ser una excusa para proteger el desempeño deficiente, los cargos y funciones duplicadas, etc.
A futuro, y desde ahora, lo que se requiere es cambio. Cambio en las instituciones (aprobando la ley de calidad pendiente en el Congreso por rechazos de la Concertación), cambio en las reglas del juego en materia de profesores (modificando el Estatuto Docente), cambio en lo que sucede en la sala de clases.
Cuando el tema de la educación se mira desde la ideología y desde los gremios, el debate se entrampa y los cambios se dificultan. Cuando la educación se piensa desde los niños y desde los padres, el debate se abre y es posible avanzar en los cambios.
En el SIMCE, los resultados no sorprenden. Son malos, así de simple, aunque existan leves mejoras en algunas pruebas. Lo interesante –a mi juicio- ha sido la forma en que el Ministerio presenta la información. Simplificar la explicación ayuda mucho, especialmente a los padres. Por ejemplo, mencionar que más del 60% de los niños de octavo básico no logra el nivel esperable en sexto básico en matemáticas, nos permite entender la magnitud del problema. De igual forma, indicar que sólo 1 de cada 40 alumnos de nivel socioeconómico bajo alcanza el nivel esperado de aprendizaje, es muy clarificador de lo que se requiere mejorar. El SIMCE de este año simplemente nos recuerda que la calidad de la educación está muy mal, y que lo hecho por la Concertación no sirvió para mejorar la calidad.
En otro ámbito del debate, ha habido protestas y presiones por los cambios que está haciendo el Ministerio en los equipos de trabajo. En primer lugar, los cambios están dentro de las facultades del Ministerio. En segundo lugar, cuando la calidad de la educación está en este estado, efectuar cambios no sólo es un derecho, sino un deber. En mi opinión, el gobierno debe hacer todos los cambios que estime necesarios y que se encuentren dentro de sus facultades. La protección del empleo público no puede ser una excusa para proteger el desempeño deficiente, los cargos y funciones duplicadas, etc.
A futuro, y desde ahora, lo que se requiere es cambio. Cambio en las instituciones (aprobando la ley de calidad pendiente en el Congreso por rechazos de la Concertación), cambio en las reglas del juego en materia de profesores (modificando el Estatuto Docente), cambio en lo que sucede en la sala de clases.
Cuando el tema de la educación se mira desde la ideología y desde los gremios, el debate se entrampa y los cambios se dificultan. Cuando la educación se piensa desde los niños y desde los padres, el debate se abre y es posible avanzar en los cambios.
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