Entrevista Diario La Nación
7.11.11
Esta semana se vivirán horas de tensión y de negociación en el Congreso para intentar llegar a un acuerdo sobre la Ley de Presupuesto que entra en su etapa de tramitación final. Además, está el antecedente de que, con el objeto de dar una demostración de que el movimiento estudiantil sigue en pie, sus dirigentes llamaron a una manifestación en torno al Parlamento en Valparaíso para el miércoles.
El diputado Ernesto Silva es parte del engranaje fundamental del equipo económico de la UDI y como tal es integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto. En esta entrevista revela su preocupación por el curso de los acontecimientos, la acción que han emprendido algunos miembros de la Coalición por el Cambio y lamenta las discrepancias al interior del Gobierno que quedaron al descubierto en los últimos días.
-¿Qué diferencias ve usted entre esta tramitación de la Ley de Presupuesto y la que se registró el año pasado?
-El Presupuesto para este año 2011 estuvo fuertemente marcado por la discusión sobre la reconstrucción. En cambio, éste es un presupuesto que tiene prácticamente un solo tema de discusión y que es el de la educación. Además, uno lo que puede observar es que el Gobierno hace un planteamiento y la Concertación no sabe si decir sí o no a la espera de lo que digan los estudiantes. Entonces, ha sido un Presupuesto de una tramitación más rara donde ha habido mucho debate de opinión pública pero en el que la discusión misma de la Ley de Presupuesto aún está por venir. Los próximos días van a ser fundamentales y necesitamos saber quiénes van a cumplir el rol de liderar a la oposición para generar acuerdos con el Gobierno.
-¿Qué le parecieron las públicas discrepancias que se produjeron al interior del Gobierno en lo relativo a la venta de activos?
- La semana pasada se discutió sobre venta de activos y otros temas. Lo importante del mérito que pudiera tener la idea en sí misma, sobre si es bueno o no vender activos, es la señal que se está dando. En un contexto donde nosotros habíamos decidido plantear que el Gobierno no iba a aumentar los gastos en educación, proponer la venta de activos es algo que confunde porque da la sensación de que puede haber espacio para destinar más recursos y en momentos como éste las señales tienen que ser contundentes. Y si hemos planteado que no hay más espacio para dar más recursos, todos debemos ser consistentes con eso por difícil que sea plantearlo ante la ciudadanía.
-¿Y qué puede decir sobre los planteamientos de sectores de la Alianza que demandan aumentar el gasto en educación?
-En la discusión de esta Ley de Presupuesto y los temas anexos que han estado vinculados: debate tributario, gratuidad de la educación y otros elementos, lo que ha mostrado es que varios líderes de la Alianza se han confundido. Y se han confundido en no entender que la prioridad es sacar adelante nuestra visión de sociedad y nuestro programa de Gobierno siendo capaces de responder a un entorno complejo. Pero acá hay algunos que están tratando de instalar la idea de que “el que chilla o grita más, obtiene más”. Y eso para una coalición que ha sido responsable durante mucho tiempo puede ser fatal. Le insisto, no puede ser que en la Alianza se instale la lógica de los estudiantes en el sentido que los que gritan más, obtienen más.
“Yo espero que lo que pueda venir en las próximas semanas sea el buen criterio y decisiones responsables y serias donde no nos pongamos a pedir más recursos para educación cuando no los tenemos y cuando no es esa la prioridad. Y lo digo porque las mismas personas que hoy día gritan para pedir más recursos para la educación superior, son quienes durante años han tenido claro que hoy día si hay que destinar un peso más a la educación, hay que hacerlo en la infancia temprana y en la educación escolar”.
“Entonces me parece que ha sido una discusión donde la seriedad de los contenidos de las propuestas no han estado al nivel de lo que se requiere para que el país avance. Hoy día lo que necesitamos es unidad, conducción política y fidelidad y consistencia con respecto a lo que hemos planteado durante mucho tiempo”.
HAY QUE BAJAR Y NO SUBIR IMPUESTOS
-¿Usted es partidario de una reforma tributaria que suba los impuestos?
-Yo soy contrario a una reforma tributaria para alzar impuestos por distintos motivos. El primero es que una reforma de ese tipo lo que buscaría es que el Estado gaste más y todos parten de un supuesto equivocado al pensar que si el Estado gasta más, los chilenos van a estar mejor. Al revisar la situación de Grecia y de otros países europeos y al mirar la realidad de Chile uno observa que se pueden cometer errores graves si aumentan los niveles del gasto público más allá de lo que es el crecimiento económico. Yo creo que el nivel de gasto público que tenemos, que es cercano al 25 por ciento del Producto Interno Bruto, es un nivel adecuado. Y me preocupa ver que se quiera hacer una reforma tributaria subiéndole los impuestos a las empresas para dar una señal política y no para generar mayor bienestar en las personas. Por años ha quedado claro que las reformas tributarias no son un instrumento útil para ayudar en el combate contra la desigualdad.
“Entonces quienes piden una reforma tributaria para tener un Chile más equitativo, están promoviendo algo que no va a pasar porque la manera de generar más equidad es a través del crecimiento, del empleo, de la calidad de la educación y del aumento de las oportunidades. Además creo que un Gobierno que impulsara una reforma de este tipo, sería un Gobierno confuso porque propuso algo en un programa de Gobierno e implementaría algo distinto mientras está en el cargo. El año pasado, después de un amplio debate, accedimos a aumentar los impuestos pero de manera transitoria. Y más aún, lo hicimos porque el Gobierno empeñó su palabra en que esto era algo transitorio por el terremoto. A mí me costaría ver, aceptar y entender que el Gobierno no cumpliera con su palabra empeñada. Una cosa distinta es cerrarse a discutir cualquier reforma tributaria, y tal como lo hicimos con la Comisión Económica de la UDI, nosotros estamos abiertos a una reforma tributaria que no le dé más plata al Estado sino que a una reforma que le dé más plata a las personas y a las pymes y para eso hemos propuesto un conjunto de medidas procrecimiento y que puede incluso generar más equidad y menor desigualdad”.
-¿Esa es una reforma para bajar impuestos, como lo propone Hernán Büchi?
-Así es. Aumentar los impuestos a las empresas tiene un impacto en el crecimiento, en la inversión y en la creación de empleos. Tener la fantasía de que se suben los impuestos y no pasa nada en el país es un error y muchas veces se hace evocando un mito, pensando que se les está subiendo sólo los impuestos a las grandes empresas pero en la realidad el 80 por ciento de las empresas son pequeñas y medianas. Y para esas empresas subir los impuestos de 17 a 20 por ciento les genera un impacto negativo relevante que les puede generar efectos relativos a su crecimiento para seguir funcionando con normalidad.
-¿Y cómo se va a conciliar este planteamiento de la UDI con el de sectores de RN que piden un aumento de impuestos?
-Esta discusión la va a zanjar como corresponde el Presidente de la República y para eso yo espero que se inspire en 3 cosas fundamentales. En primer lugar, en lo que él cree que es bueno para el país en términos de crecimiento, bienestar y desarrollo. En segundo lugar, en lo que él comprometió en su programa de Gobierno y en lo que todos hicimos campaña con él. Y lo tercero, que priorice la unidad en la Alianza.
“LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN SON ABUNDANTES”
-En su calidad de miembro de la Comisión Mixta de Presupuesto ¿son suficientes los recursos contemplados para educación?
-En los últimos 20 años el presupuesto para educación se multiplicó 7 veces. ¿Se gastó bien? ¿La educación en Chile va estar mejor si le inyectamos solamente más recursos? ¿O va a estar bien cuando, por ejemplo, los dirigentes del Colegio de Profesores se abran a mejorar en calidad?
“La educación va a mejorar en la medida que tengamos sistemas efectivos de gestión de la educación municipal. La educación también va a mejorar en la medida que le podamos dar más cobertura y calidad a la educación pre-escolar. Creo que la cantidad de recursos destinados en este presupuesto a la educación son abundantes, son un avance importante y son consistentes con lo que nuestro país puede financiar. Además hay que tomar en cuenta qué pasa con la salud, con la vivienda y con la necesidad de mayor seguridad ciudadana, entre otras materias, que también requieren recursos. En la discusión de los recursos para educación, hemos visto cómo muchos políticos lo que quieren hacer es subirse a la ola de las protestas. El problema es que la ola se los va a llevar porque lo que se necesita son convicciones y las convicciones deben estar respecto al país que se ha construido tanto por la Alianza como por la Concertación. Me preocupa que ver que muchos hoy día parecieran renegar de lo que durante décadas se ha construido con mucho esfuerzo”.
“EDUCACIÓN GRATUITA PARA TODOS ES POPULISMO”
-¿Qué le pareció lo planteado por Camila Vallejo en La Segunda al señalar que “lo que nos preocupa es que la oposición en general se está dejando llevar por la política de los consensos en la discusión presupuestaria, y se está configurando un escenario para un posible acuerdo entre la Alianza y la Concertación, queremos evitar que eso suceda”?
-Los estudiantes han hecho un aporte al poner un tema en discusión y generar las condiciones para que haya cambios, y esos ya se han registrado. Las declaraciones de Camila Vallejo demuestran que está siguiendo la lógica y mandato directo, en su contenido y en su actuar, del Partido Comunista. Y lo que vemos ahora en ella parecieran ser los últimos aletazos de un liderazgo que se extingue porque se acaba el año, se acaba su rol y porque está llevando a muchos estudiantes a perder el año afectando a miles de familias y se da cuenta que va a tener que asumir la responsabilidad de eso.
-¿Qué opina de la gratuidad para todos?
-Pedir gratuidad para todos en la educación superior es una medida populista, equivocada e inviable. Es muy fácil pedir más recursos para la educación superior pero también hay que tener en cuenta que aún hay 500 mil personas en pobreza extrema, 2 millones y medio de chilenos en situación de pobreza, 2 millones y medio de adultos mayores que tienen muchas necesidades y también hay muchísimas personas afectadas por el terremoto que esperan sus viviendas. Por eso digo que es un populismo increíble. Además representa una falta de rigurosidad en lo relativo a la educación porque claramente se necesitan recursos para la etapa escolar. Y también es injusto que personas que sí pueden pagar la educación superior no lo hagan.
-¿Y cuál es su postura sobre el lucro?
-Yo soy un fiel partidario de la iniciativa privada en educación. Creo que el sistema que establece que las universidades son sin fines de lucro, que los institutos profesionales y centros de formación técnica pueden tener fines de lucro y que en la educación particular subvencionada y en la particular pagada puede haber lucro con ganancias y retribuciones legítimas, es un buen sistema. De hecho si no fuera así, no pasaría que la mayoría de los estudiantes de la educación escolar prefieren la educación particular subvencionada en desmedro de los municipalizados. Si no fuera así, en el caso de la educación superior, no habríamos subido de 200 mil a 1 millón de estudiantes. Ello da cuenta de un sistema que estuvo bien pensado.
-Sin embargo, a pesar de que la ley prohíbe el lucro, todos los sectores han coincidido en que muchas universidades se las han arreglado para burlar la ley.
-Sobre eso hay que decir que la Concertación gobernó durante 20 años. Me costaría creer que puedan haber sido tan irresponsables de haber tenido una preocupación como esa y no haber hecho nada al respecto. Habiendo tenido 20 años para fiscalizar el cumplimiento de una disposición significaría una irresponsabilidad enorme de parte de quienes cumplieron roles en los ministerios y áreas respectivas. Yo sí comparto que si hay instituciones o personas que abusen que sean debidamente fiscalizadas y lo mismo creo de cada peso público que está en las universidades del Estado y en las universidades tradicionales. Sería bueno que se supiera el sueldo de los rectores, cuánto se paga a los profesores de jornada y cuántas horas de verdad le dedican a sus instituciones.
martes, 8 de noviembre de 2011
jueves, 20 de octubre de 2011
¡Haber sabido antes que subir los impuestos era la solución!
Columna Diario Financiero 14.10.11
El inicio del debate presupuestario 2012 ha estado marcado por un prolongado conflicto educacional y por un incipiente debate tributario.
A mi juicio, en todos estos debates, ha faltado claridad y consistencia en el actuar del gobierno y de la coalición en general.
La demanda estudiantil se inició con la crítica a la iniciativa privada, atacando el lucro, para luego pasar a una demanda de gratuidad en la educación superior. Ninguno de los planteamientos centrales de los estudiantes ha sido mejorar la calidad de la educación. Hoy el gobierno invita al diálogo a los líderes de la Confech, dedicándole alabanzas y reconocimientos, mientras Camila Vallejo trata de saqueadores a quienes están gobernando. Una parte de los dirigentes estudiantiles no quiere dialogar, quiere imponer sus puntos de vista. Cometemos un error si seguimos esperando que estén de buen ánimo para conversar cuando podemos avanzar en legislar en los temas que con convicción creemos que requieren cambios en educación. Por lo demás, respecto de los temas de fondo nuestro sector ha tenido una mirada consistente en el tiempo: promovemos que exista iniciativa privada en educación, y queremos que más estudiantes accedan a educación superior de calidad, entendiendo que como país no podemos asumir la gratuidad.
El debate tributario, por su parte, se ha iniciado por considerar algunos que las empresas pueden pagar más impuestos de lo que pagan hoy, y porque demandan que se comprometa a largo plazo un financiamiento estatal que en la práctica consagre la gratuidad en la educación superior. Durante décadas nuestro sector ha defendido con convicción que subir los impuestos es una mala decisión y que afecta el crecimiento y el bienestar de las personas. ¿En qué minuto cambiamos de opinión? ¿Qué pasó que ahora sí parece ser una buena idea? ¡Haber sabido antes que subir los impuestos era la llave mágica para lograr mayor desarrollo en Chile! El presidente en su campaña dijo que no habría alza de impuestos. También el gobierno se comprometió el año pasado a que el alza del impuesto de primera categoría sería transitoria. La palabra empeñada tiene valor y debe cumplirse, especialmente cuando no hay condiciones que expliquen que el país estará mejor de tomarse una medida de este tipo. En este y en otros temas tiene valor la consistencia y las convicciones. Es tiempo de recordarlas.
Al mantener abierto el debate tributario, el gobierno da luces de que reforma tributaria habrá con alta probabilidad. Algunos dicen que tenemos que atrevernos a tomar medidas con audacia y pragmatismo. Pero si la audacia y pragmatismo son para promover las ideas en las que no creemos, ¿de qué sirven? Bien por la audacia y el pragmatismo, pero ¡con convicciones! No tiene gracia -sino más bien puro costo- ser audaz promoviendo las ideas de otros. La audacia está en lograr avanzar con nuestras ideas a pesar de la fuerte oposición que enfrentamos.
Es tiempo de convicciones, se requiere audacia y pragmatismo, pero para promover nuestras ideas sobre cómo Chile puede estar mejor.
El inicio del debate presupuestario 2012 ha estado marcado por un prolongado conflicto educacional y por un incipiente debate tributario.
A mi juicio, en todos estos debates, ha faltado claridad y consistencia en el actuar del gobierno y de la coalición en general.
La demanda estudiantil se inició con la crítica a la iniciativa privada, atacando el lucro, para luego pasar a una demanda de gratuidad en la educación superior. Ninguno de los planteamientos centrales de los estudiantes ha sido mejorar la calidad de la educación. Hoy el gobierno invita al diálogo a los líderes de la Confech, dedicándole alabanzas y reconocimientos, mientras Camila Vallejo trata de saqueadores a quienes están gobernando. Una parte de los dirigentes estudiantiles no quiere dialogar, quiere imponer sus puntos de vista. Cometemos un error si seguimos esperando que estén de buen ánimo para conversar cuando podemos avanzar en legislar en los temas que con convicción creemos que requieren cambios en educación. Por lo demás, respecto de los temas de fondo nuestro sector ha tenido una mirada consistente en el tiempo: promovemos que exista iniciativa privada en educación, y queremos que más estudiantes accedan a educación superior de calidad, entendiendo que como país no podemos asumir la gratuidad.
El debate tributario, por su parte, se ha iniciado por considerar algunos que las empresas pueden pagar más impuestos de lo que pagan hoy, y porque demandan que se comprometa a largo plazo un financiamiento estatal que en la práctica consagre la gratuidad en la educación superior. Durante décadas nuestro sector ha defendido con convicción que subir los impuestos es una mala decisión y que afecta el crecimiento y el bienestar de las personas. ¿En qué minuto cambiamos de opinión? ¿Qué pasó que ahora sí parece ser una buena idea? ¡Haber sabido antes que subir los impuestos era la llave mágica para lograr mayor desarrollo en Chile! El presidente en su campaña dijo que no habría alza de impuestos. También el gobierno se comprometió el año pasado a que el alza del impuesto de primera categoría sería transitoria. La palabra empeñada tiene valor y debe cumplirse, especialmente cuando no hay condiciones que expliquen que el país estará mejor de tomarse una medida de este tipo. En este y en otros temas tiene valor la consistencia y las convicciones. Es tiempo de recordarlas.
Al mantener abierto el debate tributario, el gobierno da luces de que reforma tributaria habrá con alta probabilidad. Algunos dicen que tenemos que atrevernos a tomar medidas con audacia y pragmatismo. Pero si la audacia y pragmatismo son para promover las ideas en las que no creemos, ¿de qué sirven? Bien por la audacia y el pragmatismo, pero ¡con convicciones! No tiene gracia -sino más bien puro costo- ser audaz promoviendo las ideas de otros. La audacia está en lograr avanzar con nuestras ideas a pesar de la fuerte oposición que enfrentamos.
Es tiempo de convicciones, se requiere audacia y pragmatismo, pero para promover nuestras ideas sobre cómo Chile puede estar mejor.
viernes, 30 de septiembre de 2011
Plantas de revisión técnica
Carta al Director, Diario El Mercurio
30 de Septiembre
Señor Director:
Sobre la discusión que nuevamente se ha generado relativa a las revisiones técnicas, me permito hacer algunas observaciones.
El creciente aumento de la motorización que exhiben nuestras ciudades exige un esfuerzo mayor por gestionar más eficientemente el sistema de plantas revisoras. En consecuencia, mirado el problema desde la vereda de la oferta, se justifica plenamente revisar medidas como la flexibilización de los plazos de licitaciones, entre otras que se deban adoptar in situ, en cada planta. Puede que la oferta instalada sea la adecuada; sin embargo, su distribución por comunas quizás esté dejando zonas con una muy baja cobertura.
Ahora, visto el asunto desde la demanda por el servicio de revisiones, cabe señalar que nuestra normativa aplicable a la frecuencia de las mismas se ha ido quedando rezagada. Fue diseñada para automóviles con tecnologías muy distintas —en seguridad y emisiones— de las que tienen los automóviles nuevos que ingresan a nuestras calles. Por esa razón hemos elaborado un proyecto de ley que extiende, para autos particulares, el intervalo entre cada revisión a dos años (volviéndose anual cumplidos 10 años de fabricación del vehículo), al mismo tiempo que amplía el plazo de vigencia de las homologaciones a tres. Consideramos que constituiría una forma racional de moderar la presión sobre las plantas revisoras, atendidas las características del actual parque automotriz.
Finalmente, recordemos que la obligación de tener en buenas condiciones los automóviles corresponde a sus dueños y no sólo a las polémicas plantas. Por lo tanto, entendamos que manejar supone responsabilidades y que, más allá de los certificados, la seguridad y limpieza de nuestras ciudades depende, en primer término, de cada uno de nosotros.
Ernesto Silva
Diputado
30 de Septiembre
Señor Director:
Sobre la discusión que nuevamente se ha generado relativa a las revisiones técnicas, me permito hacer algunas observaciones.
El creciente aumento de la motorización que exhiben nuestras ciudades exige un esfuerzo mayor por gestionar más eficientemente el sistema de plantas revisoras. En consecuencia, mirado el problema desde la vereda de la oferta, se justifica plenamente revisar medidas como la flexibilización de los plazos de licitaciones, entre otras que se deban adoptar in situ, en cada planta. Puede que la oferta instalada sea la adecuada; sin embargo, su distribución por comunas quizás esté dejando zonas con una muy baja cobertura.
Ahora, visto el asunto desde la demanda por el servicio de revisiones, cabe señalar que nuestra normativa aplicable a la frecuencia de las mismas se ha ido quedando rezagada. Fue diseñada para automóviles con tecnologías muy distintas —en seguridad y emisiones— de las que tienen los automóviles nuevos que ingresan a nuestras calles. Por esa razón hemos elaborado un proyecto de ley que extiende, para autos particulares, el intervalo entre cada revisión a dos años (volviéndose anual cumplidos 10 años de fabricación del vehículo), al mismo tiempo que amplía el plazo de vigencia de las homologaciones a tres. Consideramos que constituiría una forma racional de moderar la presión sobre las plantas revisoras, atendidas las características del actual parque automotriz.
Finalmente, recordemos que la obligación de tener en buenas condiciones los automóviles corresponde a sus dueños y no sólo a las polémicas plantas. Por lo tanto, entendamos que manejar supone responsabilidades y que, más allá de los certificados, la seguridad y limpieza de nuestras ciudades depende, en primer término, de cada uno de nosotros.
Ernesto Silva
Diputado
lunes, 22 de agosto de 2011
Nuevos referentes e ideas para un Chile que cambia
22.7.11
Sin duda uno de los aspectos más importantes del gobierno de la Coalición por el Cambio ha sido la incorporación de muchos profesionales jóvenes al servicio público. Son miles -sí, miles- los profesionales jóvenes y de excelencia que se han sumado con mucho entusiasmo a trabajar en el gobierno.
Las razones por las cuales se han incorporado esas personas son muy diversas. Algunos lo han hecho porque no habían tenido antes la oportunidad de hacerlo. Otros, porque han sentido que tienen la oportunidad de implementar sus ideas y visión de sociedad a través de la tarea del sector público. Otro grupo importante lo ha hecho porque se ha sentido convocado de forma especial por líderes jóvenes que han asumido puestos de relevancia y liderazgo en la primera línea de lo público. Algunos, simplemente llegaron.
Cualquiera sea la causa, muchos jóvenes profesionales están instalados en el gobierno y con ganas de proyectar su tarea en el tiempo.
Los jóvenes se mueven por una causa, por un proyecto, y por liderazgos y referentes que convocan. Para muchos de esos profesionales, la salida de ministros como Ena Von Baer y Felipe Kast significa una interrogante. Ellos representan nuevos liderazgos que la política chilena necesita con urgencia.
En un Chile que está cambiando, en que los ciudadanos se han empoderado y demandan nuevas formas de vinculación y relación con los políticos, es necesario y urgente contar con nuevos liderazgos que encarnen ese Chile que demanda cambio.
Todas las encuestas de opinión pública señalan que la política no está siendo bien evaluada, y los políticos debemos entender esa demanda y ser capaces de dar respuesta.
Se requiere liderazgo para enfrentar los desafíos de una sociedad cambiante, pero no basta con el liderazgo. Se requieren también nuevas ideas y aire fresco para generar las respuestas a los problemas que han emergido y para escuchar y entender cómo está cambiando y hacia dónde va el país.
Cuando observamos que nuestro país crece de manera importante generando muchos empleos y oportunidades, pero cuando al mismo tiempo existe una sensación de postergación y falta de oportunidades, se requieren miradas que sean capaces de entender estas tensiones sin dejarse llevar por ideologías simples o eslóganes livianos. Se necesita una comprensión profunda y empática, basada en el conocimiento de la realidad, pero anclada también en un conjunto de ideas que propongan al país una forma de progresar y generar oportunidades y desarrollo.
La salida del gabinete de jóvenes ministros llama a la reflexión, y al mismo tiempo al desafío, de entender que se requiere una renovación urgente, y a la vez permanente, de las ideas y de los liderazgos, que sean capaces de convocar a muchas personas a construir juntos el país, y al mismo tiempo a encauzar los debates que Chile debe enfrentar en las próximas décadas.
Necesitamos cuidar y promover los nuevos referentes, y generar más ideas y respuestas a los desafíos de Chile. En política, hay mucho espacio para innovar.
Sin duda uno de los aspectos más importantes del gobierno de la Coalición por el Cambio ha sido la incorporación de muchos profesionales jóvenes al servicio público. Son miles -sí, miles- los profesionales jóvenes y de excelencia que se han sumado con mucho entusiasmo a trabajar en el gobierno.
Las razones por las cuales se han incorporado esas personas son muy diversas. Algunos lo han hecho porque no habían tenido antes la oportunidad de hacerlo. Otros, porque han sentido que tienen la oportunidad de implementar sus ideas y visión de sociedad a través de la tarea del sector público. Otro grupo importante lo ha hecho porque se ha sentido convocado de forma especial por líderes jóvenes que han asumido puestos de relevancia y liderazgo en la primera línea de lo público. Algunos, simplemente llegaron.
Cualquiera sea la causa, muchos jóvenes profesionales están instalados en el gobierno y con ganas de proyectar su tarea en el tiempo.
Los jóvenes se mueven por una causa, por un proyecto, y por liderazgos y referentes que convocan. Para muchos de esos profesionales, la salida de ministros como Ena Von Baer y Felipe Kast significa una interrogante. Ellos representan nuevos liderazgos que la política chilena necesita con urgencia.
En un Chile que está cambiando, en que los ciudadanos se han empoderado y demandan nuevas formas de vinculación y relación con los políticos, es necesario y urgente contar con nuevos liderazgos que encarnen ese Chile que demanda cambio.
Todas las encuestas de opinión pública señalan que la política no está siendo bien evaluada, y los políticos debemos entender esa demanda y ser capaces de dar respuesta.
Se requiere liderazgo para enfrentar los desafíos de una sociedad cambiante, pero no basta con el liderazgo. Se requieren también nuevas ideas y aire fresco para generar las respuestas a los problemas que han emergido y para escuchar y entender cómo está cambiando y hacia dónde va el país.
Cuando observamos que nuestro país crece de manera importante generando muchos empleos y oportunidades, pero cuando al mismo tiempo existe una sensación de postergación y falta de oportunidades, se requieren miradas que sean capaces de entender estas tensiones sin dejarse llevar por ideologías simples o eslóganes livianos. Se necesita una comprensión profunda y empática, basada en el conocimiento de la realidad, pero anclada también en un conjunto de ideas que propongan al país una forma de progresar y generar oportunidades y desarrollo.
La salida del gabinete de jóvenes ministros llama a la reflexión, y al mismo tiempo al desafío, de entender que se requiere una renovación urgente, y a la vez permanente, de las ideas y de los liderazgos, que sean capaces de convocar a muchas personas a construir juntos el país, y al mismo tiempo a encauzar los debates que Chile debe enfrentar en las próximas décadas.
Necesitamos cuidar y promover los nuevos referentes, y generar más ideas y respuestas a los desafíos de Chile. En política, hay mucho espacio para innovar.
martes, 31 de mayo de 2011
Reformas Políticas
Carta al Director, Diario La Tercera
31.05.2011
Señor director:
Tras leer con atención la columna de Marco Enríquez-Ominami -publicada el viernes en este medio- me gustaría hacer una pequeña precisión respecto de su contenido. En ella, el timonel del PRO señala que el Presidente Piñera prometió en su reciente Cuenta Pública el envío de un proyecto que incluya la inscripción automática y el voto voluntario.
Deseo informarle a Marco Enríquez que el Mandatario envió el 1 de diciembre de 2010 un proyecto al Senado en esa línea. A éste se le aplicó suma urgencia en marzo del presente año y finalmente fue aprobado en general el pasado 10 de mayo.
Ernesto Silva
Diputado UDI
31.05.2011
Señor director:
Tras leer con atención la columna de Marco Enríquez-Ominami -publicada el viernes en este medio- me gustaría hacer una pequeña precisión respecto de su contenido. En ella, el timonel del PRO señala que el Presidente Piñera prometió en su reciente Cuenta Pública el envío de un proyecto que incluya la inscripción automática y el voto voluntario.
Deseo informarle a Marco Enríquez que el Mandatario envió el 1 de diciembre de 2010 un proyecto al Senado en esa línea. A éste se le aplicó suma urgencia en marzo del presente año y finalmente fue aprobado en general el pasado 10 de mayo.
Ernesto Silva
Diputado UDI
viernes, 27 de mayo de 2011
Cuidar las instituciones
Cuidar las Instituciones
Javier Macaya, Diputado
Ernesto Silva, Diputado
El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.
Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.
Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.
Ambos riesgos van de la mano.
Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.
Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.
Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.
Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.
En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.
Javier Macaya, Diputado
Ernesto Silva, Diputado
El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.
Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.
Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.
Ambos riesgos van de la mano.
Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.
Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.
Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.
Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.
En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.
Caso Arrayán y evaluación de los jueces
Columna Diario Financiero
27.05.11
La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.
Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.
En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.
A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.
Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.
Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación? La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.
Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.
Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.
27.05.11
La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.
Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.
En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.
A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.
Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.
Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación? La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.
Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.
Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.
lunes, 9 de mayo de 2011
Bitran se equivoca con la Alta Dirección Pública
Diario El Mostrador, 9.5.11
En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.
Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.
En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.
Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.
Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.
En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto
limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.
Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.
Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.
En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.
En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.
Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.
En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.
Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.
Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.
En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto
limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.
Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.
Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.
En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.
viernes, 29 de abril de 2011
No hay que esperar más: reforma del Estado aquí y ahora
Columna Diario Finaciero
29.04.2011
El gobierno de la Coalición por el Cambio definió siete grandes reformas para Chile. En este listado, de la que menos se habla es de la Modernización del Estado. Se trata, a mi juicio, de uno de los ejes más importantes para lograr que el país alcance los niveles de desarrollo que permitan que los chilenos vivan mejor.
No podemos esperar avances relevantes si no somos capaces de modernizar el Estado en serio.
Los hechos que han sido parte del debate público y político de las últimas semanas, son un ejemplo más de que el Estado -como está hoy- no da el ancho para lo que el país necesita.
Asesores que cumplirían roles de carácter más bien directivo, procesos lentos y débilmente controlados, necesidad de acuerdos extrajudiciales por errores previos en la gestión de la actividad pública, muestran nuevamente que el Estado debe avanzar y debe hacerlo con urgencia.
Por eso, creo que no hay que esperar más y tomarse el tema de la modernización del Estado en serio, avanzando en los nudos de fondo que limitan la competitividad, eficiencia, y rendición de cuentas.
Se necesita un nuevo trato para los funcionarios públicos a todo nivel, no sólo para los altos directivos, revisando la inamovilidad, incorporando mejores sistemas de evaluación y mejores procesos de gestión de recursos humanos.
Se requiere transparentar la añeja situación de las plantas de funcionarios, del personal a contrata y de quienes están a honorarios. La rigidez actual del Estado no permite un sistema racional y eficiente de recursos humanos que compatibilice protección en el empleo con eficiencia en alcanzar las metas que el gobierno se propone.
Urge, además, avanzar en la evaluación de los programas, en la rendición de cuentas de las autoridades y de los servicios, y en la forma en que se preparan y ejecutan los presupuestos.
Por otra parte, la descentralización y la asignación de decisiones y recursos a los gobiernos locales es parte de los desafíos centrales de cualquier modernización del Estado, y, en este punto, seguimos muy atrasados.
Si revisamos la década pasada, hubo dos grandes olas modernizadoras del Estado. La primera fue en 2003 con el Acuerdo de Modernización, que se tradujo en una potente agenda corta que incluyó la Alta Dirección Pública, el Sistema de Compras Públicas, el Financiamiento Público de la Política, la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras. La segunda fue en 2007-2008 cuando se intentaron aprobar varias medidas pero sólo destacó la Ley de Transparencia. Tal vez la diferencia estuvo en que en 2003 existía un consenso previo entre expertos técnicos y políticos sobre cómo se debía avanzar. El consenso de 2007, en cambio, era menor.
Hoy tenemos una oportunidad enorme porque se juntan dos factores críticos para avanzar: conciencia sobre la necesidad de reformar el Estado y bases para un consenso técnico en lo que se debe abordar. El Consorcio de Reforma del Estado del año 2009 propuso muchas y buenas soluciones.
Por ello, el gobierno debe promover con urgencia este pilar del programa de gobierno, impulsando una agenda modernizadora contundente y ambiciosa.
29.04.2011
El gobierno de la Coalición por el Cambio definió siete grandes reformas para Chile. En este listado, de la que menos se habla es de la Modernización del Estado. Se trata, a mi juicio, de uno de los ejes más importantes para lograr que el país alcance los niveles de desarrollo que permitan que los chilenos vivan mejor.
No podemos esperar avances relevantes si no somos capaces de modernizar el Estado en serio.
Los hechos que han sido parte del debate público y político de las últimas semanas, son un ejemplo más de que el Estado -como está hoy- no da el ancho para lo que el país necesita.
Asesores que cumplirían roles de carácter más bien directivo, procesos lentos y débilmente controlados, necesidad de acuerdos extrajudiciales por errores previos en la gestión de la actividad pública, muestran nuevamente que el Estado debe avanzar y debe hacerlo con urgencia.
Por eso, creo que no hay que esperar más y tomarse el tema de la modernización del Estado en serio, avanzando en los nudos de fondo que limitan la competitividad, eficiencia, y rendición de cuentas.
Se necesita un nuevo trato para los funcionarios públicos a todo nivel, no sólo para los altos directivos, revisando la inamovilidad, incorporando mejores sistemas de evaluación y mejores procesos de gestión de recursos humanos.
Se requiere transparentar la añeja situación de las plantas de funcionarios, del personal a contrata y de quienes están a honorarios. La rigidez actual del Estado no permite un sistema racional y eficiente de recursos humanos que compatibilice protección en el empleo con eficiencia en alcanzar las metas que el gobierno se propone.
Urge, además, avanzar en la evaluación de los programas, en la rendición de cuentas de las autoridades y de los servicios, y en la forma en que se preparan y ejecutan los presupuestos.
Por otra parte, la descentralización y la asignación de decisiones y recursos a los gobiernos locales es parte de los desafíos centrales de cualquier modernización del Estado, y, en este punto, seguimos muy atrasados.
Si revisamos la década pasada, hubo dos grandes olas modernizadoras del Estado. La primera fue en 2003 con el Acuerdo de Modernización, que se tradujo en una potente agenda corta que incluyó la Alta Dirección Pública, el Sistema de Compras Públicas, el Financiamiento Público de la Política, la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras. La segunda fue en 2007-2008 cuando se intentaron aprobar varias medidas pero sólo destacó la Ley de Transparencia. Tal vez la diferencia estuvo en que en 2003 existía un consenso previo entre expertos técnicos y políticos sobre cómo se debía avanzar. El consenso de 2007, en cambio, era menor.
Hoy tenemos una oportunidad enorme porque se juntan dos factores críticos para avanzar: conciencia sobre la necesidad de reformar el Estado y bases para un consenso técnico en lo que se debe abordar. El Consorcio de Reforma del Estado del año 2009 propuso muchas y buenas soluciones.
Por ello, el gobierno debe promover con urgencia este pilar del programa de gobierno, impulsando una agenda modernizadora contundente y ambiciosa.
viernes, 1 de abril de 2011
Políticas sociales 2.0: capacidades y empleo
Es imposible negar los importantes avances llevados a cabo en materias de políticas sociales durante los últimos 20 años. Este proceso significó una transformación completa del sistema de protección social y el resultado fue una red de programas destinados a asegurar los estándares de vida mínimos para un número importante de compatriotas.
Sin embargo, la evaluación de los distintos programas de protección social no ha sido siempre positiva. A modo de ejemplo, en su reciente libro Larrañaga y Contreras plantean serias dudas respecto del impacto del programa Chile Solidario. Al mismo tiempo, y tras detectar gastos operacionales altísimos, el gobierno ha planteado la necesidad de asegurar la eficiencia en el gasto de los programas sociales. Entonces, luego de 20 años de avances parece adecuado re-pensar algunos de los elementos clave de nuestro sistema de protección social. En este sentido, el Ingreso Etico Familiar aparece como gran oportunidad. Si bien los avances del proyecto no se han hecho públicos, considero importante plantear dos elementos que deberían ser el core del mismo. El primero está asociado con la necesidad de avanzar no solamente en la entrega de derechos, sino que también con la exigencia de deberes. El segundo es el hacer de la creación de empleos un pilar fundamental de este proyecto.
Si bien la evidencia no es absolutamente concluyente, todo parece indicar que el camino más efectivo y eficiente para asegurar el éxito de la política social apunta a la utilización de transferencias (realmente) condicionadas como el marco conceptual del Ingreso Etico. Lamentablemente, la red de protección hoy existente casi no exige esfuerzos a quienes participan de ella y, por lo tanto, hoy no aprovechamos el gran potencial de los hogares participes de la misma. Es necesario, entonces, mejorar los estándares e innovar. Cualquier nueva transferencia debiera ser condicionada en esfuerzos reales, que potencien las capacidades de los hogares. No es difícil, entonces, imaginar la posibilidad de condicionar sobre mejoras en el desempeño educacional, salud, e incluso criminalidad o delincuencia de la población. Elementos como éstos deben ser parte de las políticas sociales 2.0 en general, y del Ingreso Etico Familiar en particular.
Un énfasis en los incentivos a conseguir y mantener un empleo debe ser el segundo elemento que caracterice a nuestras políticas sociales 2.0. La necesidad de avanzar en esta línea ha sido planteada incluso por el ex ministro Andrés Velasco y por expertos como Patricio Meller, entre otros. Empleo, empleo y empleo debe ser parte del slogan de nuestra política social 2.0. Un empleo hoy en Chile significa un ingreso mínimo, un seguro de cesantía, un acceso a salud y previsión, y, más importante aún, la posibilidad de dejar atrás la condición de vulnerabilidad. En este sentido, el no considerar medidas pro-empleo pondría en jaque los esfuerzos para terminar con la pobreza en nuestro país.
En las semanas que vienen se inicia la implementación de la Bonificación al Ingreso Etico Familiar, pero en paralelo se prepara el proyecto de ley que establecerá las bases permanentes del Ingreso Etico Familiar. Nuestro desafío es lograr que este nuevo proyecto sea un ejemplo de políticas sociales 2.0: a fortalecer las capacidades y el empleo de las familias vulnerables.
Sin embargo, la evaluación de los distintos programas de protección social no ha sido siempre positiva. A modo de ejemplo, en su reciente libro Larrañaga y Contreras plantean serias dudas respecto del impacto del programa Chile Solidario. Al mismo tiempo, y tras detectar gastos operacionales altísimos, el gobierno ha planteado la necesidad de asegurar la eficiencia en el gasto de los programas sociales. Entonces, luego de 20 años de avances parece adecuado re-pensar algunos de los elementos clave de nuestro sistema de protección social. En este sentido, el Ingreso Etico Familiar aparece como gran oportunidad. Si bien los avances del proyecto no se han hecho públicos, considero importante plantear dos elementos que deberían ser el core del mismo. El primero está asociado con la necesidad de avanzar no solamente en la entrega de derechos, sino que también con la exigencia de deberes. El segundo es el hacer de la creación de empleos un pilar fundamental de este proyecto.
Si bien la evidencia no es absolutamente concluyente, todo parece indicar que el camino más efectivo y eficiente para asegurar el éxito de la política social apunta a la utilización de transferencias (realmente) condicionadas como el marco conceptual del Ingreso Etico. Lamentablemente, la red de protección hoy existente casi no exige esfuerzos a quienes participan de ella y, por lo tanto, hoy no aprovechamos el gran potencial de los hogares participes de la misma. Es necesario, entonces, mejorar los estándares e innovar. Cualquier nueva transferencia debiera ser condicionada en esfuerzos reales, que potencien las capacidades de los hogares. No es difícil, entonces, imaginar la posibilidad de condicionar sobre mejoras en el desempeño educacional, salud, e incluso criminalidad o delincuencia de la población. Elementos como éstos deben ser parte de las políticas sociales 2.0 en general, y del Ingreso Etico Familiar en particular.
Un énfasis en los incentivos a conseguir y mantener un empleo debe ser el segundo elemento que caracterice a nuestras políticas sociales 2.0. La necesidad de avanzar en esta línea ha sido planteada incluso por el ex ministro Andrés Velasco y por expertos como Patricio Meller, entre otros. Empleo, empleo y empleo debe ser parte del slogan de nuestra política social 2.0. Un empleo hoy en Chile significa un ingreso mínimo, un seguro de cesantía, un acceso a salud y previsión, y, más importante aún, la posibilidad de dejar atrás la condición de vulnerabilidad. En este sentido, el no considerar medidas pro-empleo pondría en jaque los esfuerzos para terminar con la pobreza en nuestro país.
En las semanas que vienen se inicia la implementación de la Bonificación al Ingreso Etico Familiar, pero en paralelo se prepara el proyecto de ley que establecerá las bases permanentes del Ingreso Etico Familiar. Nuestro desafío es lograr que este nuevo proyecto sea un ejemplo de políticas sociales 2.0: a fortalecer las capacidades y el empleo de las familias vulnerables.
lunes, 14 de marzo de 2011
URGENTE: Una Agenda Laboral para más trabajo y mayor productividad
Nicolás Monckeberg, Diputado RN
Ernesto Silva, Diputado UDI
El año 2011 será un año central del primer gobierno de la Coalición por el Cambio. Después de la instalación y de enfrentar un terremoto devastador, y antes de dos años eleccionarios, este 2011 nos encuentra en un momento oportuno para promover cambios profundos que permitan que el país avance más rápido hacia la superación de la pobreza extrema y a generar condiciones para mayor desarrollo.
En este contexto, se requiere con urgencia una agenda laboral potente que permita generar fundamentos sólidos para un mercado laboral dinámico, justo y productivo.
1. El diagnóstico sigue vigente. Durante muchos años como oposición, criticamos que la Concertación lo hacía mal en materia laboral. De hecho, hace años que echamos de menos una política clara para asumir los efectos que la globalización ha traído a trabajadores y empresarios en sus relaciones. Se ha hablado mucho de las reformas laborales de los últimos gobiernos y su supuesto impacto en la estabilidad del empleo y el aumento salarial. Sin embargo, hoy día los porfiados resultados indican que las relaciones laborales no han cambiado y arrastran los mismos problemas de años: el promedio de duración de los contratos indefinidos es inferior a un año, hay falta de sindicalización y negociación colectiva, incumplimiento de derechos individuales como jornada de trabajo y descansos e ineficiencia de las indemnizaciones por despido.
El diagnóstico crítico sobre el mercado del trabajo que nos motivó por años a llegar al gobierno sigue vigente: la visión de la OECD, el trabajo de los Grupos Tantauco, Bicentenario y otros, han sido consistentes en señalar que se requiere avanzar en cambios relevantes en el mercado del trabajo. No tenemos un mercado del trabajo dinámico y justo.
Lo grave de esta inmovilidad, es que se transforma en una camisa de fuerza contra una mayor productividad de la economia, erosionando fuertemente las bases del sistema productivo, por carecer del desarrollo laboral que requiere el país para competir. No permite construir alianzas entre trabajadores y empleadores, porque las normas aplicables a dichos acuerdos son lo suficientemente rígidas como para sepultar cualquier voluntad de acuerdo, por ejemplo, a la hora de pactar una jornada de trabajo en una pequeña o mediana empresa. También, de paso, se erosiona el tejido social, puesto que esta rigidez, implica las más de las veces un acuerdo conveniente entre las partes para saltar la norma, deslegitimando el origen democrático de su aprobación. ¡Cuántas veces escuchamos la crítica de que las normas que hacen “estos señores” no recogen la realidad laboral...!.
2. Los principales problemas. Una agenda laboral puede ser infinita en desafíos, Sin embargo, se requiere enfocarse en los problemas fundamentales. A nuestro juicio, son los siguientes: (a) Aún trabajan menos personas de las que debieran. Si bien el 2010 fue muy positivo en el aumento de la fuerza del trabajo y en la creación de puestos de trabajo, aún nos queda mucho por avanzar y la rigidez de las regulaciones dificulta la creación de más trabajos y el dinamismo del mercado. (b) Baja participación de la mujer y de los jóvenes (especialmente los más pobres): la participación laboral de la mujer sigue en niveles cercanos al 40% y se requiere avanzar más rápido en generar condiciones de flexibilidad y adaptabildad que permitan especialmente que las mujeres de hogares más vulnerables tengan oportunidades y condiciones para acceder a puestos de trabajo y compatibilizarlo con su rol de madres y en muchos casos de jefas de hogar. Igual situación sucede con los jóvenes de los quintiles más pobres. (c) Cae la productividad: durante los cuatro años del gobierno de Bachelet la productividad disminuyó 1,6% promedio. Eso no puede ser, se requiere generar condiciones para mayor (y no menor) productividad y rendimiento del trabajo. (d) Aún existen barreras y desincentivos importantes para la contratación: la rigidez de las indemnizaciones por años de servicio, entre otras materias, dificulta la movilidad y dinamismo al momento de generar nuevos empleos. (e) Poca y mala sindicaliación: nuestro país presenta bajos índices de sindicalización y poca profundidad de sus sindicatos. Existe una oportunidad para trabajar en conjunto con los trabajadores y sus representantes en la generación de un esquema sindical moderno y constructivo.
3. Ya estamos avanzando bien pero se requiere un impulso adicional. El año 2010 fue un año de buenas noticias laborales, producto del buen desempeño de la economía y de buenas decisiones del gobierno. En efecto, hay que destacar la creación de 476.000 puestos de trabajo en un año, el aumento en la fuerza del trabajo, la creación de muchos trabajos asalariados, etc. Asimismo, la implementación de iniciativas como la Bolsa Nacional de Empleo y los bonos de capacitación laboral –donde es el trabajador quien elige- son muy buenas medidas y se hacen cargo de necesidades y problemas concretos.
Pero se requiere avanzar más y en cambios profundos. El país no contará siempre con un impulso potente de la actividad económica, o con la demanda propia de una recuperación posterior al terremoto. Por ello, es necesario hacer cambios en materias centrales.
4. Cinco prioridades en una agenda laboral pro empleo y productividad. Estos son los temas en los que, a nuestro juicio, se requiere una agenda laboral urgente.
a. Revisión de las Indemnizaciones por año de servicio
b. Avanzar hacia Banco de horas
c. Implementar y masificar los mecanismos de trabajo a distancia
d. Flexibilización de jornada, reconociendo las diversidades de las realidades laborales.
e. Revisión de la regulación del descanso dominical
f. Revisar la regulación de los sindicatos, favoreciendo su desarrollo en armonía con los empleadores.
Este gobierno tiene una gran oportunidad de construir los consensos sobre materias que funcionan mal, como la distribución de la jornada, las indemnizaciones por años de servicios, mejorar el acceso al empleo de sectores jóvenes y las mujeres. Lo demostrado en este primer año de gobierno debe ser solo un punto de partida para implementar una agenda laboral mucho más ambiciosa, aquella que precisamente los gobiernos anteriores no se atrevieron a desarrollar y por la cual hoy deben dar las explicaciones. No nos podemos contentar si al final de este gobierno no hemos hecho los cambios fundamentales que permitan de verdad contar con relaciones laborales justas, dinámicas y productivas. No parece aceptable que la jornada de trabajo siga sin siquiera haber avanzado al establecimiento pactado de bancos de horas, o bien el recargo por día domingo trabajado es igual a otro día; o, si el mismo escaso 6% de los trabajadores accede al rígido sistema de indemnizaciones por despido. El sello de esta administración es la visión de futuro y asumir riesgos sobre la base de convicciones políticas y técnicas. En materia laboral no nos podemos quedar atrás y simplemente administrar lo que sabemos funciona mal. Bienvenidas sean la rearticulación del sistema de capacitación o la fiscalización de la seguridad, pero tenemos la convicción de que se puede también avanzar en reformas profundas que nos hagan sentir que contamos con un sistema laboral moderno y eficiente para adecuarse a cualquier estructura productiva y a nuevas formas de contratación.
Ernesto Silva, Diputado UDI
El año 2011 será un año central del primer gobierno de la Coalición por el Cambio. Después de la instalación y de enfrentar un terremoto devastador, y antes de dos años eleccionarios, este 2011 nos encuentra en un momento oportuno para promover cambios profundos que permitan que el país avance más rápido hacia la superación de la pobreza extrema y a generar condiciones para mayor desarrollo.
En este contexto, se requiere con urgencia una agenda laboral potente que permita generar fundamentos sólidos para un mercado laboral dinámico, justo y productivo.
1. El diagnóstico sigue vigente. Durante muchos años como oposición, criticamos que la Concertación lo hacía mal en materia laboral. De hecho, hace años que echamos de menos una política clara para asumir los efectos que la globalización ha traído a trabajadores y empresarios en sus relaciones. Se ha hablado mucho de las reformas laborales de los últimos gobiernos y su supuesto impacto en la estabilidad del empleo y el aumento salarial. Sin embargo, hoy día los porfiados resultados indican que las relaciones laborales no han cambiado y arrastran los mismos problemas de años: el promedio de duración de los contratos indefinidos es inferior a un año, hay falta de sindicalización y negociación colectiva, incumplimiento de derechos individuales como jornada de trabajo y descansos e ineficiencia de las indemnizaciones por despido.
El diagnóstico crítico sobre el mercado del trabajo que nos motivó por años a llegar al gobierno sigue vigente: la visión de la OECD, el trabajo de los Grupos Tantauco, Bicentenario y otros, han sido consistentes en señalar que se requiere avanzar en cambios relevantes en el mercado del trabajo. No tenemos un mercado del trabajo dinámico y justo.
Lo grave de esta inmovilidad, es que se transforma en una camisa de fuerza contra una mayor productividad de la economia, erosionando fuertemente las bases del sistema productivo, por carecer del desarrollo laboral que requiere el país para competir. No permite construir alianzas entre trabajadores y empleadores, porque las normas aplicables a dichos acuerdos son lo suficientemente rígidas como para sepultar cualquier voluntad de acuerdo, por ejemplo, a la hora de pactar una jornada de trabajo en una pequeña o mediana empresa. También, de paso, se erosiona el tejido social, puesto que esta rigidez, implica las más de las veces un acuerdo conveniente entre las partes para saltar la norma, deslegitimando el origen democrático de su aprobación. ¡Cuántas veces escuchamos la crítica de que las normas que hacen “estos señores” no recogen la realidad laboral...!.
2. Los principales problemas. Una agenda laboral puede ser infinita en desafíos, Sin embargo, se requiere enfocarse en los problemas fundamentales. A nuestro juicio, son los siguientes: (a) Aún trabajan menos personas de las que debieran. Si bien el 2010 fue muy positivo en el aumento de la fuerza del trabajo y en la creación de puestos de trabajo, aún nos queda mucho por avanzar y la rigidez de las regulaciones dificulta la creación de más trabajos y el dinamismo del mercado. (b) Baja participación de la mujer y de los jóvenes (especialmente los más pobres): la participación laboral de la mujer sigue en niveles cercanos al 40% y se requiere avanzar más rápido en generar condiciones de flexibilidad y adaptabildad que permitan especialmente que las mujeres de hogares más vulnerables tengan oportunidades y condiciones para acceder a puestos de trabajo y compatibilizarlo con su rol de madres y en muchos casos de jefas de hogar. Igual situación sucede con los jóvenes de los quintiles más pobres. (c) Cae la productividad: durante los cuatro años del gobierno de Bachelet la productividad disminuyó 1,6% promedio. Eso no puede ser, se requiere generar condiciones para mayor (y no menor) productividad y rendimiento del trabajo. (d) Aún existen barreras y desincentivos importantes para la contratación: la rigidez de las indemnizaciones por años de servicio, entre otras materias, dificulta la movilidad y dinamismo al momento de generar nuevos empleos. (e) Poca y mala sindicaliación: nuestro país presenta bajos índices de sindicalización y poca profundidad de sus sindicatos. Existe una oportunidad para trabajar en conjunto con los trabajadores y sus representantes en la generación de un esquema sindical moderno y constructivo.
3. Ya estamos avanzando bien pero se requiere un impulso adicional. El año 2010 fue un año de buenas noticias laborales, producto del buen desempeño de la economía y de buenas decisiones del gobierno. En efecto, hay que destacar la creación de 476.000 puestos de trabajo en un año, el aumento en la fuerza del trabajo, la creación de muchos trabajos asalariados, etc. Asimismo, la implementación de iniciativas como la Bolsa Nacional de Empleo y los bonos de capacitación laboral –donde es el trabajador quien elige- son muy buenas medidas y se hacen cargo de necesidades y problemas concretos.
Pero se requiere avanzar más y en cambios profundos. El país no contará siempre con un impulso potente de la actividad económica, o con la demanda propia de una recuperación posterior al terremoto. Por ello, es necesario hacer cambios en materias centrales.
4. Cinco prioridades en una agenda laboral pro empleo y productividad. Estos son los temas en los que, a nuestro juicio, se requiere una agenda laboral urgente.
a. Revisión de las Indemnizaciones por año de servicio
b. Avanzar hacia Banco de horas
c. Implementar y masificar los mecanismos de trabajo a distancia
d. Flexibilización de jornada, reconociendo las diversidades de las realidades laborales.
e. Revisión de la regulación del descanso dominical
f. Revisar la regulación de los sindicatos, favoreciendo su desarrollo en armonía con los empleadores.
Este gobierno tiene una gran oportunidad de construir los consensos sobre materias que funcionan mal, como la distribución de la jornada, las indemnizaciones por años de servicios, mejorar el acceso al empleo de sectores jóvenes y las mujeres. Lo demostrado en este primer año de gobierno debe ser solo un punto de partida para implementar una agenda laboral mucho más ambiciosa, aquella que precisamente los gobiernos anteriores no se atrevieron a desarrollar y por la cual hoy deben dar las explicaciones. No nos podemos contentar si al final de este gobierno no hemos hecho los cambios fundamentales que permitan de verdad contar con relaciones laborales justas, dinámicas y productivas. No parece aceptable que la jornada de trabajo siga sin siquiera haber avanzado al establecimiento pactado de bancos de horas, o bien el recargo por día domingo trabajado es igual a otro día; o, si el mismo escaso 6% de los trabajadores accede al rígido sistema de indemnizaciones por despido. El sello de esta administración es la visión de futuro y asumir riesgos sobre la base de convicciones políticas y técnicas. En materia laboral no nos podemos quedar atrás y simplemente administrar lo que sabemos funciona mal. Bienvenidas sean la rearticulación del sistema de capacitación o la fiscalización de la seguridad, pero tenemos la convicción de que se puede también avanzar en reformas profundas que nos hagan sentir que contamos con un sistema laboral moderno y eficiente para adecuarse a cualquier estructura productiva y a nuevas formas de contratación.
martes, 8 de marzo de 2011
Una denuncia irresponsable
La decisión del gobierno del Presidente Piñera de ratificar en su cargo a la Intendenta de la Región del Bío Bío es el resultado de una convicción que surge de una investigación ordenada y liderada por el Ministro Hinzpeter. No hay hechos que reprochar en las decisiones que ha tomado la Intendenta en su rol de representante del Presidente en la Región. Por el contrario, son muchas las cosas que reconocer en quien ha conducido la Intendencia en uno de los momentos más difíciles de la historia de Concepción y de la octava región en general.
Desde el primer momento en que se conoció la denuncia de Navarro, el gobierno fue claro en dos puntos: el tenor de las declaraciones de la intendenta no era afortunado, y, por otra parte, se debía indagar las denuncias presentadas por un senador. No correspondía hacer defensas per se ni tampoco ceder a la tentación de enviar al circo romano a una autoridad simplemente porque la oposición pedía su cabeza.
El gobierno lo hizo bien: se hizo cargo de una denuncia, investigó, llegó a una convicción e implementó su decisión, a pesar del clima instalado en la opinión pública, e incluso en partidarios del propio gobierno. El gobierno demostró liderazgo, aún a costa de impopularidad.
La pregunta de fondo –a mi juicio- es cómo queremos que sea la política en nuestro país. ¿De la manera que lo hizo Navarro, o de la manera que lo hizo el gobierno del Presidente Piñera? Lo que hizo Navarro fue hacer una denuncia irresponsable para dañar a una autoridad que puede competir con él por un cupo en el Senado en tres años más. Esa es la verdadera motivación de la denuncia. No son los vecinos del sector la Aurora ni el resguardo del cumplimiento de las normas y políticas del Ministerio de Vivienda –todas las que según la investigación del gobierno han sido respetadas-, lo que preocupa al senador, sino encontrar una forma para enlodar a una autoridad con quien puede competir.
El gobierno, en cambio, optó por el camino de la seriedad y la investigación. Me quedo con esta forma de hacer política.
Quienes tenemos el rol de representantes debemos ejercerlo con responsabilidad. Navarro no lo ha hecho.
Columna Diario El Mercurio, Febrero 2011
Desde el primer momento en que se conoció la denuncia de Navarro, el gobierno fue claro en dos puntos: el tenor de las declaraciones de la intendenta no era afortunado, y, por otra parte, se debía indagar las denuncias presentadas por un senador. No correspondía hacer defensas per se ni tampoco ceder a la tentación de enviar al circo romano a una autoridad simplemente porque la oposición pedía su cabeza.
El gobierno lo hizo bien: se hizo cargo de una denuncia, investigó, llegó a una convicción e implementó su decisión, a pesar del clima instalado en la opinión pública, e incluso en partidarios del propio gobierno. El gobierno demostró liderazgo, aún a costa de impopularidad.
La pregunta de fondo –a mi juicio- es cómo queremos que sea la política en nuestro país. ¿De la manera que lo hizo Navarro, o de la manera que lo hizo el gobierno del Presidente Piñera? Lo que hizo Navarro fue hacer una denuncia irresponsable para dañar a una autoridad que puede competir con él por un cupo en el Senado en tres años más. Esa es la verdadera motivación de la denuncia. No son los vecinos del sector la Aurora ni el resguardo del cumplimiento de las normas y políticas del Ministerio de Vivienda –todas las que según la investigación del gobierno han sido respetadas-, lo que preocupa al senador, sino encontrar una forma para enlodar a una autoridad con quien puede competir.
El gobierno, en cambio, optó por el camino de la seriedad y la investigación. Me quedo con esta forma de hacer política.
Quienes tenemos el rol de representantes debemos ejercerlo con responsabilidad. Navarro no lo ha hecho.
Columna Diario El Mercurio, Febrero 2011
lunes, 7 de marzo de 2011
Postnatal: es deseable flexibilidad para todas las mujeres
Diario Financiero 4.03.11
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial.
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial. Para muchas mujeres, se había transformado en un compromiso fundamental de este gobierno, en el anhelo de fortalecer el apego a sus hijos y compatibilizar su realidad laboral con el desarrollo de su familia.
El postnatal es un beneficio para la familia, pero está pensado especialmente para el bienestar de los hijos. Cada día tomamos más conciencia de la relevancia del apego y de la generación de vínculos entre el hijo y la madre en la primera etapa de la infancia. Desde ese punto de vista, la extensión del postnatal es una medida que va en la dirección correcta, tal como se ha hecho en muchos países con mayores niveles de desarrollo. De igual forma, el aumento gradual de la cobertura de postnatal contemplado en el proyecto hacia mujeres trabajadoras que hoy no cuentan con ese beneficio -más niños con postnatal- es una excelente decisión.
Pero junto con fomentar el apego y el desarrollo afectivo de los niños y su vínculo con sus padres, se debe considerar los efectos que una medida como ésta puede tener en materia fiscal y en materia laboral. Desde el punto de vista de los recursos públicos, este proyecto implica un esfuerzo importante, en el cual vale la pena invertir, y cuyos costos se pueden compensar con una reducción de muchas de las licencias irregulares que hoy se utilizan para extender artificialmente el postnatal. Para ello ya se está trabajando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Adicionalmente, parece correcto el límite de 30 UF de cobertura para los últimos 3 meses del postnatal. En Chile cerca del 83% de las mujeres que se beneficiarían de la extensión del postnatal tienen ingresos iguales o inferiores a 30 UF. Subir el límite implica un costo fiscal enorme, y no focaliza el apoyo en los quienes más lo necesitan.
En materia laboral, el debate legislativo sobre la extensión del postnatal será muy importante. Chile tiene una baja participación laboral femenina, especialmente en las mujeres más pobres, y el desafío es aumentarla, pues su crecimiento es un vehículo importante de superación de la pobreza y de desarrollo para la clase media. Por ello, creo que la irrenunciabilidad pensada para los cuatro quintiles más pobres debiera ser reemplazada por voluntariedad para todas las mujeres, no sólo para un grupo como está contemplado en la iniciativa del Ejecutivo. Si bien pueden existir asimetrías de poder en la relación laboral para las mujeres más vulnerables, que fundamenten el concepto de irrenunciabilidad, pareciera que el remedio podría ser peor que la enfermedad, dificultando el acceso al trabajo de las mujeres más pobres, y eventualmente afectando los salarios de las mujeres de mayores ingresos. Por ello, es de esperar que avancemos hacia un postnatal flexible para todas las mujeres, con medidas que resguarden a las trabajadoras más vulnerables ante eventuales abusos por parte de los empleadores. La posibilidad de fomentar reintegro parcial para todas las mujeres, modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, entre otras, pueden ayudar a generar mayor flexibilidad y mayores oportunidades para que las madres puedan optar por mecanismos de conciliación compatibles con su realidad e intereses.
El postnatal es un proyecto importante y muy positivo, y en el debate que viene debemos ser capaces de compatibilizar de buena forma el desarrollo de hijos y madres, con el cuidado de las oportunidades de acceso al trabajo.
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial.
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial. Para muchas mujeres, se había transformado en un compromiso fundamental de este gobierno, en el anhelo de fortalecer el apego a sus hijos y compatibilizar su realidad laboral con el desarrollo de su familia.
El postnatal es un beneficio para la familia, pero está pensado especialmente para el bienestar de los hijos. Cada día tomamos más conciencia de la relevancia del apego y de la generación de vínculos entre el hijo y la madre en la primera etapa de la infancia. Desde ese punto de vista, la extensión del postnatal es una medida que va en la dirección correcta, tal como se ha hecho en muchos países con mayores niveles de desarrollo. De igual forma, el aumento gradual de la cobertura de postnatal contemplado en el proyecto hacia mujeres trabajadoras que hoy no cuentan con ese beneficio -más niños con postnatal- es una excelente decisión.
Pero junto con fomentar el apego y el desarrollo afectivo de los niños y su vínculo con sus padres, se debe considerar los efectos que una medida como ésta puede tener en materia fiscal y en materia laboral. Desde el punto de vista de los recursos públicos, este proyecto implica un esfuerzo importante, en el cual vale la pena invertir, y cuyos costos se pueden compensar con una reducción de muchas de las licencias irregulares que hoy se utilizan para extender artificialmente el postnatal. Para ello ya se está trabajando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Adicionalmente, parece correcto el límite de 30 UF de cobertura para los últimos 3 meses del postnatal. En Chile cerca del 83% de las mujeres que se beneficiarían de la extensión del postnatal tienen ingresos iguales o inferiores a 30 UF. Subir el límite implica un costo fiscal enorme, y no focaliza el apoyo en los quienes más lo necesitan.
En materia laboral, el debate legislativo sobre la extensión del postnatal será muy importante. Chile tiene una baja participación laboral femenina, especialmente en las mujeres más pobres, y el desafío es aumentarla, pues su crecimiento es un vehículo importante de superación de la pobreza y de desarrollo para la clase media. Por ello, creo que la irrenunciabilidad pensada para los cuatro quintiles más pobres debiera ser reemplazada por voluntariedad para todas las mujeres, no sólo para un grupo como está contemplado en la iniciativa del Ejecutivo. Si bien pueden existir asimetrías de poder en la relación laboral para las mujeres más vulnerables, que fundamenten el concepto de irrenunciabilidad, pareciera que el remedio podría ser peor que la enfermedad, dificultando el acceso al trabajo de las mujeres más pobres, y eventualmente afectando los salarios de las mujeres de mayores ingresos. Por ello, es de esperar que avancemos hacia un postnatal flexible para todas las mujeres, con medidas que resguarden a las trabajadoras más vulnerables ante eventuales abusos por parte de los empleadores. La posibilidad de fomentar reintegro parcial para todas las mujeres, modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, entre otras, pueden ayudar a generar mayor flexibilidad y mayores oportunidades para que las madres puedan optar por mecanismos de conciliación compatibles con su realidad e intereses.
El postnatal es un proyecto importante y muy positivo, y en el debate que viene debemos ser capaces de compatibilizar de buena forma el desarrollo de hijos y madres, con el cuidado de las oportunidades de acceso al trabajo.
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