No hay Binominal sin competencia
Ernesto Silva Méndez
Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo
Ad portas del vigésimo aniversario de la instalación del sistema binominal en nuestro país, y como consecuencia de la llegada de Joaquín Lavín a la quinta región costa, ha vuelto a reflotar la discusión sobre la conveniencia de competir a todo evento en las duplas parlamentarias. Esto, bajo el argumento de que la decisión de competir pone el riesgo al partido afectado por el nuevo candidato. ¡Pero si de eso se trata en un sistema electoral binominal!
El sistema binominal ha resistido múltiples embates en sus dos décadas de vigencia, y ha logrado ser utilizado para seis procesos electorales (si contamos el que tendrá lugar este año). Los ataques han sido múltiples. El más tradicional argumenta que el mecanismo sobre representa a las grandes coaliciones, permitiendo que con un tercio de los votos se logre la mitad de los cupos, o bien, que con dos tercios de los votos se alcance la totalidad de los cargos.
Otra de las críticas clásicas es la supuesta exclusión que generaría para las minorías políticas, las cuales no habrían tenido representación parlamentaria en estos años. Pero pareciera que muchos olvidan que nadie priva a las minorías de pactar políticamente con las coaliciones, tal como posiblemente lo hará el Partido Comunista con la Concertación, legitimando de paso el sistema electoral.
Hay algunos que esperan demasiado de los sistemas electorales y en particular del binominal: esperan alta representación, alta participación, incluso esperan que el sistema electoral sea capaz de prevenir comportamientos como los reflejados en el comentado reportaje de televisión de la semana pasada.
La experiencia indica, sin embargo, que ningún sistema es perfecto o ideal. En ese sentido, el binominal es un sistema que ha aportado estabilidad y consistencia.
Pareciera razonable pensar que si los problemas del binominal fueran tan graves, éste ya habría sido modificado, como lo han sido la mayoría de las instituciones controversiales del gobierno militar. Sin embargo, y aún cuando en el discurso de los partidos de gobierno está el eslogan de modificar el binominal, la conducta de los parlamentarios no calza con la arenga. En efecto, los principales afectados por un cambio al sistema electoral son los parlamentarios en ejercicio, pues un nuevo sistema implica un cambio de incentivos, tal vez un cambio en la definición de los distritos y circunscripciones, y, posiblemente un cambio en los resultados. Por eso, es probable que los principales defensores del binominal sigan siendo los parlamentarios en ejercicio.
Pero además de estas críticas conceptuales al sistema binominal, ha surgido una nueva amenaza al sistema, y esta sí es preocupante. Bajo el argumento de minimizar roces al interior de las coaliciones y fomentar la unidad, se ha evitado en algunos casos la competencia total. Eso podría ser entendible si existiera un mecanismo obligatorio de primarias al interior de los bloques que hiciera que todos los candidatos pasaran de verdad por un proceso competitivo y de cara a los ciudadanos. Pero eso no sucede en nuestro sistema electoral actual.
La falta de primarias, sumada a este temor a la competencia en ciertos casos, ha llevado a que existieran en períodos anteriores parlamentarios prácticamente designados por los partidos, que no enfrentaron de verdad la competencia propia de un proceso electoral.
Para los partidarios de una economía de mercado, la competencia es una forma eficiente de asignar los recursos, tanto en los mercados tradicionales como en el mercado político. El riesgo que hoy enfrenta el binominal es ser desvirtuado si se opta por no competir y proteger a los incumbentes.
A falta de primarias obligatorias al interior de las coaliciones, el binominal exige competencia.
martes, 9 de junio de 2009
viernes, 5 de junio de 2009
Columna La Segunda 11 de Mayo 2009: Marco, Recién en la Toma 1
Marco: recién en la Toma 1
La irrupción de Marco Enríquez-Ominami es un dato, un hecho, algo que ya pasó. Su actitud arriesgada le ha permitido instalarse en el punto de partida de la carrera presidencial, pero, para ser honestos, todavía tiene mucho que demostrar.
Sin duda su irrupción ha sido un fenómeno y él tiene mucho mérito en lo que está pasando. Pero no es el único con méritos en el asunto. Tan meritorios como él son aquellos que por años han mantenido una forma monótona y anquilosada de hacer política, generando las condiciones para que un liderazgo como éste surja con fuerza.
Las debilidades de la clase política han permitido que Marco aparezca, pero no serán suficientes para que él pueda quedarse. Ahora le toca a él.
Para continuar en la carrera, el díscolo diputado debe, en primer término, barrer con toda la historia que carga. Y se trata de una carga pesada.
Marco es un diputado oficialista, elegido con los votos del conglomerado de gobierno. Es hijo de la tradición concertacionista en su más pura expresión. Fue elegido diputado al alero de su padre, en uno de los tres distritos de la circunscripción senatorial que representa Carlos Ominami. Su mundo ha sido la Concertación, a pesar de la actitud díscola que ha mostrado en el Congreso.
El discurso de Enríquez-Ominami es frontal contra el corazón de la política, incluyendo a la Concertación, hablando incluso de la “colusión de los partidos”. Pero, por ahora, lo suyo va en el discurso. ¿Estará dispuesto a barrer con todo lo que representa su historia, su origen y su coalición?
Si Marco es consecuente, debe romper los esquemas de la Concertación, desobedecer las órdenes de su partido, amenazar los cupos parlamentarios de sus actuales aliados, y disputarle el liderazgo a los Escalona, Auth, Latorre, entre otros.
La semana pasada anunció que competirá con una lista parlamentaria propia, y ha invitado a sus potenciales contendores a enfrentamientos en distintos ámbitos. A Frei lo ha desafiado a la competencia política. A Piñera lo ha emplazado a debatir ideas.
Por la forma en que se ha desarrollado la política chilena en los últimos años, es razonable cuestionarse si Marco Enríquez-Ominami llegará a puerto. Desde el punto de vista de la renovación de la política, sería positivo su progreso. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema y de las ideas, aún no sabemos.
El entusiasmo y el aura que rondan al díscolo diputado parecen olvidar que las elecciones son en diciembre y que las candidaturas se inscriben en septiembre. Mantener la fuerza, la creatividad, la consistencia en el discurso, la simpatía ciudadana, la atención de los medios, y cuidarse de errores por tantos meses no es tarea fácil y en el entorno del diputado lo saben bien. Marco debe demostrar que puede ser un maratonista de la política, y no sólo una estrella fugaz de la temporada de otoño.
Por eso, el entusiasmo por su irrupción quedará rápidamente en el pasado para ser sustituido por el cuestionamiento y las expectativas: ¿en qué terminará este proyecto? Existen dos grandes caminos. El primero que consiste en revolotear en la política por un tiempo repartiendo críticas hasta finalmente ceder ante la fuerza de la Concertación, negociando que sus ideas y liderazgo sean relevantes en el futuro de la coalición. El segundo gran camino, romper con todo y llegar hasta el final, cueste lo que cueste.
Recién vamos en la toma 1, y quedan muchas tomas más, con desarrollo incierto. No sabemos si terminará como muchas otras promesas sometidas y capturadas por el sistema tras una buena negociación, o si dará un salto de verdad hacia un cambio de fondo. Por ahora sólo podemos decir: rodando toma 2.
La irrupción de Marco Enríquez-Ominami es un dato, un hecho, algo que ya pasó. Su actitud arriesgada le ha permitido instalarse en el punto de partida de la carrera presidencial, pero, para ser honestos, todavía tiene mucho que demostrar.
Sin duda su irrupción ha sido un fenómeno y él tiene mucho mérito en lo que está pasando. Pero no es el único con méritos en el asunto. Tan meritorios como él son aquellos que por años han mantenido una forma monótona y anquilosada de hacer política, generando las condiciones para que un liderazgo como éste surja con fuerza.
Las debilidades de la clase política han permitido que Marco aparezca, pero no serán suficientes para que él pueda quedarse. Ahora le toca a él.
Para continuar en la carrera, el díscolo diputado debe, en primer término, barrer con toda la historia que carga. Y se trata de una carga pesada.
Marco es un diputado oficialista, elegido con los votos del conglomerado de gobierno. Es hijo de la tradición concertacionista en su más pura expresión. Fue elegido diputado al alero de su padre, en uno de los tres distritos de la circunscripción senatorial que representa Carlos Ominami. Su mundo ha sido la Concertación, a pesar de la actitud díscola que ha mostrado en el Congreso.
El discurso de Enríquez-Ominami es frontal contra el corazón de la política, incluyendo a la Concertación, hablando incluso de la “colusión de los partidos”. Pero, por ahora, lo suyo va en el discurso. ¿Estará dispuesto a barrer con todo lo que representa su historia, su origen y su coalición?
Si Marco es consecuente, debe romper los esquemas de la Concertación, desobedecer las órdenes de su partido, amenazar los cupos parlamentarios de sus actuales aliados, y disputarle el liderazgo a los Escalona, Auth, Latorre, entre otros.
La semana pasada anunció que competirá con una lista parlamentaria propia, y ha invitado a sus potenciales contendores a enfrentamientos en distintos ámbitos. A Frei lo ha desafiado a la competencia política. A Piñera lo ha emplazado a debatir ideas.
Por la forma en que se ha desarrollado la política chilena en los últimos años, es razonable cuestionarse si Marco Enríquez-Ominami llegará a puerto. Desde el punto de vista de la renovación de la política, sería positivo su progreso. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema y de las ideas, aún no sabemos.
El entusiasmo y el aura que rondan al díscolo diputado parecen olvidar que las elecciones son en diciembre y que las candidaturas se inscriben en septiembre. Mantener la fuerza, la creatividad, la consistencia en el discurso, la simpatía ciudadana, la atención de los medios, y cuidarse de errores por tantos meses no es tarea fácil y en el entorno del diputado lo saben bien. Marco debe demostrar que puede ser un maratonista de la política, y no sólo una estrella fugaz de la temporada de otoño.
Por eso, el entusiasmo por su irrupción quedará rápidamente en el pasado para ser sustituido por el cuestionamiento y las expectativas: ¿en qué terminará este proyecto? Existen dos grandes caminos. El primero que consiste en revolotear en la política por un tiempo repartiendo críticas hasta finalmente ceder ante la fuerza de la Concertación, negociando que sus ideas y liderazgo sean relevantes en el futuro de la coalición. El segundo gran camino, romper con todo y llegar hasta el final, cueste lo que cueste.
Recién vamos en la toma 1, y quedan muchas tomas más, con desarrollo incierto. No sabemos si terminará como muchas otras promesas sometidas y capturadas por el sistema tras una buena negociación, o si dará un salto de verdad hacia un cambio de fondo. Por ahora sólo podemos decir: rodando toma 2.
lunes, 1 de junio de 2009
Diario Financiero Mayo: Velasco en Campaña
En los últimos días se ha mencionado el nombre del Ministro de Hacienda Andrés Velasco como potencial protagonista de la campaña presidencial de este año. Se le ha mencionado como posible candidato y también como posible apoyo estratégico para el abanderado de la Concertación. ¿Cuál será el lugar de Velasco en la campaña?
Lo primero a analizar es la opción de candidatura presidencial. El hecho que Velasco sea hoy considerado como opción puede corresponder al reconocimiento que la opinión pública tiene respecto de su rol de ministro, o puede corresponder también a las posibles debilidades que algunos han señalado respecto de la candidatura del Senador Frei.
Existe consenso en que el Ministro ha destacado en el manejo de las finanzas del gobierno y en la estrategia particular para enfrentar la crisis. En ese sentido, se podría decir que es justo el reconocimiento a su rol como ministro. Pero una cosa es ser el jefe de las finanzas, y otra distinta es ser la primera autoridad del país. Velasco ha sido reconocido hasta ahora en su rol de ministro, no en su rol de potencial presidente. Por ello es riesgoso querer asignar livianamente estatus presidencial a un ministro en ejercicio. Para ello, debe demostrar mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora, y debe tener intención de serlo.
Adicionalmente, el fantasma de los Ministros de Hacienda-Candidatos Presidenciales no es un fenómeno nuevo, especialmente cuando las finanzas públicas han sido manejadas correctamente. Si se revisa a los ministros de esta cartera desde fines de los ochenta, se aprecia que la mayoría de ellos ha tenido en algún momento la etiqueta de Presidenciable. En efecto, Büchi fue candidato, Foxley fue considerado opción, Eyzaguirre lo fue también para algunos, y ahora lo es Velasco. En ese sentido, nada extraordinario estaría pasando aún.
Eso hasta ahora, porque el asunto toma otro matiz al observar que el candidato de la Concertación está enfrentando un momento difícil. Después de un relevante progreso y despegue, el Senador Frei ha enfrentado en las últimas semanas un estancamiento en su progreso electoral; ha debido sortear una primaria compleja; y ha debido enfrentar a un nuevo y díscolo competidor. Tal vez ha sido esto último –la irrupción de Marco Enríquez-Ominami- lo que ha generado más incertidumbre y ha abierto la opción de considerar al Ministro de Hacienda como potencial solución.
Aún en este escenario, no es sencillo que el ministro se transforme prontamente en opción viable al interior de la Concertación. Velasco ha logrado convivir con los partidos, pero no es un hombre de los partidos. Se requiere de un proceso de acercamiento y generación de confianzas en el cual el Ministro tendría que jugar un rol activo, algo que hasta ahora no pareciera interesado en hacer.
Por eso, la posibilidad de Velasco candidato es aún remota. Pero sí parece viable la opción de Velasco en campaña, transformándose –junto a la Presidenta- en apoyos relevantes para el candidato de la Concertación.
Un esquema de este tipo podría permitirle a Velasco traspasar su capital de ministro al proyecto de Frei, sin entrar a la batalla presidencial que tantos costos puede tener para su figura. Cualquiera sea el escenario, Velasco entra a la campaña.
Lo primero a analizar es la opción de candidatura presidencial. El hecho que Velasco sea hoy considerado como opción puede corresponder al reconocimiento que la opinión pública tiene respecto de su rol de ministro, o puede corresponder también a las posibles debilidades que algunos han señalado respecto de la candidatura del Senador Frei.
Existe consenso en que el Ministro ha destacado en el manejo de las finanzas del gobierno y en la estrategia particular para enfrentar la crisis. En ese sentido, se podría decir que es justo el reconocimiento a su rol como ministro. Pero una cosa es ser el jefe de las finanzas, y otra distinta es ser la primera autoridad del país. Velasco ha sido reconocido hasta ahora en su rol de ministro, no en su rol de potencial presidente. Por ello es riesgoso querer asignar livianamente estatus presidencial a un ministro en ejercicio. Para ello, debe demostrar mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora, y debe tener intención de serlo.
Adicionalmente, el fantasma de los Ministros de Hacienda-Candidatos Presidenciales no es un fenómeno nuevo, especialmente cuando las finanzas públicas han sido manejadas correctamente. Si se revisa a los ministros de esta cartera desde fines de los ochenta, se aprecia que la mayoría de ellos ha tenido en algún momento la etiqueta de Presidenciable. En efecto, Büchi fue candidato, Foxley fue considerado opción, Eyzaguirre lo fue también para algunos, y ahora lo es Velasco. En ese sentido, nada extraordinario estaría pasando aún.
Eso hasta ahora, porque el asunto toma otro matiz al observar que el candidato de la Concertación está enfrentando un momento difícil. Después de un relevante progreso y despegue, el Senador Frei ha enfrentado en las últimas semanas un estancamiento en su progreso electoral; ha debido sortear una primaria compleja; y ha debido enfrentar a un nuevo y díscolo competidor. Tal vez ha sido esto último –la irrupción de Marco Enríquez-Ominami- lo que ha generado más incertidumbre y ha abierto la opción de considerar al Ministro de Hacienda como potencial solución.
Aún en este escenario, no es sencillo que el ministro se transforme prontamente en opción viable al interior de la Concertación. Velasco ha logrado convivir con los partidos, pero no es un hombre de los partidos. Se requiere de un proceso de acercamiento y generación de confianzas en el cual el Ministro tendría que jugar un rol activo, algo que hasta ahora no pareciera interesado en hacer.
Por eso, la posibilidad de Velasco candidato es aún remota. Pero sí parece viable la opción de Velasco en campaña, transformándose –junto a la Presidenta- en apoyos relevantes para el candidato de la Concertación.
Un esquema de este tipo podría permitirle a Velasco traspasar su capital de ministro al proyecto de Frei, sin entrar a la batalla presidencial que tantos costos puede tener para su figura. Cualquiera sea el escenario, Velasco entra a la campaña.
Columna La Segunda Abril 2009: Dos almas del socialismo: Escalona y Enríquez-Ominami
Ad portas de una elección presidencial de gran trascendencia, el socialismo –militante y no militante- muestra distintas caras. El abanico de visiones va desde un Escalona concertacionista, un Arrate nostálgico, un Navarro pseudo-revolucionario, y un Enríquez-Ominami disruptivo y que apela creativamente a las nuevas audiencias.
Tal vez los dos más interesantes de las últimas semanas y los que más darán que hablar este año son Escalona y Enríquez-Ominami.
El primero encarna la tradición concertacionista más pura de estas dos décadas. Es quien mejor entiende el poder, porque lo tiene y lo ha ejercido sin ponerse nervioso desde la Cámara de Diputados, el Senado, la Presidencia del PS, entre otros roles. Escalona es un dirigente duro, seco, y a la vez pragmático y sin complejos. Ha estado siempre alineado con la Concertación, castigando como sea –Gómez es el mejor ejemplo- los intentos de desliz y gustitos personales que pueden poner en riesgo por un momento la estabilidad y futuro de la coalición.
Escalona ha dado testimonio de gobernabilidad al interior de la Concertación, y eso bien lo saben tanto en su partido, como en la DC, PPD, PRSD, y en el propio gobierno de la Presidenta Bachelet. En simple, podría decirse que Escalona no se pierde. No se pierde en la necesidad de alinearse siempre con los liderazgos de la Concertación, y no se pierde en repudiar toda iniciativa que genere desorden y promueva el surgimiento de nuevas alternativas o visiones. Escalona es un defensor de la Concertación que ya fue, y que espera siga siendo.
Enríquez-Ominami, por su parte, está en el negocio de la transgresión. En la búsqueda de espacios, en la crítica de lo que está pasando, y la necesidad de romper esquemas. A diferencia de Escalona, Enríquez-Ominami es un socialista 2.0 declarado: vive bien, se trata como burgués, es un empresario del mundo audiovisual, tiene señora famosa de la TV, y no siente vergüenza de desordenarse del tronco oficialista de la Concertación. Algunos dicen que el diputado se quiere dar un gustito. Pero, a decir verdad, Enríquez-Ominami está encarnando una crítica de fondo a la forma de hacer política, tal como otros jóvenes y no tan jóvenes líderes lo están haciendo en otros partidos. Su discurso es contra la falta de ideas, contra la falta de debate, contra la ausencia de reflexión y de propuestas para enfrentar el futuro. Por ahora lo suyo es sólo una promesa, porque se conoce poco aún de sus propuestas e ideas para Chile.
No sabemos aún qué pasará con Enríquez-Ominami. ¿Será Escalona capaz de domarlo y hacerlo volver al redil del orden concertacionista?, ¿Aceptará Enríquez-Ominami volver a su diputación o senaduría o perseverará en su opción presidencial?
El desenlace es importante, porque tiene que ver con el futuro de la Concertación y de la política. Puede que los resultados de la encuesta UDD – La Segunda publicados la semana pasada animen al díscolo diputado socialista a seguir adelante. Ya en esta primera medición supera a Arrate y Navarro, e incluso empata a Zaldívar. Al parecer hay espacio para su apuesta y para su discurso, tanto en los inscritos como muy probablemente en los no inscritos que prontamente integrarán el padrón electoral. La pregunta es si su partido le dará espacio para desarrollarlo desde el interior asumiendo más responsabilidad y poder, o si deberá dar un paso al costado y desarrollar una apuesta personal.
El dilema de los socialistas no es exclusivo de ese partido. Es propio de la mayoría de los partidos políticos, donde los Escalonas intentan contener a los Enríquez-Ominami. Si bien se trata de estilos, formatos y problemas diferentes, la tensión es la misma: presente y futuro en debate.
Tal vez los dos más interesantes de las últimas semanas y los que más darán que hablar este año son Escalona y Enríquez-Ominami.
El primero encarna la tradición concertacionista más pura de estas dos décadas. Es quien mejor entiende el poder, porque lo tiene y lo ha ejercido sin ponerse nervioso desde la Cámara de Diputados, el Senado, la Presidencia del PS, entre otros roles. Escalona es un dirigente duro, seco, y a la vez pragmático y sin complejos. Ha estado siempre alineado con la Concertación, castigando como sea –Gómez es el mejor ejemplo- los intentos de desliz y gustitos personales que pueden poner en riesgo por un momento la estabilidad y futuro de la coalición.
Escalona ha dado testimonio de gobernabilidad al interior de la Concertación, y eso bien lo saben tanto en su partido, como en la DC, PPD, PRSD, y en el propio gobierno de la Presidenta Bachelet. En simple, podría decirse que Escalona no se pierde. No se pierde en la necesidad de alinearse siempre con los liderazgos de la Concertación, y no se pierde en repudiar toda iniciativa que genere desorden y promueva el surgimiento de nuevas alternativas o visiones. Escalona es un defensor de la Concertación que ya fue, y que espera siga siendo.
Enríquez-Ominami, por su parte, está en el negocio de la transgresión. En la búsqueda de espacios, en la crítica de lo que está pasando, y la necesidad de romper esquemas. A diferencia de Escalona, Enríquez-Ominami es un socialista 2.0 declarado: vive bien, se trata como burgués, es un empresario del mundo audiovisual, tiene señora famosa de la TV, y no siente vergüenza de desordenarse del tronco oficialista de la Concertación. Algunos dicen que el diputado se quiere dar un gustito. Pero, a decir verdad, Enríquez-Ominami está encarnando una crítica de fondo a la forma de hacer política, tal como otros jóvenes y no tan jóvenes líderes lo están haciendo en otros partidos. Su discurso es contra la falta de ideas, contra la falta de debate, contra la ausencia de reflexión y de propuestas para enfrentar el futuro. Por ahora lo suyo es sólo una promesa, porque se conoce poco aún de sus propuestas e ideas para Chile.
No sabemos aún qué pasará con Enríquez-Ominami. ¿Será Escalona capaz de domarlo y hacerlo volver al redil del orden concertacionista?, ¿Aceptará Enríquez-Ominami volver a su diputación o senaduría o perseverará en su opción presidencial?
El desenlace es importante, porque tiene que ver con el futuro de la Concertación y de la política. Puede que los resultados de la encuesta UDD – La Segunda publicados la semana pasada animen al díscolo diputado socialista a seguir adelante. Ya en esta primera medición supera a Arrate y Navarro, e incluso empata a Zaldívar. Al parecer hay espacio para su apuesta y para su discurso, tanto en los inscritos como muy probablemente en los no inscritos que prontamente integrarán el padrón electoral. La pregunta es si su partido le dará espacio para desarrollarlo desde el interior asumiendo más responsabilidad y poder, o si deberá dar un paso al costado y desarrollar una apuesta personal.
El dilema de los socialistas no es exclusivo de ese partido. Es propio de la mayoría de los partidos políticos, donde los Escalonas intentan contener a los Enríquez-Ominami. Si bien se trata de estilos, formatos y problemas diferentes, la tensión es la misma: presente y futuro en debate.
domingo, 29 de marzo de 2009
Columna Publicada en Qué Pasa Marzo 2009
Problema de la Droga: Mucho más que una falla de mercado
Ernesto Silva M., Facultad de Gobierno, UDD
En su tema de portada de la semana pasada, The Economist se pregunta cómo detener las guerras contra las drogas y cómo tener éxito en esta lucha. La receta que propone hoy –y que ya viene proponiendo hace veinte años- es la legalización, entendida como un mal menor ante el fracaso de las estrategias de prohibición que han imperado en las últimas décadas.
En su campaña pro legalización de las drogas, el semanario desarrolla una batería de interesantes argumentos. En primer lugar, señala la actual ilegalidad de las drogas fomenta la existencia del narcotráfico, del crimen organizado y de mercados negros e ilegales. En segundo lugar, argumenta que una eventual legalización produciría ahorros en los costos de regulación, permitiendo la focalización de recursos hacia la prevención y el tratamiento. En tercer lugar, se sostiene que la legalización de las drogas podría permitir incluso el desarrollo de mercados legítimos que mejoraran la calidad de las drogas y eventualmente incluso redujeran eficientemente sus potenciales daños. Por último, y en cuarto lugar, se argumenta con fuerza que la lucha contra el narcotráfico en varios países ha llevado a los gobiernos al límite de convertirse en “Estados Fallidos”, incapaces de enfrentar con éxito este flagelo y sostener su viabilidad democrática.
Se trata de argumentos interesantes y atendibles, fundados fuertemente en un análisis de eficiencia económica y de optimización del funcionamiento de los mercados. En efecto, los mercados son siempre perfectibles. Pero ello no implica, necesariamente, que la aspiración a un mercado perfecto sea el enfoque principal en este tema. Lo que creemos como sociedad, los incentivos que generamos, las opciones que ofrecemos a las familias y a los jóvenes, son relevantes y son parte del análisis también. Al final del día: ¿en qué sociedad queremos vivir? Esa debe ser parte de la discusión y del debate.
En las líneas que siguen, quisiera analizar los argumentos para promover la legalización y plantear un contrapunto.
Tal vez el primer punto del análisis consiste en determinar qué drogas legalizar. Una cosa es legalizar la marihuana (y eventualmente otras drogas blandas), y otra es legalizar todo tipo de drogas, aunque sean duras y de alto daño potencial. Las drogas duras producen alto daño, generan alta adicción e incentivos perversos en las personas, afectando severamente su salud. No parece una opción siquiera la legalización de drogas de este calibre en nuestro país, por muy eficiente que llegara a ser la creación de un mercado lícito para ello. Inaceptable.
Si descartamos la opción de legalizar drogas duras y nos focalizamos en la discusión acerca de la marihuana, los argumentos pro legalización se debilitan.
Respecto del primer argumento, con la legalización de la marihuana no se eliminaría el narcotráfico, ni la posible corrupción de las policías y tribunales, ni los mercados negros, pues seguirían existiendo incentivos para su desarrollo respecto de la cocaína, heroína, y muchas otras drogas.
En lo relativo al eventual ahorro de los costos de regulación, ello es dudoso y discutible. Es más, es probable que aumenten los costos de regulación dado que habría que crear servicios públicos y contratar funcionarios para definir el estándar de la marihuana, su etiquetado, atender los reclamos de los consumidores ante el SERNAC y otras instituciones, definir los lugares y horarios de consumo -¿se podría consumir en horario de trabajo?-, la publicidad de la marihuana, la política en los colegios, entre muchas otras regulaciones. En síntesis, en materia de regulación podrían aumentar los costos con la legalización de la misma.
Se ha argumentado que un mercado lícito podría incentivar mejoras en la calidad de las drogas y eventualmente reducir su efecto dañino, a través del desarrollo de mejores tecnologías. Ello es efectivo, pero también es efectiva la posibilidad de que suceda lo contrario, es decir, que en un mercado lícito de la droga sus oferentes busquen nuevas formas de aumentar la adicción y dependencia, generándose un incentivo perverso y de alto costo.
El último gran argumento es el fracaso de los “Estados Fallidos” en su lucha ante el narcotráfico. En este caso el argumento es incorrecto. En dichos países el problema no es el narcotráfico, sino la calidad y seguridad de sus instituciones. Los promotores de este argumento piensan que a través de la legalización los países dejarán de ser fallidos. Querer corregir la calidad de las instituciones a través de la legalización de la droga es utilizar un instrumento equivocado.
Para terminar, y dejando de lado los argumentos anteriores, me parece importante preguntarse en qué sociedad queremos vivir, y qué señales queremos darle al narcotráfico, a las familias y a los jóvenes. Hay que recordar que las drogas producen importantes externalidades, generan un alto costo social, y los primeros acercamientos a ella suelen venir acompañados de una gran escalada en su consumo y adicción. Abrir la puerta a la marihuana hoy puede abrir puertas insospechadas y perniciosas en el futuro. No queremos eso para nuestro país. Vale la pena seguir dando –y perfeccionando- la lucha frontal contra la droga y el narcotráfico.
Ernesto Silva M., Facultad de Gobierno, UDD
En su tema de portada de la semana pasada, The Economist se pregunta cómo detener las guerras contra las drogas y cómo tener éxito en esta lucha. La receta que propone hoy –y que ya viene proponiendo hace veinte años- es la legalización, entendida como un mal menor ante el fracaso de las estrategias de prohibición que han imperado en las últimas décadas.
En su campaña pro legalización de las drogas, el semanario desarrolla una batería de interesantes argumentos. En primer lugar, señala la actual ilegalidad de las drogas fomenta la existencia del narcotráfico, del crimen organizado y de mercados negros e ilegales. En segundo lugar, argumenta que una eventual legalización produciría ahorros en los costos de regulación, permitiendo la focalización de recursos hacia la prevención y el tratamiento. En tercer lugar, se sostiene que la legalización de las drogas podría permitir incluso el desarrollo de mercados legítimos que mejoraran la calidad de las drogas y eventualmente incluso redujeran eficientemente sus potenciales daños. Por último, y en cuarto lugar, se argumenta con fuerza que la lucha contra el narcotráfico en varios países ha llevado a los gobiernos al límite de convertirse en “Estados Fallidos”, incapaces de enfrentar con éxito este flagelo y sostener su viabilidad democrática.
Se trata de argumentos interesantes y atendibles, fundados fuertemente en un análisis de eficiencia económica y de optimización del funcionamiento de los mercados. En efecto, los mercados son siempre perfectibles. Pero ello no implica, necesariamente, que la aspiración a un mercado perfecto sea el enfoque principal en este tema. Lo que creemos como sociedad, los incentivos que generamos, las opciones que ofrecemos a las familias y a los jóvenes, son relevantes y son parte del análisis también. Al final del día: ¿en qué sociedad queremos vivir? Esa debe ser parte de la discusión y del debate.
En las líneas que siguen, quisiera analizar los argumentos para promover la legalización y plantear un contrapunto.
Tal vez el primer punto del análisis consiste en determinar qué drogas legalizar. Una cosa es legalizar la marihuana (y eventualmente otras drogas blandas), y otra es legalizar todo tipo de drogas, aunque sean duras y de alto daño potencial. Las drogas duras producen alto daño, generan alta adicción e incentivos perversos en las personas, afectando severamente su salud. No parece una opción siquiera la legalización de drogas de este calibre en nuestro país, por muy eficiente que llegara a ser la creación de un mercado lícito para ello. Inaceptable.
Si descartamos la opción de legalizar drogas duras y nos focalizamos en la discusión acerca de la marihuana, los argumentos pro legalización se debilitan.
Respecto del primer argumento, con la legalización de la marihuana no se eliminaría el narcotráfico, ni la posible corrupción de las policías y tribunales, ni los mercados negros, pues seguirían existiendo incentivos para su desarrollo respecto de la cocaína, heroína, y muchas otras drogas.
En lo relativo al eventual ahorro de los costos de regulación, ello es dudoso y discutible. Es más, es probable que aumenten los costos de regulación dado que habría que crear servicios públicos y contratar funcionarios para definir el estándar de la marihuana, su etiquetado, atender los reclamos de los consumidores ante el SERNAC y otras instituciones, definir los lugares y horarios de consumo -¿se podría consumir en horario de trabajo?-, la publicidad de la marihuana, la política en los colegios, entre muchas otras regulaciones. En síntesis, en materia de regulación podrían aumentar los costos con la legalización de la misma.
Se ha argumentado que un mercado lícito podría incentivar mejoras en la calidad de las drogas y eventualmente reducir su efecto dañino, a través del desarrollo de mejores tecnologías. Ello es efectivo, pero también es efectiva la posibilidad de que suceda lo contrario, es decir, que en un mercado lícito de la droga sus oferentes busquen nuevas formas de aumentar la adicción y dependencia, generándose un incentivo perverso y de alto costo.
El último gran argumento es el fracaso de los “Estados Fallidos” en su lucha ante el narcotráfico. En este caso el argumento es incorrecto. En dichos países el problema no es el narcotráfico, sino la calidad y seguridad de sus instituciones. Los promotores de este argumento piensan que a través de la legalización los países dejarán de ser fallidos. Querer corregir la calidad de las instituciones a través de la legalización de la droga es utilizar un instrumento equivocado.
Para terminar, y dejando de lado los argumentos anteriores, me parece importante preguntarse en qué sociedad queremos vivir, y qué señales queremos darle al narcotráfico, a las familias y a los jóvenes. Hay que recordar que las drogas producen importantes externalidades, generan un alto costo social, y los primeros acercamientos a ella suelen venir acompañados de una gran escalada en su consumo y adicción. Abrir la puerta a la marihuana hoy puede abrir puertas insospechadas y perniciosas en el futuro. No queremos eso para nuestro país. Vale la pena seguir dando –y perfeccionando- la lucha frontal contra la droga y el narcotráfico.
Columna publicada en La Segunda 16 Marzo 2009
Tohá y vocería: Sin respeto por las instituciones
Ernesto Silva M., Facultad de Gobierno,
Universidad del Desarrollo
He de confesar que la salida de Vidal de la vocería de gobierno constituye un claro logro del Ejecutivo. Quizás por eso Carolina Tohá ha tenido una buena recepción y existen altas expectativas sobre su desempeño en el último año del gobierno de la Presidenta Bachelet. Era una diputada seria, inteligente y con un buen perfil para el cargo de vocero de gobierno.
Sin embargo, por muy saludable que sea la salida de Vidal de la vocería, la forma en que es designada por la Presidenta es una falta de respeto a la soberanía popular y ciertamente al funcionamiento normal de las instituciones.
Durante los últimos gobiernos de la Concertación, especialmente con Lagos, se hizo famosa la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Pues bien, parece que esa idea ha quedado guardada en un cajón y ha sido reemplazada por el concepto de “hagamos que las instituciones nos sirvan”.
Desde el momento en que la Presidenta manda a llamar al Congreso a un diputado elegido por votación popular para que sea su vocero, nos enfrentamos a un giro en el concepto de respeto hacia las instituciones.
Nuestro ordenamiento no contempla un mecanismo para la renuncia de los diputados ni para su posible salto hacia el gobierno. La forma en que esto se ha hecho ha sido es una forma de torcer los mecanismos institucionales y constituye un arreglo poco explicable.
Me parece que el Congreso queda dañado en este proceso, puesto que el Ejecutivo pasa a tener una especie de control y poder sobre él, aún mayor al que el ordenamiento constitucional consagra. De hecho, la nueva “doctrina” sobre el uso de los diputados como candidatos para los cargos del Ejecutivo podría generar nuevos incentivos para diputados que sueñen ahora con desafíos en el poder ejecutivo.
Hace algún tiempo se debatió la poco feliz posibilidad de autorizar la compatibilidad entre los cargos de ministro de gobierno y parlamentario. Afortunadamente esto no prosperó, amargando la ilusión de parlamentarios que deseaban reelegirse en sus cargos y aspiraban además a ser pilares del equipo ejecutivo del próximo gobierno. Dicha propuesta de modificación pretendía también adaptar las instituciones para la conveniencia personal, y surgía de un interés propio de sus promotores. Ya veremos si en el futuro, una vez que ya no estén en el Congreso, insisten en esta idea con convicción, o si ya dejan de promoverla porque ya no es útil ni conveniente.
Volviendo al caso de la vocería de gobierno, si el análisis no se limita al nombramiento –y destitución- de Tohá sino que se extiende a la llegada de Harboe al Congreso, se aprecia que La Moneda ha logrado hacer los enroques de piezas que considera necesarios para colocar en cargos claves a personas como Tohá y Harboe, independientemente de lo que haya dicho la voluntad popular representada a través de los votos. Harboe quiere ser diputado y hoy es útil para su partido que se incorpore al Congreso. Tohá no quiere seguir siendo diputada y planifica un cambio de giro, compatible hoy con las necesidades del gobierno.
Pero: ¿quién debe decidir quien entra y sale del Congreso? Las instituciones dan una clara respuesta, pero la Presidenta ha optado por otro camino.
Dicho en simple, Tohá no debió ser nombrada ministra, sino que debió honrar la representación que asumió al ser elegida por votación popular en el distrito de Santiago.
Imagínese qué pasaría si después de un tiempo a la Presidenta o al Ministro del Interior no les gusta el estilo de la vocera. ¿Se iniciará un nuevo enroque? Por ejemplo, ¿mandarán a llamar a Harboe como vocero esperando que el PPD vuelva a nombrar diputada a la vocera Tohá? En el nuevo esquema de palacio, esto sí sería posible. En la lógica de respeto de las instituciones, esto sería inaceptable.
Ernesto Silva M., Facultad de Gobierno,
Universidad del Desarrollo
He de confesar que la salida de Vidal de la vocería de gobierno constituye un claro logro del Ejecutivo. Quizás por eso Carolina Tohá ha tenido una buena recepción y existen altas expectativas sobre su desempeño en el último año del gobierno de la Presidenta Bachelet. Era una diputada seria, inteligente y con un buen perfil para el cargo de vocero de gobierno.
Sin embargo, por muy saludable que sea la salida de Vidal de la vocería, la forma en que es designada por la Presidenta es una falta de respeto a la soberanía popular y ciertamente al funcionamiento normal de las instituciones.
Durante los últimos gobiernos de la Concertación, especialmente con Lagos, se hizo famosa la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Pues bien, parece que esa idea ha quedado guardada en un cajón y ha sido reemplazada por el concepto de “hagamos que las instituciones nos sirvan”.
Desde el momento en que la Presidenta manda a llamar al Congreso a un diputado elegido por votación popular para que sea su vocero, nos enfrentamos a un giro en el concepto de respeto hacia las instituciones.
Nuestro ordenamiento no contempla un mecanismo para la renuncia de los diputados ni para su posible salto hacia el gobierno. La forma en que esto se ha hecho ha sido es una forma de torcer los mecanismos institucionales y constituye un arreglo poco explicable.
Me parece que el Congreso queda dañado en este proceso, puesto que el Ejecutivo pasa a tener una especie de control y poder sobre él, aún mayor al que el ordenamiento constitucional consagra. De hecho, la nueva “doctrina” sobre el uso de los diputados como candidatos para los cargos del Ejecutivo podría generar nuevos incentivos para diputados que sueñen ahora con desafíos en el poder ejecutivo.
Hace algún tiempo se debatió la poco feliz posibilidad de autorizar la compatibilidad entre los cargos de ministro de gobierno y parlamentario. Afortunadamente esto no prosperó, amargando la ilusión de parlamentarios que deseaban reelegirse en sus cargos y aspiraban además a ser pilares del equipo ejecutivo del próximo gobierno. Dicha propuesta de modificación pretendía también adaptar las instituciones para la conveniencia personal, y surgía de un interés propio de sus promotores. Ya veremos si en el futuro, una vez que ya no estén en el Congreso, insisten en esta idea con convicción, o si ya dejan de promoverla porque ya no es útil ni conveniente.
Volviendo al caso de la vocería de gobierno, si el análisis no se limita al nombramiento –y destitución- de Tohá sino que se extiende a la llegada de Harboe al Congreso, se aprecia que La Moneda ha logrado hacer los enroques de piezas que considera necesarios para colocar en cargos claves a personas como Tohá y Harboe, independientemente de lo que haya dicho la voluntad popular representada a través de los votos. Harboe quiere ser diputado y hoy es útil para su partido que se incorpore al Congreso. Tohá no quiere seguir siendo diputada y planifica un cambio de giro, compatible hoy con las necesidades del gobierno.
Pero: ¿quién debe decidir quien entra y sale del Congreso? Las instituciones dan una clara respuesta, pero la Presidenta ha optado por otro camino.
Dicho en simple, Tohá no debió ser nombrada ministra, sino que debió honrar la representación que asumió al ser elegida por votación popular en el distrito de Santiago.
Imagínese qué pasaría si después de un tiempo a la Presidenta o al Ministro del Interior no les gusta el estilo de la vocera. ¿Se iniciará un nuevo enroque? Por ejemplo, ¿mandarán a llamar a Harboe como vocero esperando que el PPD vuelva a nombrar diputada a la vocera Tohá? En el nuevo esquema de palacio, esto sí sería posible. En la lógica de respeto de las instituciones, esto sería inaceptable.
Columna Publicada en Diario Financiero 26 Marzo 2009
Falta de sintonía
Ernesto Silva M.,
Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo
Los principales candidatos presidenciales han elegido temas distintos para escalar en la agenda pública de los últimos días. Pareciera que en esa decisión falta sintonía fina con los temas de preocupación de las personas.
Frei, por una parte, ha levantado la discusión sobre el aborto terapéutico como un tema de debate, análisis y de agenda pública. Sin embargo, este no pareciera ser un tema de mayor preocupación entre las personas en su vida cotidiana, aunque la mayoría de los ciudadanos tenga posición definida en esta materia. Lo que estaría haciendo el candidato oficialista, más que levantar un tema de debate y preocupación nacional, es hacer un guiño y saludo al polo progresista de la Concertación, para sumar apoyos a una candidatura que partió con mucha fuerza pero que ahora le está costando despegar.
Adicionalmente, y en el proceso de primaria que lo enfrenta con el Senador Gómez, el equipo de Frei ha intentado minimizar el efecto y alcance del debate que ambos precandidatos tendrán por televisión. La idea del comando de Frei es que sólo se pueda ver en las regiones que participan de esta primaria (sexta y séptima), y evitar que sea visto en el resto del país. ¿Cuál es la lógica de esta decisión? No parece suficiente el argumento de que los temas del debate son propios de las regiones y diferentes a los temas nacionales o de otras regiones. La decisión del comando del candidato oficialista muestra un problema de sintonía y refleja un estilo de política alejado de los ciudadanos. Hoy se espera una discusión política de cara a los votantes, y lamentablemente en este caso que se ha optado por un camino distinto.
En el caso de la Alianza, por otra parte, después de semanas de trabajar en sus propuestas económicas, Piñera giró sus esfuerzos de posicionamiento hacia la discusión limítrofe que nuestro país enfrenta con Perú. Tanto él como su equipo demandaron con insistencia ser recibidos por la Presidenta para discutir este tema de interés nacional. Y al parecer no lo lograron, puesto que la agenda quedó circunscrita al ámbito de los partidos
Si bien es cierto que el ex presidente Aylwin –ante el conflicto por Laguna del Desierto- hablaba de un pedacito más, un pedacito menos de territorio, las credenciales de la Cancillería y de la Presidenta para enfrentar este conflicto parecen adecuadas. De hecho, han logrado concitar gran unidad en la posición del Estado chileno, en un momento en que la Presidenta además goza de una mejorada popularidad y reconocimiento ciudadano.
En este contexto, la petición de reunión con la Presidenta y la búsqueda intensa de posicionamiento en este tema parecen equivocadas, especialmente cuando existe una institucionalidad para canalizar estas inquietudes, la que se desarrolla a través del liderazgo del Presidente de la República, del apoyo de la Cancillería, del trabajo de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso, y de la labor de los Presidentes de los Partidos Políticos.
La principal preocupación de las personas hoy sigue siendo el empleo. Y en este año de crisis, es evidente que el tema demandará soluciones. Los candidatos podrían sintonizar cada vez más fino con esta preocupación, e insistir en este tema en sus agendas, pidiendo a la Presidenta, por ejemplo, que los reciba para tratar con urgencia y profundidad sus propuestas para prevenir el desempleo y generar más puestos de trabajo. Pareciera que los candidatos están priorizando temas que les permiten presencia en la agenda pública antes que temas que requieren de sus propuestas, ideas e iniciativas para producir cambios relevantes.
Ernesto Silva M.,
Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo
Los principales candidatos presidenciales han elegido temas distintos para escalar en la agenda pública de los últimos días. Pareciera que en esa decisión falta sintonía fina con los temas de preocupación de las personas.
Frei, por una parte, ha levantado la discusión sobre el aborto terapéutico como un tema de debate, análisis y de agenda pública. Sin embargo, este no pareciera ser un tema de mayor preocupación entre las personas en su vida cotidiana, aunque la mayoría de los ciudadanos tenga posición definida en esta materia. Lo que estaría haciendo el candidato oficialista, más que levantar un tema de debate y preocupación nacional, es hacer un guiño y saludo al polo progresista de la Concertación, para sumar apoyos a una candidatura que partió con mucha fuerza pero que ahora le está costando despegar.
Adicionalmente, y en el proceso de primaria que lo enfrenta con el Senador Gómez, el equipo de Frei ha intentado minimizar el efecto y alcance del debate que ambos precandidatos tendrán por televisión. La idea del comando de Frei es que sólo se pueda ver en las regiones que participan de esta primaria (sexta y séptima), y evitar que sea visto en el resto del país. ¿Cuál es la lógica de esta decisión? No parece suficiente el argumento de que los temas del debate son propios de las regiones y diferentes a los temas nacionales o de otras regiones. La decisión del comando del candidato oficialista muestra un problema de sintonía y refleja un estilo de política alejado de los ciudadanos. Hoy se espera una discusión política de cara a los votantes, y lamentablemente en este caso que se ha optado por un camino distinto.
En el caso de la Alianza, por otra parte, después de semanas de trabajar en sus propuestas económicas, Piñera giró sus esfuerzos de posicionamiento hacia la discusión limítrofe que nuestro país enfrenta con Perú. Tanto él como su equipo demandaron con insistencia ser recibidos por la Presidenta para discutir este tema de interés nacional. Y al parecer no lo lograron, puesto que la agenda quedó circunscrita al ámbito de los partidos
Si bien es cierto que el ex presidente Aylwin –ante el conflicto por Laguna del Desierto- hablaba de un pedacito más, un pedacito menos de territorio, las credenciales de la Cancillería y de la Presidenta para enfrentar este conflicto parecen adecuadas. De hecho, han logrado concitar gran unidad en la posición del Estado chileno, en un momento en que la Presidenta además goza de una mejorada popularidad y reconocimiento ciudadano.
En este contexto, la petición de reunión con la Presidenta y la búsqueda intensa de posicionamiento en este tema parecen equivocadas, especialmente cuando existe una institucionalidad para canalizar estas inquietudes, la que se desarrolla a través del liderazgo del Presidente de la República, del apoyo de la Cancillería, del trabajo de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso, y de la labor de los Presidentes de los Partidos Políticos.
La principal preocupación de las personas hoy sigue siendo el empleo. Y en este año de crisis, es evidente que el tema demandará soluciones. Los candidatos podrían sintonizar cada vez más fino con esta preocupación, e insistir en este tema en sus agendas, pidiendo a la Presidenta, por ejemplo, que los reciba para tratar con urgencia y profundidad sus propuestas para prevenir el desempleo y generar más puestos de trabajo. Pareciera que los candidatos están priorizando temas que les permiten presencia en la agenda pública antes que temas que requieren de sus propuestas, ideas e iniciativas para producir cambios relevantes.
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