22.7.11
Sin duda uno de los aspectos más importantes del gobierno de la Coalición por el Cambio ha sido la incorporación de muchos profesionales jóvenes al servicio público. Son miles -sí, miles- los profesionales jóvenes y de excelencia que se han sumado con mucho entusiasmo a trabajar en el gobierno.
Las razones por las cuales se han incorporado esas personas son muy diversas. Algunos lo han hecho porque no habían tenido antes la oportunidad de hacerlo. Otros, porque han sentido que tienen la oportunidad de implementar sus ideas y visión de sociedad a través de la tarea del sector público. Otro grupo importante lo ha hecho porque se ha sentido convocado de forma especial por líderes jóvenes que han asumido puestos de relevancia y liderazgo en la primera línea de lo público. Algunos, simplemente llegaron.
Cualquiera sea la causa, muchos jóvenes profesionales están instalados en el gobierno y con ganas de proyectar su tarea en el tiempo.
Los jóvenes se mueven por una causa, por un proyecto, y por liderazgos y referentes que convocan. Para muchos de esos profesionales, la salida de ministros como Ena Von Baer y Felipe Kast significa una interrogante. Ellos representan nuevos liderazgos que la política chilena necesita con urgencia.
En un Chile que está cambiando, en que los ciudadanos se han empoderado y demandan nuevas formas de vinculación y relación con los políticos, es necesario y urgente contar con nuevos liderazgos que encarnen ese Chile que demanda cambio.
Todas las encuestas de opinión pública señalan que la política no está siendo bien evaluada, y los políticos debemos entender esa demanda y ser capaces de dar respuesta.
Se requiere liderazgo para enfrentar los desafíos de una sociedad cambiante, pero no basta con el liderazgo. Se requieren también nuevas ideas y aire fresco para generar las respuestas a los problemas que han emergido y para escuchar y entender cómo está cambiando y hacia dónde va el país.
Cuando observamos que nuestro país crece de manera importante generando muchos empleos y oportunidades, pero cuando al mismo tiempo existe una sensación de postergación y falta de oportunidades, se requieren miradas que sean capaces de entender estas tensiones sin dejarse llevar por ideologías simples o eslóganes livianos. Se necesita una comprensión profunda y empática, basada en el conocimiento de la realidad, pero anclada también en un conjunto de ideas que propongan al país una forma de progresar y generar oportunidades y desarrollo.
La salida del gabinete de jóvenes ministros llama a la reflexión, y al mismo tiempo al desafío, de entender que se requiere una renovación urgente, y a la vez permanente, de las ideas y de los liderazgos, que sean capaces de convocar a muchas personas a construir juntos el país, y al mismo tiempo a encauzar los debates que Chile debe enfrentar en las próximas décadas.
Necesitamos cuidar y promover los nuevos referentes, y generar más ideas y respuestas a los desafíos de Chile. En política, hay mucho espacio para innovar.
lunes, 22 de agosto de 2011
martes, 31 de mayo de 2011
Reformas Políticas
Carta al Director, Diario La Tercera
31.05.2011
Señor director:
Tras leer con atención la columna de Marco Enríquez-Ominami -publicada el viernes en este medio- me gustaría hacer una pequeña precisión respecto de su contenido. En ella, el timonel del PRO señala que el Presidente Piñera prometió en su reciente Cuenta Pública el envío de un proyecto que incluya la inscripción automática y el voto voluntario.
Deseo informarle a Marco Enríquez que el Mandatario envió el 1 de diciembre de 2010 un proyecto al Senado en esa línea. A éste se le aplicó suma urgencia en marzo del presente año y finalmente fue aprobado en general el pasado 10 de mayo.
Ernesto Silva
Diputado UDI
31.05.2011
Señor director:
Tras leer con atención la columna de Marco Enríquez-Ominami -publicada el viernes en este medio- me gustaría hacer una pequeña precisión respecto de su contenido. En ella, el timonel del PRO señala que el Presidente Piñera prometió en su reciente Cuenta Pública el envío de un proyecto que incluya la inscripción automática y el voto voluntario.
Deseo informarle a Marco Enríquez que el Mandatario envió el 1 de diciembre de 2010 un proyecto al Senado en esa línea. A éste se le aplicó suma urgencia en marzo del presente año y finalmente fue aprobado en general el pasado 10 de mayo.
Ernesto Silva
Diputado UDI
viernes, 27 de mayo de 2011
Cuidar las instituciones
Cuidar las Instituciones
Javier Macaya, Diputado
Ernesto Silva, Diputado
El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.
Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.
Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.
Ambos riesgos van de la mano.
Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.
Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.
Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.
Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.
En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.
Javier Macaya, Diputado
Ernesto Silva, Diputado
El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.
Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.
Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.
Ambos riesgos van de la mano.
Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.
Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.
Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.
Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.
En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.
Caso Arrayán y evaluación de los jueces
Columna Diario Financiero
27.05.11
La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.
Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.
En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.
A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.
Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.
Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación? La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.
Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.
Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.
27.05.11
La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.
Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.
En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.
A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.
Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.
Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación? La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.
Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.
Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.
lunes, 9 de mayo de 2011
Bitran se equivoca con la Alta Dirección Pública
Diario El Mostrador, 9.5.11
En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.
Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.
En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.
Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.
Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.
En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto
limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.
Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.
Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.
En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.
En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.
Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.
En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.
Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.
Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.
En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto
limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.
Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.
Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.
En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.
viernes, 29 de abril de 2011
No hay que esperar más: reforma del Estado aquí y ahora
Columna Diario Finaciero
29.04.2011
El gobierno de la Coalición por el Cambio definió siete grandes reformas para Chile. En este listado, de la que menos se habla es de la Modernización del Estado. Se trata, a mi juicio, de uno de los ejes más importantes para lograr que el país alcance los niveles de desarrollo que permitan que los chilenos vivan mejor.
No podemos esperar avances relevantes si no somos capaces de modernizar el Estado en serio.
Los hechos que han sido parte del debate público y político de las últimas semanas, son un ejemplo más de que el Estado -como está hoy- no da el ancho para lo que el país necesita.
Asesores que cumplirían roles de carácter más bien directivo, procesos lentos y débilmente controlados, necesidad de acuerdos extrajudiciales por errores previos en la gestión de la actividad pública, muestran nuevamente que el Estado debe avanzar y debe hacerlo con urgencia.
Por eso, creo que no hay que esperar más y tomarse el tema de la modernización del Estado en serio, avanzando en los nudos de fondo que limitan la competitividad, eficiencia, y rendición de cuentas.
Se necesita un nuevo trato para los funcionarios públicos a todo nivel, no sólo para los altos directivos, revisando la inamovilidad, incorporando mejores sistemas de evaluación y mejores procesos de gestión de recursos humanos.
Se requiere transparentar la añeja situación de las plantas de funcionarios, del personal a contrata y de quienes están a honorarios. La rigidez actual del Estado no permite un sistema racional y eficiente de recursos humanos que compatibilice protección en el empleo con eficiencia en alcanzar las metas que el gobierno se propone.
Urge, además, avanzar en la evaluación de los programas, en la rendición de cuentas de las autoridades y de los servicios, y en la forma en que se preparan y ejecutan los presupuestos.
Por otra parte, la descentralización y la asignación de decisiones y recursos a los gobiernos locales es parte de los desafíos centrales de cualquier modernización del Estado, y, en este punto, seguimos muy atrasados.
Si revisamos la década pasada, hubo dos grandes olas modernizadoras del Estado. La primera fue en 2003 con el Acuerdo de Modernización, que se tradujo en una potente agenda corta que incluyó la Alta Dirección Pública, el Sistema de Compras Públicas, el Financiamiento Público de la Política, la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras. La segunda fue en 2007-2008 cuando se intentaron aprobar varias medidas pero sólo destacó la Ley de Transparencia. Tal vez la diferencia estuvo en que en 2003 existía un consenso previo entre expertos técnicos y políticos sobre cómo se debía avanzar. El consenso de 2007, en cambio, era menor.
Hoy tenemos una oportunidad enorme porque se juntan dos factores críticos para avanzar: conciencia sobre la necesidad de reformar el Estado y bases para un consenso técnico en lo que se debe abordar. El Consorcio de Reforma del Estado del año 2009 propuso muchas y buenas soluciones.
Por ello, el gobierno debe promover con urgencia este pilar del programa de gobierno, impulsando una agenda modernizadora contundente y ambiciosa.
29.04.2011
El gobierno de la Coalición por el Cambio definió siete grandes reformas para Chile. En este listado, de la que menos se habla es de la Modernización del Estado. Se trata, a mi juicio, de uno de los ejes más importantes para lograr que el país alcance los niveles de desarrollo que permitan que los chilenos vivan mejor.
No podemos esperar avances relevantes si no somos capaces de modernizar el Estado en serio.
Los hechos que han sido parte del debate público y político de las últimas semanas, son un ejemplo más de que el Estado -como está hoy- no da el ancho para lo que el país necesita.
Asesores que cumplirían roles de carácter más bien directivo, procesos lentos y débilmente controlados, necesidad de acuerdos extrajudiciales por errores previos en la gestión de la actividad pública, muestran nuevamente que el Estado debe avanzar y debe hacerlo con urgencia.
Por eso, creo que no hay que esperar más y tomarse el tema de la modernización del Estado en serio, avanzando en los nudos de fondo que limitan la competitividad, eficiencia, y rendición de cuentas.
Se necesita un nuevo trato para los funcionarios públicos a todo nivel, no sólo para los altos directivos, revisando la inamovilidad, incorporando mejores sistemas de evaluación y mejores procesos de gestión de recursos humanos.
Se requiere transparentar la añeja situación de las plantas de funcionarios, del personal a contrata y de quienes están a honorarios. La rigidez actual del Estado no permite un sistema racional y eficiente de recursos humanos que compatibilice protección en el empleo con eficiencia en alcanzar las metas que el gobierno se propone.
Urge, además, avanzar en la evaluación de los programas, en la rendición de cuentas de las autoridades y de los servicios, y en la forma en que se preparan y ejecutan los presupuestos.
Por otra parte, la descentralización y la asignación de decisiones y recursos a los gobiernos locales es parte de los desafíos centrales de cualquier modernización del Estado, y, en este punto, seguimos muy atrasados.
Si revisamos la década pasada, hubo dos grandes olas modernizadoras del Estado. La primera fue en 2003 con el Acuerdo de Modernización, que se tradujo en una potente agenda corta que incluyó la Alta Dirección Pública, el Sistema de Compras Públicas, el Financiamiento Público de la Política, la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras. La segunda fue en 2007-2008 cuando se intentaron aprobar varias medidas pero sólo destacó la Ley de Transparencia. Tal vez la diferencia estuvo en que en 2003 existía un consenso previo entre expertos técnicos y políticos sobre cómo se debía avanzar. El consenso de 2007, en cambio, era menor.
Hoy tenemos una oportunidad enorme porque se juntan dos factores críticos para avanzar: conciencia sobre la necesidad de reformar el Estado y bases para un consenso técnico en lo que se debe abordar. El Consorcio de Reforma del Estado del año 2009 propuso muchas y buenas soluciones.
Por ello, el gobierno debe promover con urgencia este pilar del programa de gobierno, impulsando una agenda modernizadora contundente y ambiciosa.
viernes, 1 de abril de 2011
Políticas sociales 2.0: capacidades y empleo
Es imposible negar los importantes avances llevados a cabo en materias de políticas sociales durante los últimos 20 años. Este proceso significó una transformación completa del sistema de protección social y el resultado fue una red de programas destinados a asegurar los estándares de vida mínimos para un número importante de compatriotas.
Sin embargo, la evaluación de los distintos programas de protección social no ha sido siempre positiva. A modo de ejemplo, en su reciente libro Larrañaga y Contreras plantean serias dudas respecto del impacto del programa Chile Solidario. Al mismo tiempo, y tras detectar gastos operacionales altísimos, el gobierno ha planteado la necesidad de asegurar la eficiencia en el gasto de los programas sociales. Entonces, luego de 20 años de avances parece adecuado re-pensar algunos de los elementos clave de nuestro sistema de protección social. En este sentido, el Ingreso Etico Familiar aparece como gran oportunidad. Si bien los avances del proyecto no se han hecho públicos, considero importante plantear dos elementos que deberían ser el core del mismo. El primero está asociado con la necesidad de avanzar no solamente en la entrega de derechos, sino que también con la exigencia de deberes. El segundo es el hacer de la creación de empleos un pilar fundamental de este proyecto.
Si bien la evidencia no es absolutamente concluyente, todo parece indicar que el camino más efectivo y eficiente para asegurar el éxito de la política social apunta a la utilización de transferencias (realmente) condicionadas como el marco conceptual del Ingreso Etico. Lamentablemente, la red de protección hoy existente casi no exige esfuerzos a quienes participan de ella y, por lo tanto, hoy no aprovechamos el gran potencial de los hogares participes de la misma. Es necesario, entonces, mejorar los estándares e innovar. Cualquier nueva transferencia debiera ser condicionada en esfuerzos reales, que potencien las capacidades de los hogares. No es difícil, entonces, imaginar la posibilidad de condicionar sobre mejoras en el desempeño educacional, salud, e incluso criminalidad o delincuencia de la población. Elementos como éstos deben ser parte de las políticas sociales 2.0 en general, y del Ingreso Etico Familiar en particular.
Un énfasis en los incentivos a conseguir y mantener un empleo debe ser el segundo elemento que caracterice a nuestras políticas sociales 2.0. La necesidad de avanzar en esta línea ha sido planteada incluso por el ex ministro Andrés Velasco y por expertos como Patricio Meller, entre otros. Empleo, empleo y empleo debe ser parte del slogan de nuestra política social 2.0. Un empleo hoy en Chile significa un ingreso mínimo, un seguro de cesantía, un acceso a salud y previsión, y, más importante aún, la posibilidad de dejar atrás la condición de vulnerabilidad. En este sentido, el no considerar medidas pro-empleo pondría en jaque los esfuerzos para terminar con la pobreza en nuestro país.
En las semanas que vienen se inicia la implementación de la Bonificación al Ingreso Etico Familiar, pero en paralelo se prepara el proyecto de ley que establecerá las bases permanentes del Ingreso Etico Familiar. Nuestro desafío es lograr que este nuevo proyecto sea un ejemplo de políticas sociales 2.0: a fortalecer las capacidades y el empleo de las familias vulnerables.
Sin embargo, la evaluación de los distintos programas de protección social no ha sido siempre positiva. A modo de ejemplo, en su reciente libro Larrañaga y Contreras plantean serias dudas respecto del impacto del programa Chile Solidario. Al mismo tiempo, y tras detectar gastos operacionales altísimos, el gobierno ha planteado la necesidad de asegurar la eficiencia en el gasto de los programas sociales. Entonces, luego de 20 años de avances parece adecuado re-pensar algunos de los elementos clave de nuestro sistema de protección social. En este sentido, el Ingreso Etico Familiar aparece como gran oportunidad. Si bien los avances del proyecto no se han hecho públicos, considero importante plantear dos elementos que deberían ser el core del mismo. El primero está asociado con la necesidad de avanzar no solamente en la entrega de derechos, sino que también con la exigencia de deberes. El segundo es el hacer de la creación de empleos un pilar fundamental de este proyecto.
Si bien la evidencia no es absolutamente concluyente, todo parece indicar que el camino más efectivo y eficiente para asegurar el éxito de la política social apunta a la utilización de transferencias (realmente) condicionadas como el marco conceptual del Ingreso Etico. Lamentablemente, la red de protección hoy existente casi no exige esfuerzos a quienes participan de ella y, por lo tanto, hoy no aprovechamos el gran potencial de los hogares participes de la misma. Es necesario, entonces, mejorar los estándares e innovar. Cualquier nueva transferencia debiera ser condicionada en esfuerzos reales, que potencien las capacidades de los hogares. No es difícil, entonces, imaginar la posibilidad de condicionar sobre mejoras en el desempeño educacional, salud, e incluso criminalidad o delincuencia de la población. Elementos como éstos deben ser parte de las políticas sociales 2.0 en general, y del Ingreso Etico Familiar en particular.
Un énfasis en los incentivos a conseguir y mantener un empleo debe ser el segundo elemento que caracterice a nuestras políticas sociales 2.0. La necesidad de avanzar en esta línea ha sido planteada incluso por el ex ministro Andrés Velasco y por expertos como Patricio Meller, entre otros. Empleo, empleo y empleo debe ser parte del slogan de nuestra política social 2.0. Un empleo hoy en Chile significa un ingreso mínimo, un seguro de cesantía, un acceso a salud y previsión, y, más importante aún, la posibilidad de dejar atrás la condición de vulnerabilidad. En este sentido, el no considerar medidas pro-empleo pondría en jaque los esfuerzos para terminar con la pobreza en nuestro país.
En las semanas que vienen se inicia la implementación de la Bonificación al Ingreso Etico Familiar, pero en paralelo se prepara el proyecto de ley que establecerá las bases permanentes del Ingreso Etico Familiar. Nuestro desafío es lograr que este nuevo proyecto sea un ejemplo de políticas sociales 2.0: a fortalecer las capacidades y el empleo de las familias vulnerables.
lunes, 14 de marzo de 2011
URGENTE: Una Agenda Laboral para más trabajo y mayor productividad
Nicolás Monckeberg, Diputado RN
Ernesto Silva, Diputado UDI
El año 2011 será un año central del primer gobierno de la Coalición por el Cambio. Después de la instalación y de enfrentar un terremoto devastador, y antes de dos años eleccionarios, este 2011 nos encuentra en un momento oportuno para promover cambios profundos que permitan que el país avance más rápido hacia la superación de la pobreza extrema y a generar condiciones para mayor desarrollo.
En este contexto, se requiere con urgencia una agenda laboral potente que permita generar fundamentos sólidos para un mercado laboral dinámico, justo y productivo.
1. El diagnóstico sigue vigente. Durante muchos años como oposición, criticamos que la Concertación lo hacía mal en materia laboral. De hecho, hace años que echamos de menos una política clara para asumir los efectos que la globalización ha traído a trabajadores y empresarios en sus relaciones. Se ha hablado mucho de las reformas laborales de los últimos gobiernos y su supuesto impacto en la estabilidad del empleo y el aumento salarial. Sin embargo, hoy día los porfiados resultados indican que las relaciones laborales no han cambiado y arrastran los mismos problemas de años: el promedio de duración de los contratos indefinidos es inferior a un año, hay falta de sindicalización y negociación colectiva, incumplimiento de derechos individuales como jornada de trabajo y descansos e ineficiencia de las indemnizaciones por despido.
El diagnóstico crítico sobre el mercado del trabajo que nos motivó por años a llegar al gobierno sigue vigente: la visión de la OECD, el trabajo de los Grupos Tantauco, Bicentenario y otros, han sido consistentes en señalar que se requiere avanzar en cambios relevantes en el mercado del trabajo. No tenemos un mercado del trabajo dinámico y justo.
Lo grave de esta inmovilidad, es que se transforma en una camisa de fuerza contra una mayor productividad de la economia, erosionando fuertemente las bases del sistema productivo, por carecer del desarrollo laboral que requiere el país para competir. No permite construir alianzas entre trabajadores y empleadores, porque las normas aplicables a dichos acuerdos son lo suficientemente rígidas como para sepultar cualquier voluntad de acuerdo, por ejemplo, a la hora de pactar una jornada de trabajo en una pequeña o mediana empresa. También, de paso, se erosiona el tejido social, puesto que esta rigidez, implica las más de las veces un acuerdo conveniente entre las partes para saltar la norma, deslegitimando el origen democrático de su aprobación. ¡Cuántas veces escuchamos la crítica de que las normas que hacen “estos señores” no recogen la realidad laboral...!.
2. Los principales problemas. Una agenda laboral puede ser infinita en desafíos, Sin embargo, se requiere enfocarse en los problemas fundamentales. A nuestro juicio, son los siguientes: (a) Aún trabajan menos personas de las que debieran. Si bien el 2010 fue muy positivo en el aumento de la fuerza del trabajo y en la creación de puestos de trabajo, aún nos queda mucho por avanzar y la rigidez de las regulaciones dificulta la creación de más trabajos y el dinamismo del mercado. (b) Baja participación de la mujer y de los jóvenes (especialmente los más pobres): la participación laboral de la mujer sigue en niveles cercanos al 40% y se requiere avanzar más rápido en generar condiciones de flexibilidad y adaptabildad que permitan especialmente que las mujeres de hogares más vulnerables tengan oportunidades y condiciones para acceder a puestos de trabajo y compatibilizarlo con su rol de madres y en muchos casos de jefas de hogar. Igual situación sucede con los jóvenes de los quintiles más pobres. (c) Cae la productividad: durante los cuatro años del gobierno de Bachelet la productividad disminuyó 1,6% promedio. Eso no puede ser, se requiere generar condiciones para mayor (y no menor) productividad y rendimiento del trabajo. (d) Aún existen barreras y desincentivos importantes para la contratación: la rigidez de las indemnizaciones por años de servicio, entre otras materias, dificulta la movilidad y dinamismo al momento de generar nuevos empleos. (e) Poca y mala sindicaliación: nuestro país presenta bajos índices de sindicalización y poca profundidad de sus sindicatos. Existe una oportunidad para trabajar en conjunto con los trabajadores y sus representantes en la generación de un esquema sindical moderno y constructivo.
3. Ya estamos avanzando bien pero se requiere un impulso adicional. El año 2010 fue un año de buenas noticias laborales, producto del buen desempeño de la economía y de buenas decisiones del gobierno. En efecto, hay que destacar la creación de 476.000 puestos de trabajo en un año, el aumento en la fuerza del trabajo, la creación de muchos trabajos asalariados, etc. Asimismo, la implementación de iniciativas como la Bolsa Nacional de Empleo y los bonos de capacitación laboral –donde es el trabajador quien elige- son muy buenas medidas y se hacen cargo de necesidades y problemas concretos.
Pero se requiere avanzar más y en cambios profundos. El país no contará siempre con un impulso potente de la actividad económica, o con la demanda propia de una recuperación posterior al terremoto. Por ello, es necesario hacer cambios en materias centrales.
4. Cinco prioridades en una agenda laboral pro empleo y productividad. Estos son los temas en los que, a nuestro juicio, se requiere una agenda laboral urgente.
a. Revisión de las Indemnizaciones por año de servicio
b. Avanzar hacia Banco de horas
c. Implementar y masificar los mecanismos de trabajo a distancia
d. Flexibilización de jornada, reconociendo las diversidades de las realidades laborales.
e. Revisión de la regulación del descanso dominical
f. Revisar la regulación de los sindicatos, favoreciendo su desarrollo en armonía con los empleadores.
Este gobierno tiene una gran oportunidad de construir los consensos sobre materias que funcionan mal, como la distribución de la jornada, las indemnizaciones por años de servicios, mejorar el acceso al empleo de sectores jóvenes y las mujeres. Lo demostrado en este primer año de gobierno debe ser solo un punto de partida para implementar una agenda laboral mucho más ambiciosa, aquella que precisamente los gobiernos anteriores no se atrevieron a desarrollar y por la cual hoy deben dar las explicaciones. No nos podemos contentar si al final de este gobierno no hemos hecho los cambios fundamentales que permitan de verdad contar con relaciones laborales justas, dinámicas y productivas. No parece aceptable que la jornada de trabajo siga sin siquiera haber avanzado al establecimiento pactado de bancos de horas, o bien el recargo por día domingo trabajado es igual a otro día; o, si el mismo escaso 6% de los trabajadores accede al rígido sistema de indemnizaciones por despido. El sello de esta administración es la visión de futuro y asumir riesgos sobre la base de convicciones políticas y técnicas. En materia laboral no nos podemos quedar atrás y simplemente administrar lo que sabemos funciona mal. Bienvenidas sean la rearticulación del sistema de capacitación o la fiscalización de la seguridad, pero tenemos la convicción de que se puede también avanzar en reformas profundas que nos hagan sentir que contamos con un sistema laboral moderno y eficiente para adecuarse a cualquier estructura productiva y a nuevas formas de contratación.
Ernesto Silva, Diputado UDI
El año 2011 será un año central del primer gobierno de la Coalición por el Cambio. Después de la instalación y de enfrentar un terremoto devastador, y antes de dos años eleccionarios, este 2011 nos encuentra en un momento oportuno para promover cambios profundos que permitan que el país avance más rápido hacia la superación de la pobreza extrema y a generar condiciones para mayor desarrollo.
En este contexto, se requiere con urgencia una agenda laboral potente que permita generar fundamentos sólidos para un mercado laboral dinámico, justo y productivo.
1. El diagnóstico sigue vigente. Durante muchos años como oposición, criticamos que la Concertación lo hacía mal en materia laboral. De hecho, hace años que echamos de menos una política clara para asumir los efectos que la globalización ha traído a trabajadores y empresarios en sus relaciones. Se ha hablado mucho de las reformas laborales de los últimos gobiernos y su supuesto impacto en la estabilidad del empleo y el aumento salarial. Sin embargo, hoy día los porfiados resultados indican que las relaciones laborales no han cambiado y arrastran los mismos problemas de años: el promedio de duración de los contratos indefinidos es inferior a un año, hay falta de sindicalización y negociación colectiva, incumplimiento de derechos individuales como jornada de trabajo y descansos e ineficiencia de las indemnizaciones por despido.
El diagnóstico crítico sobre el mercado del trabajo que nos motivó por años a llegar al gobierno sigue vigente: la visión de la OECD, el trabajo de los Grupos Tantauco, Bicentenario y otros, han sido consistentes en señalar que se requiere avanzar en cambios relevantes en el mercado del trabajo. No tenemos un mercado del trabajo dinámico y justo.
Lo grave de esta inmovilidad, es que se transforma en una camisa de fuerza contra una mayor productividad de la economia, erosionando fuertemente las bases del sistema productivo, por carecer del desarrollo laboral que requiere el país para competir. No permite construir alianzas entre trabajadores y empleadores, porque las normas aplicables a dichos acuerdos son lo suficientemente rígidas como para sepultar cualquier voluntad de acuerdo, por ejemplo, a la hora de pactar una jornada de trabajo en una pequeña o mediana empresa. También, de paso, se erosiona el tejido social, puesto que esta rigidez, implica las más de las veces un acuerdo conveniente entre las partes para saltar la norma, deslegitimando el origen democrático de su aprobación. ¡Cuántas veces escuchamos la crítica de que las normas que hacen “estos señores” no recogen la realidad laboral...!.
2. Los principales problemas. Una agenda laboral puede ser infinita en desafíos, Sin embargo, se requiere enfocarse en los problemas fundamentales. A nuestro juicio, son los siguientes: (a) Aún trabajan menos personas de las que debieran. Si bien el 2010 fue muy positivo en el aumento de la fuerza del trabajo y en la creación de puestos de trabajo, aún nos queda mucho por avanzar y la rigidez de las regulaciones dificulta la creación de más trabajos y el dinamismo del mercado. (b) Baja participación de la mujer y de los jóvenes (especialmente los más pobres): la participación laboral de la mujer sigue en niveles cercanos al 40% y se requiere avanzar más rápido en generar condiciones de flexibilidad y adaptabildad que permitan especialmente que las mujeres de hogares más vulnerables tengan oportunidades y condiciones para acceder a puestos de trabajo y compatibilizarlo con su rol de madres y en muchos casos de jefas de hogar. Igual situación sucede con los jóvenes de los quintiles más pobres. (c) Cae la productividad: durante los cuatro años del gobierno de Bachelet la productividad disminuyó 1,6% promedio. Eso no puede ser, se requiere generar condiciones para mayor (y no menor) productividad y rendimiento del trabajo. (d) Aún existen barreras y desincentivos importantes para la contratación: la rigidez de las indemnizaciones por años de servicio, entre otras materias, dificulta la movilidad y dinamismo al momento de generar nuevos empleos. (e) Poca y mala sindicaliación: nuestro país presenta bajos índices de sindicalización y poca profundidad de sus sindicatos. Existe una oportunidad para trabajar en conjunto con los trabajadores y sus representantes en la generación de un esquema sindical moderno y constructivo.
3. Ya estamos avanzando bien pero se requiere un impulso adicional. El año 2010 fue un año de buenas noticias laborales, producto del buen desempeño de la economía y de buenas decisiones del gobierno. En efecto, hay que destacar la creación de 476.000 puestos de trabajo en un año, el aumento en la fuerza del trabajo, la creación de muchos trabajos asalariados, etc. Asimismo, la implementación de iniciativas como la Bolsa Nacional de Empleo y los bonos de capacitación laboral –donde es el trabajador quien elige- son muy buenas medidas y se hacen cargo de necesidades y problemas concretos.
Pero se requiere avanzar más y en cambios profundos. El país no contará siempre con un impulso potente de la actividad económica, o con la demanda propia de una recuperación posterior al terremoto. Por ello, es necesario hacer cambios en materias centrales.
4. Cinco prioridades en una agenda laboral pro empleo y productividad. Estos son los temas en los que, a nuestro juicio, se requiere una agenda laboral urgente.
a. Revisión de las Indemnizaciones por año de servicio
b. Avanzar hacia Banco de horas
c. Implementar y masificar los mecanismos de trabajo a distancia
d. Flexibilización de jornada, reconociendo las diversidades de las realidades laborales.
e. Revisión de la regulación del descanso dominical
f. Revisar la regulación de los sindicatos, favoreciendo su desarrollo en armonía con los empleadores.
Este gobierno tiene una gran oportunidad de construir los consensos sobre materias que funcionan mal, como la distribución de la jornada, las indemnizaciones por años de servicios, mejorar el acceso al empleo de sectores jóvenes y las mujeres. Lo demostrado en este primer año de gobierno debe ser solo un punto de partida para implementar una agenda laboral mucho más ambiciosa, aquella que precisamente los gobiernos anteriores no se atrevieron a desarrollar y por la cual hoy deben dar las explicaciones. No nos podemos contentar si al final de este gobierno no hemos hecho los cambios fundamentales que permitan de verdad contar con relaciones laborales justas, dinámicas y productivas. No parece aceptable que la jornada de trabajo siga sin siquiera haber avanzado al establecimiento pactado de bancos de horas, o bien el recargo por día domingo trabajado es igual a otro día; o, si el mismo escaso 6% de los trabajadores accede al rígido sistema de indemnizaciones por despido. El sello de esta administración es la visión de futuro y asumir riesgos sobre la base de convicciones políticas y técnicas. En materia laboral no nos podemos quedar atrás y simplemente administrar lo que sabemos funciona mal. Bienvenidas sean la rearticulación del sistema de capacitación o la fiscalización de la seguridad, pero tenemos la convicción de que se puede también avanzar en reformas profundas que nos hagan sentir que contamos con un sistema laboral moderno y eficiente para adecuarse a cualquier estructura productiva y a nuevas formas de contratación.
martes, 8 de marzo de 2011
Una denuncia irresponsable
La decisión del gobierno del Presidente Piñera de ratificar en su cargo a la Intendenta de la Región del Bío Bío es el resultado de una convicción que surge de una investigación ordenada y liderada por el Ministro Hinzpeter. No hay hechos que reprochar en las decisiones que ha tomado la Intendenta en su rol de representante del Presidente en la Región. Por el contrario, son muchas las cosas que reconocer en quien ha conducido la Intendencia en uno de los momentos más difíciles de la historia de Concepción y de la octava región en general.
Desde el primer momento en que se conoció la denuncia de Navarro, el gobierno fue claro en dos puntos: el tenor de las declaraciones de la intendenta no era afortunado, y, por otra parte, se debía indagar las denuncias presentadas por un senador. No correspondía hacer defensas per se ni tampoco ceder a la tentación de enviar al circo romano a una autoridad simplemente porque la oposición pedía su cabeza.
El gobierno lo hizo bien: se hizo cargo de una denuncia, investigó, llegó a una convicción e implementó su decisión, a pesar del clima instalado en la opinión pública, e incluso en partidarios del propio gobierno. El gobierno demostró liderazgo, aún a costa de impopularidad.
La pregunta de fondo –a mi juicio- es cómo queremos que sea la política en nuestro país. ¿De la manera que lo hizo Navarro, o de la manera que lo hizo el gobierno del Presidente Piñera? Lo que hizo Navarro fue hacer una denuncia irresponsable para dañar a una autoridad que puede competir con él por un cupo en el Senado en tres años más. Esa es la verdadera motivación de la denuncia. No son los vecinos del sector la Aurora ni el resguardo del cumplimiento de las normas y políticas del Ministerio de Vivienda –todas las que según la investigación del gobierno han sido respetadas-, lo que preocupa al senador, sino encontrar una forma para enlodar a una autoridad con quien puede competir.
El gobierno, en cambio, optó por el camino de la seriedad y la investigación. Me quedo con esta forma de hacer política.
Quienes tenemos el rol de representantes debemos ejercerlo con responsabilidad. Navarro no lo ha hecho.
Columna Diario El Mercurio, Febrero 2011
Desde el primer momento en que se conoció la denuncia de Navarro, el gobierno fue claro en dos puntos: el tenor de las declaraciones de la intendenta no era afortunado, y, por otra parte, se debía indagar las denuncias presentadas por un senador. No correspondía hacer defensas per se ni tampoco ceder a la tentación de enviar al circo romano a una autoridad simplemente porque la oposición pedía su cabeza.
El gobierno lo hizo bien: se hizo cargo de una denuncia, investigó, llegó a una convicción e implementó su decisión, a pesar del clima instalado en la opinión pública, e incluso en partidarios del propio gobierno. El gobierno demostró liderazgo, aún a costa de impopularidad.
La pregunta de fondo –a mi juicio- es cómo queremos que sea la política en nuestro país. ¿De la manera que lo hizo Navarro, o de la manera que lo hizo el gobierno del Presidente Piñera? Lo que hizo Navarro fue hacer una denuncia irresponsable para dañar a una autoridad que puede competir con él por un cupo en el Senado en tres años más. Esa es la verdadera motivación de la denuncia. No son los vecinos del sector la Aurora ni el resguardo del cumplimiento de las normas y políticas del Ministerio de Vivienda –todas las que según la investigación del gobierno han sido respetadas-, lo que preocupa al senador, sino encontrar una forma para enlodar a una autoridad con quien puede competir.
El gobierno, en cambio, optó por el camino de la seriedad y la investigación. Me quedo con esta forma de hacer política.
Quienes tenemos el rol de representantes debemos ejercerlo con responsabilidad. Navarro no lo ha hecho.
Columna Diario El Mercurio, Febrero 2011
lunes, 7 de marzo de 2011
Postnatal: es deseable flexibilidad para todas las mujeres
Diario Financiero 4.03.11
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial.
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial. Para muchas mujeres, se había transformado en un compromiso fundamental de este gobierno, en el anhelo de fortalecer el apego a sus hijos y compatibilizar su realidad laboral con el desarrollo de su familia.
El postnatal es un beneficio para la familia, pero está pensado especialmente para el bienestar de los hijos. Cada día tomamos más conciencia de la relevancia del apego y de la generación de vínculos entre el hijo y la madre en la primera etapa de la infancia. Desde ese punto de vista, la extensión del postnatal es una medida que va en la dirección correcta, tal como se ha hecho en muchos países con mayores niveles de desarrollo. De igual forma, el aumento gradual de la cobertura de postnatal contemplado en el proyecto hacia mujeres trabajadoras que hoy no cuentan con ese beneficio -más niños con postnatal- es una excelente decisión.
Pero junto con fomentar el apego y el desarrollo afectivo de los niños y su vínculo con sus padres, se debe considerar los efectos que una medida como ésta puede tener en materia fiscal y en materia laboral. Desde el punto de vista de los recursos públicos, este proyecto implica un esfuerzo importante, en el cual vale la pena invertir, y cuyos costos se pueden compensar con una reducción de muchas de las licencias irregulares que hoy se utilizan para extender artificialmente el postnatal. Para ello ya se está trabajando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Adicionalmente, parece correcto el límite de 30 UF de cobertura para los últimos 3 meses del postnatal. En Chile cerca del 83% de las mujeres que se beneficiarían de la extensión del postnatal tienen ingresos iguales o inferiores a 30 UF. Subir el límite implica un costo fiscal enorme, y no focaliza el apoyo en los quienes más lo necesitan.
En materia laboral, el debate legislativo sobre la extensión del postnatal será muy importante. Chile tiene una baja participación laboral femenina, especialmente en las mujeres más pobres, y el desafío es aumentarla, pues su crecimiento es un vehículo importante de superación de la pobreza y de desarrollo para la clase media. Por ello, creo que la irrenunciabilidad pensada para los cuatro quintiles más pobres debiera ser reemplazada por voluntariedad para todas las mujeres, no sólo para un grupo como está contemplado en la iniciativa del Ejecutivo. Si bien pueden existir asimetrías de poder en la relación laboral para las mujeres más vulnerables, que fundamenten el concepto de irrenunciabilidad, pareciera que el remedio podría ser peor que la enfermedad, dificultando el acceso al trabajo de las mujeres más pobres, y eventualmente afectando los salarios de las mujeres de mayores ingresos. Por ello, es de esperar que avancemos hacia un postnatal flexible para todas las mujeres, con medidas que resguarden a las trabajadoras más vulnerables ante eventuales abusos por parte de los empleadores. La posibilidad de fomentar reintegro parcial para todas las mujeres, modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, entre otras, pueden ayudar a generar mayor flexibilidad y mayores oportunidades para que las madres puedan optar por mecanismos de conciliación compatibles con su realidad e intereses.
El postnatal es un proyecto importante y muy positivo, y en el debate que viene debemos ser capaces de compatibilizar de buena forma el desarrollo de hijos y madres, con el cuidado de las oportunidades de acceso al trabajo.
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial.
La propuesta de extensión del postnatal cumple con creces el compromiso asumido en el programa de gobierno y en la campaña presidencial. Para muchas mujeres, se había transformado en un compromiso fundamental de este gobierno, en el anhelo de fortalecer el apego a sus hijos y compatibilizar su realidad laboral con el desarrollo de su familia.
El postnatal es un beneficio para la familia, pero está pensado especialmente para el bienestar de los hijos. Cada día tomamos más conciencia de la relevancia del apego y de la generación de vínculos entre el hijo y la madre en la primera etapa de la infancia. Desde ese punto de vista, la extensión del postnatal es una medida que va en la dirección correcta, tal como se ha hecho en muchos países con mayores niveles de desarrollo. De igual forma, el aumento gradual de la cobertura de postnatal contemplado en el proyecto hacia mujeres trabajadoras que hoy no cuentan con ese beneficio -más niños con postnatal- es una excelente decisión.
Pero junto con fomentar el apego y el desarrollo afectivo de los niños y su vínculo con sus padres, se debe considerar los efectos que una medida como ésta puede tener en materia fiscal y en materia laboral. Desde el punto de vista de los recursos públicos, este proyecto implica un esfuerzo importante, en el cual vale la pena invertir, y cuyos costos se pueden compensar con una reducción de muchas de las licencias irregulares que hoy se utilizan para extender artificialmente el postnatal. Para ello ya se está trabajando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Adicionalmente, parece correcto el límite de 30 UF de cobertura para los últimos 3 meses del postnatal. En Chile cerca del 83% de las mujeres que se beneficiarían de la extensión del postnatal tienen ingresos iguales o inferiores a 30 UF. Subir el límite implica un costo fiscal enorme, y no focaliza el apoyo en los quienes más lo necesitan.
En materia laboral, el debate legislativo sobre la extensión del postnatal será muy importante. Chile tiene una baja participación laboral femenina, especialmente en las mujeres más pobres, y el desafío es aumentarla, pues su crecimiento es un vehículo importante de superación de la pobreza y de desarrollo para la clase media. Por ello, creo que la irrenunciabilidad pensada para los cuatro quintiles más pobres debiera ser reemplazada por voluntariedad para todas las mujeres, no sólo para un grupo como está contemplado en la iniciativa del Ejecutivo. Si bien pueden existir asimetrías de poder en la relación laboral para las mujeres más vulnerables, que fundamenten el concepto de irrenunciabilidad, pareciera que el remedio podría ser peor que la enfermedad, dificultando el acceso al trabajo de las mujeres más pobres, y eventualmente afectando los salarios de las mujeres de mayores ingresos. Por ello, es de esperar que avancemos hacia un postnatal flexible para todas las mujeres, con medidas que resguarden a las trabajadoras más vulnerables ante eventuales abusos por parte de los empleadores. La posibilidad de fomentar reintegro parcial para todas las mujeres, modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, entre otras, pueden ayudar a generar mayor flexibilidad y mayores oportunidades para que las madres puedan optar por mecanismos de conciliación compatibles con su realidad e intereses.
El postnatal es un proyecto importante y muy positivo, y en el debate que viene debemos ser capaces de compatibilizar de buena forma el desarrollo de hijos y madres, con el cuidado de las oportunidades de acceso al trabajo.
lunes, 10 de enero de 2011
Cuentas públicas ministeriales: buen ejercicio
Columna Diario Financiero
7.01.11
En estos días termina el ciclo de “Cuentas Públicas” que el gobierno de la Coalición por el Cambio decidió establecer como parte de su sello y estilo de gobierno.
Tanto el presidente de la República como cada uno de los ministros han rendido cuenta ante autoridades, colaboradores, interesados y la opinión pública en general, sobre la gestión que realizaron durante el año 2010 y los desafíos que se asumen para el año 2011.
Me parece que se trata de la instalación de una excelente práctica que debiera institucionalizarse con los años para transformarse en una actividad permanente y exigible por parte de la ciudadanía y la opinión pública.
De acuerdo a nuestro ordenamiento, cada 21 de mayo el Presidente de la República debe rendir cuenta al país sobre el estado de la nación. Se trata de un ejercicio importante, realizado en sesión del Congreso Pleno, y que constituye una tradición importante en términos de la relación del Ejecutivo con el Congreso y también de la definición de los lineamientos presidenciales para el año en desarrollo.
Pero esta institución no es suficiente. El Estado ha cambiado mucho a lo largo de los años y no pareciera bastar con la rendición de cuentas del presidente ante el Congreso. El actuar del Estado se desarrolla con fuerza a través de los ministerios y los servicios públicos que de ellos dependen y, por ello, tiene mucho valor el incorporar a los ministerios al ejercicio de rendir cuenta anual de su gestión ante la opinión pública y la ciudadanía.
Al rendir cuenta pública, los ministerios explicitan las prioridades y responden por los requerimientos que el presidente les ha encomendado para el año que termina.
De igual forma, hacen patente ante la opinión pública cuáles son los desafíos que asumen para el año siguiente. Se trata de un ejercicio de transparencia, y permite que todos podamos hacer ahora control de gestión sobre las tareas ministeriales.
De hecho, las presentaciones de varios ministros en sus cuentas públicas están ya publicadas en los sitios web de los respectivos ministerios.
La gestión pública demanda muchos cambios para alcanzar mayores estándares de eficiencia y calidad. Uno de los requerimientos es la transparencia, otro es la evaluación, y otro es la rendición de cuentas. Las presentaciones ministeriales instauradas este año colaboran en todos estos objetivos.
Pero la tarea de modernizar el Estado es mucho más amplia, y esto es sólo un elemento que aporta una señal y un contenido relevante.
Ahora la tarea del gobierno para el año 2011 es avanzar decididamente en las reformas que permitan producir cambios significativos en la manera en que se gestiona el Estado.
Esto implica avanzar en el perfeccionamiento de la Alta Dirección Pública; promover un nuevo estatuto y un nuevo trato para los funcionarios públicos de la administración central del Estado; revisar la institucionalidad de las superintendencias; poner el foco en los resultados; implementar con éxito la Unidad Presidencial de Cumplimiento (Delivery Unit), entre otras reformas.
El año 2011 será importante tanto para institucionalizar prácticas como las cuentas ministeriales, como para avanzar en reformas sustantivas que colaboren a la modernización del Estado.
7.01.11
En estos días termina el ciclo de “Cuentas Públicas” que el gobierno de la Coalición por el Cambio decidió establecer como parte de su sello y estilo de gobierno.
Tanto el presidente de la República como cada uno de los ministros han rendido cuenta ante autoridades, colaboradores, interesados y la opinión pública en general, sobre la gestión que realizaron durante el año 2010 y los desafíos que se asumen para el año 2011.
Me parece que se trata de la instalación de una excelente práctica que debiera institucionalizarse con los años para transformarse en una actividad permanente y exigible por parte de la ciudadanía y la opinión pública.
De acuerdo a nuestro ordenamiento, cada 21 de mayo el Presidente de la República debe rendir cuenta al país sobre el estado de la nación. Se trata de un ejercicio importante, realizado en sesión del Congreso Pleno, y que constituye una tradición importante en términos de la relación del Ejecutivo con el Congreso y también de la definición de los lineamientos presidenciales para el año en desarrollo.
Pero esta institución no es suficiente. El Estado ha cambiado mucho a lo largo de los años y no pareciera bastar con la rendición de cuentas del presidente ante el Congreso. El actuar del Estado se desarrolla con fuerza a través de los ministerios y los servicios públicos que de ellos dependen y, por ello, tiene mucho valor el incorporar a los ministerios al ejercicio de rendir cuenta anual de su gestión ante la opinión pública y la ciudadanía.
Al rendir cuenta pública, los ministerios explicitan las prioridades y responden por los requerimientos que el presidente les ha encomendado para el año que termina.
De igual forma, hacen patente ante la opinión pública cuáles son los desafíos que asumen para el año siguiente. Se trata de un ejercicio de transparencia, y permite que todos podamos hacer ahora control de gestión sobre las tareas ministeriales.
De hecho, las presentaciones de varios ministros en sus cuentas públicas están ya publicadas en los sitios web de los respectivos ministerios.
La gestión pública demanda muchos cambios para alcanzar mayores estándares de eficiencia y calidad. Uno de los requerimientos es la transparencia, otro es la evaluación, y otro es la rendición de cuentas. Las presentaciones ministeriales instauradas este año colaboran en todos estos objetivos.
Pero la tarea de modernizar el Estado es mucho más amplia, y esto es sólo un elemento que aporta una señal y un contenido relevante.
Ahora la tarea del gobierno para el año 2011 es avanzar decididamente en las reformas que permitan producir cambios significativos en la manera en que se gestiona el Estado.
Esto implica avanzar en el perfeccionamiento de la Alta Dirección Pública; promover un nuevo estatuto y un nuevo trato para los funcionarios públicos de la administración central del Estado; revisar la institucionalidad de las superintendencias; poner el foco en los resultados; implementar con éxito la Unidad Presidencial de Cumplimiento (Delivery Unit), entre otras reformas.
El año 2011 será importante tanto para institucionalizar prácticas como las cuentas ministeriales, como para avanzar en reformas sustantivas que colaboren a la modernización del Estado.
miércoles, 5 de enero de 2011
Diputado Silva celebra intervención del dólar pero pide "cautela" ante la medida.
La Tercera
4.01.11
Aunque la UDI insistió, pública y privadamente, en la idea de que el Banco Central interviniese el mercado cambiario, luego que el instituto emisor informara que tomó esta medida, a través de una inyección de 12 mil de dólares, el diputado de esa colectividad, Ernesto Silva, realizó un llamado a la cautela, ya que a su juicio, no se debe esperar "de esto la gran solución al problema".
Silva indicó además que se encuentra "de acuerdo con la medida", ya que "muchos la estaban esperando".
Además, aseveró que en su opinión, medidas de este tipo cabe apoyarlas con un "gasto público moderado y prudente, y un avance en materias de competitividad.
Finalmente, el gremialista recalcó ante la decisión del Central no se debe esperar "la solución al problema", ya que "con este nivel de precios del cobre, el problema del dólar se hace aún mayor".
4.01.11
Aunque la UDI insistió, pública y privadamente, en la idea de que el Banco Central interviniese el mercado cambiario, luego que el instituto emisor informara que tomó esta medida, a través de una inyección de 12 mil de dólares, el diputado de esa colectividad, Ernesto Silva, realizó un llamado a la cautela, ya que a su juicio, no se debe esperar "de esto la gran solución al problema".
Silva indicó además que se encuentra "de acuerdo con la medida", ya que "muchos la estaban esperando".
Además, aseveró que en su opinión, medidas de este tipo cabe apoyarlas con un "gasto público moderado y prudente, y un avance en materias de competitividad.
Finalmente, el gremialista recalcó ante la decisión del Central no se debe esperar "la solución al problema", ya que "con este nivel de precios del cobre, el problema del dólar se hace aún mayor".
Silva (UDI) sostiene que caída del desempleo es "señal de que la economía está tomando fuerza".
La Segunda
30.12.10
Con optimismo ve el diputado UDI Ernesto Silva las cifras de desempleo dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran una disminución de 0,5% respecto al trimestre anterior, ubicando la tasa en 7,1%.
“Nuevamente la economía está mostrando que es capaz de crear más trabajo para las personas y hay un ambiente positivo para las perspectivas futuras”, dijo Silva, recalcando que “en relación a igual período de 2009, la tasa de desempleo estaba dos puntos por sobre la cifra actual”.
Asimismo, el diputado de la comisión de Hacienda destacó que, “en esta oportunidad, las cifras difundidas por el INE dan cuenta del aumento de los trabajos asalariados y de una disminución de los trabajos por cuenta propia; eso es señal de que la economía está tomando fuerza y que se están desarrollando empleos de mayor calidad”.
De la misma manera, Silva valoró el aumento en la fuerza de trabajo -es decir, la cantidad de personas que estaban buscando empleo- precisando que “es señal de optimismo y de expectativas positivas con respecto de lo que viene a futuro”.
“Nuestro Gobierno ha impulsado fuertemente la creación de empleos, por lo que, durante 2010, se han creado casi cuatrocientos mil empleos, lo que constituye un record único en la historia reciente de Chile y nos permite mirar con muy buenas perspectivas la potencialidad de creación de trabajos para el 2011”, concluyó.
30.12.10
Con optimismo ve el diputado UDI Ernesto Silva las cifras de desempleo dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran una disminución de 0,5% respecto al trimestre anterior, ubicando la tasa en 7,1%.
“Nuevamente la economía está mostrando que es capaz de crear más trabajo para las personas y hay un ambiente positivo para las perspectivas futuras”, dijo Silva, recalcando que “en relación a igual período de 2009, la tasa de desempleo estaba dos puntos por sobre la cifra actual”.
Asimismo, el diputado de la comisión de Hacienda destacó que, “en esta oportunidad, las cifras difundidas por el INE dan cuenta del aumento de los trabajos asalariados y de una disminución de los trabajos por cuenta propia; eso es señal de que la economía está tomando fuerza y que se están desarrollando empleos de mayor calidad”.
De la misma manera, Silva valoró el aumento en la fuerza de trabajo -es decir, la cantidad de personas que estaban buscando empleo- precisando que “es señal de optimismo y de expectativas positivas con respecto de lo que viene a futuro”.
“Nuestro Gobierno ha impulsado fuertemente la creación de empleos, por lo que, durante 2010, se han creado casi cuatrocientos mil empleos, lo que constituye un record único en la historia reciente de Chile y nos permite mirar con muy buenas perspectivas la potencialidad de creación de trabajos para el 2011”, concluyó.
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