Problema de la Droga: Mucho más que una falla de mercado
Ernesto Silva M., Facultad de Gobierno, UDD
En su tema de portada de la semana pasada, The Economist se pregunta cómo detener las guerras contra las drogas y cómo tener éxito en esta lucha. La receta que propone hoy –y que ya viene proponiendo hace veinte años- es la legalización, entendida como un mal menor ante el fracaso de las estrategias de prohibición que han imperado en las últimas décadas.
En su campaña pro legalización de las drogas, el semanario desarrolla una batería de interesantes argumentos. En primer lugar, señala la actual ilegalidad de las drogas fomenta la existencia del narcotráfico, del crimen organizado y de mercados negros e ilegales. En segundo lugar, argumenta que una eventual legalización produciría ahorros en los costos de regulación, permitiendo la focalización de recursos hacia la prevención y el tratamiento. En tercer lugar, se sostiene que la legalización de las drogas podría permitir incluso el desarrollo de mercados legítimos que mejoraran la calidad de las drogas y eventualmente incluso redujeran eficientemente sus potenciales daños. Por último, y en cuarto lugar, se argumenta con fuerza que la lucha contra el narcotráfico en varios países ha llevado a los gobiernos al límite de convertirse en “Estados Fallidos”, incapaces de enfrentar con éxito este flagelo y sostener su viabilidad democrática.
Se trata de argumentos interesantes y atendibles, fundados fuertemente en un análisis de eficiencia económica y de optimización del funcionamiento de los mercados. En efecto, los mercados son siempre perfectibles. Pero ello no implica, necesariamente, que la aspiración a un mercado perfecto sea el enfoque principal en este tema. Lo que creemos como sociedad, los incentivos que generamos, las opciones que ofrecemos a las familias y a los jóvenes, son relevantes y son parte del análisis también. Al final del día: ¿en qué sociedad queremos vivir? Esa debe ser parte de la discusión y del debate.
En las líneas que siguen, quisiera analizar los argumentos para promover la legalización y plantear un contrapunto.
Tal vez el primer punto del análisis consiste en determinar qué drogas legalizar. Una cosa es legalizar la marihuana (y eventualmente otras drogas blandas), y otra es legalizar todo tipo de drogas, aunque sean duras y de alto daño potencial. Las drogas duras producen alto daño, generan alta adicción e incentivos perversos en las personas, afectando severamente su salud. No parece una opción siquiera la legalización de drogas de este calibre en nuestro país, por muy eficiente que llegara a ser la creación de un mercado lícito para ello. Inaceptable.
Si descartamos la opción de legalizar drogas duras y nos focalizamos en la discusión acerca de la marihuana, los argumentos pro legalización se debilitan.
Respecto del primer argumento, con la legalización de la marihuana no se eliminaría el narcotráfico, ni la posible corrupción de las policías y tribunales, ni los mercados negros, pues seguirían existiendo incentivos para su desarrollo respecto de la cocaína, heroína, y muchas otras drogas.
En lo relativo al eventual ahorro de los costos de regulación, ello es dudoso y discutible. Es más, es probable que aumenten los costos de regulación dado que habría que crear servicios públicos y contratar funcionarios para definir el estándar de la marihuana, su etiquetado, atender los reclamos de los consumidores ante el SERNAC y otras instituciones, definir los lugares y horarios de consumo -¿se podría consumir en horario de trabajo?-, la publicidad de la marihuana, la política en los colegios, entre muchas otras regulaciones. En síntesis, en materia de regulación podrían aumentar los costos con la legalización de la misma.
Se ha argumentado que un mercado lícito podría incentivar mejoras en la calidad de las drogas y eventualmente reducir su efecto dañino, a través del desarrollo de mejores tecnologías. Ello es efectivo, pero también es efectiva la posibilidad de que suceda lo contrario, es decir, que en un mercado lícito de la droga sus oferentes busquen nuevas formas de aumentar la adicción y dependencia, generándose un incentivo perverso y de alto costo.
El último gran argumento es el fracaso de los “Estados Fallidos” en su lucha ante el narcotráfico. En este caso el argumento es incorrecto. En dichos países el problema no es el narcotráfico, sino la calidad y seguridad de sus instituciones. Los promotores de este argumento piensan que a través de la legalización los países dejarán de ser fallidos. Querer corregir la calidad de las instituciones a través de la legalización de la droga es utilizar un instrumento equivocado.
Para terminar, y dejando de lado los argumentos anteriores, me parece importante preguntarse en qué sociedad queremos vivir, y qué señales queremos darle al narcotráfico, a las familias y a los jóvenes. Hay que recordar que las drogas producen importantes externalidades, generan un alto costo social, y los primeros acercamientos a ella suelen venir acompañados de una gran escalada en su consumo y adicción. Abrir la puerta a la marihuana hoy puede abrir puertas insospechadas y perniciosas en el futuro. No queremos eso para nuestro país. Vale la pena seguir dando –y perfeccionando- la lucha frontal contra la droga y el narcotráfico.
domingo, 29 de marzo de 2009
Columna publicada en La Segunda 16 Marzo 2009
Tohá y vocería: Sin respeto por las instituciones
Ernesto Silva M., Facultad de Gobierno,
Universidad del Desarrollo
He de confesar que la salida de Vidal de la vocería de gobierno constituye un claro logro del Ejecutivo. Quizás por eso Carolina Tohá ha tenido una buena recepción y existen altas expectativas sobre su desempeño en el último año del gobierno de la Presidenta Bachelet. Era una diputada seria, inteligente y con un buen perfil para el cargo de vocero de gobierno.
Sin embargo, por muy saludable que sea la salida de Vidal de la vocería, la forma en que es designada por la Presidenta es una falta de respeto a la soberanía popular y ciertamente al funcionamiento normal de las instituciones.
Durante los últimos gobiernos de la Concertación, especialmente con Lagos, se hizo famosa la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Pues bien, parece que esa idea ha quedado guardada en un cajón y ha sido reemplazada por el concepto de “hagamos que las instituciones nos sirvan”.
Desde el momento en que la Presidenta manda a llamar al Congreso a un diputado elegido por votación popular para que sea su vocero, nos enfrentamos a un giro en el concepto de respeto hacia las instituciones.
Nuestro ordenamiento no contempla un mecanismo para la renuncia de los diputados ni para su posible salto hacia el gobierno. La forma en que esto se ha hecho ha sido es una forma de torcer los mecanismos institucionales y constituye un arreglo poco explicable.
Me parece que el Congreso queda dañado en este proceso, puesto que el Ejecutivo pasa a tener una especie de control y poder sobre él, aún mayor al que el ordenamiento constitucional consagra. De hecho, la nueva “doctrina” sobre el uso de los diputados como candidatos para los cargos del Ejecutivo podría generar nuevos incentivos para diputados que sueñen ahora con desafíos en el poder ejecutivo.
Hace algún tiempo se debatió la poco feliz posibilidad de autorizar la compatibilidad entre los cargos de ministro de gobierno y parlamentario. Afortunadamente esto no prosperó, amargando la ilusión de parlamentarios que deseaban reelegirse en sus cargos y aspiraban además a ser pilares del equipo ejecutivo del próximo gobierno. Dicha propuesta de modificación pretendía también adaptar las instituciones para la conveniencia personal, y surgía de un interés propio de sus promotores. Ya veremos si en el futuro, una vez que ya no estén en el Congreso, insisten en esta idea con convicción, o si ya dejan de promoverla porque ya no es útil ni conveniente.
Volviendo al caso de la vocería de gobierno, si el análisis no se limita al nombramiento –y destitución- de Tohá sino que se extiende a la llegada de Harboe al Congreso, se aprecia que La Moneda ha logrado hacer los enroques de piezas que considera necesarios para colocar en cargos claves a personas como Tohá y Harboe, independientemente de lo que haya dicho la voluntad popular representada a través de los votos. Harboe quiere ser diputado y hoy es útil para su partido que se incorpore al Congreso. Tohá no quiere seguir siendo diputada y planifica un cambio de giro, compatible hoy con las necesidades del gobierno.
Pero: ¿quién debe decidir quien entra y sale del Congreso? Las instituciones dan una clara respuesta, pero la Presidenta ha optado por otro camino.
Dicho en simple, Tohá no debió ser nombrada ministra, sino que debió honrar la representación que asumió al ser elegida por votación popular en el distrito de Santiago.
Imagínese qué pasaría si después de un tiempo a la Presidenta o al Ministro del Interior no les gusta el estilo de la vocera. ¿Se iniciará un nuevo enroque? Por ejemplo, ¿mandarán a llamar a Harboe como vocero esperando que el PPD vuelva a nombrar diputada a la vocera Tohá? En el nuevo esquema de palacio, esto sí sería posible. En la lógica de respeto de las instituciones, esto sería inaceptable.
Ernesto Silva M., Facultad de Gobierno,
Universidad del Desarrollo
He de confesar que la salida de Vidal de la vocería de gobierno constituye un claro logro del Ejecutivo. Quizás por eso Carolina Tohá ha tenido una buena recepción y existen altas expectativas sobre su desempeño en el último año del gobierno de la Presidenta Bachelet. Era una diputada seria, inteligente y con un buen perfil para el cargo de vocero de gobierno.
Sin embargo, por muy saludable que sea la salida de Vidal de la vocería, la forma en que es designada por la Presidenta es una falta de respeto a la soberanía popular y ciertamente al funcionamiento normal de las instituciones.
Durante los últimos gobiernos de la Concertación, especialmente con Lagos, se hizo famosa la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Pues bien, parece que esa idea ha quedado guardada en un cajón y ha sido reemplazada por el concepto de “hagamos que las instituciones nos sirvan”.
Desde el momento en que la Presidenta manda a llamar al Congreso a un diputado elegido por votación popular para que sea su vocero, nos enfrentamos a un giro en el concepto de respeto hacia las instituciones.
Nuestro ordenamiento no contempla un mecanismo para la renuncia de los diputados ni para su posible salto hacia el gobierno. La forma en que esto se ha hecho ha sido es una forma de torcer los mecanismos institucionales y constituye un arreglo poco explicable.
Me parece que el Congreso queda dañado en este proceso, puesto que el Ejecutivo pasa a tener una especie de control y poder sobre él, aún mayor al que el ordenamiento constitucional consagra. De hecho, la nueva “doctrina” sobre el uso de los diputados como candidatos para los cargos del Ejecutivo podría generar nuevos incentivos para diputados que sueñen ahora con desafíos en el poder ejecutivo.
Hace algún tiempo se debatió la poco feliz posibilidad de autorizar la compatibilidad entre los cargos de ministro de gobierno y parlamentario. Afortunadamente esto no prosperó, amargando la ilusión de parlamentarios que deseaban reelegirse en sus cargos y aspiraban además a ser pilares del equipo ejecutivo del próximo gobierno. Dicha propuesta de modificación pretendía también adaptar las instituciones para la conveniencia personal, y surgía de un interés propio de sus promotores. Ya veremos si en el futuro, una vez que ya no estén en el Congreso, insisten en esta idea con convicción, o si ya dejan de promoverla porque ya no es útil ni conveniente.
Volviendo al caso de la vocería de gobierno, si el análisis no se limita al nombramiento –y destitución- de Tohá sino que se extiende a la llegada de Harboe al Congreso, se aprecia que La Moneda ha logrado hacer los enroques de piezas que considera necesarios para colocar en cargos claves a personas como Tohá y Harboe, independientemente de lo que haya dicho la voluntad popular representada a través de los votos. Harboe quiere ser diputado y hoy es útil para su partido que se incorpore al Congreso. Tohá no quiere seguir siendo diputada y planifica un cambio de giro, compatible hoy con las necesidades del gobierno.
Pero: ¿quién debe decidir quien entra y sale del Congreso? Las instituciones dan una clara respuesta, pero la Presidenta ha optado por otro camino.
Dicho en simple, Tohá no debió ser nombrada ministra, sino que debió honrar la representación que asumió al ser elegida por votación popular en el distrito de Santiago.
Imagínese qué pasaría si después de un tiempo a la Presidenta o al Ministro del Interior no les gusta el estilo de la vocera. ¿Se iniciará un nuevo enroque? Por ejemplo, ¿mandarán a llamar a Harboe como vocero esperando que el PPD vuelva a nombrar diputada a la vocera Tohá? En el nuevo esquema de palacio, esto sí sería posible. En la lógica de respeto de las instituciones, esto sería inaceptable.
Columna Publicada en Diario Financiero 26 Marzo 2009
Falta de sintonía
Ernesto Silva M.,
Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo
Los principales candidatos presidenciales han elegido temas distintos para escalar en la agenda pública de los últimos días. Pareciera que en esa decisión falta sintonía fina con los temas de preocupación de las personas.
Frei, por una parte, ha levantado la discusión sobre el aborto terapéutico como un tema de debate, análisis y de agenda pública. Sin embargo, este no pareciera ser un tema de mayor preocupación entre las personas en su vida cotidiana, aunque la mayoría de los ciudadanos tenga posición definida en esta materia. Lo que estaría haciendo el candidato oficialista, más que levantar un tema de debate y preocupación nacional, es hacer un guiño y saludo al polo progresista de la Concertación, para sumar apoyos a una candidatura que partió con mucha fuerza pero que ahora le está costando despegar.
Adicionalmente, y en el proceso de primaria que lo enfrenta con el Senador Gómez, el equipo de Frei ha intentado minimizar el efecto y alcance del debate que ambos precandidatos tendrán por televisión. La idea del comando de Frei es que sólo se pueda ver en las regiones que participan de esta primaria (sexta y séptima), y evitar que sea visto en el resto del país. ¿Cuál es la lógica de esta decisión? No parece suficiente el argumento de que los temas del debate son propios de las regiones y diferentes a los temas nacionales o de otras regiones. La decisión del comando del candidato oficialista muestra un problema de sintonía y refleja un estilo de política alejado de los ciudadanos. Hoy se espera una discusión política de cara a los votantes, y lamentablemente en este caso que se ha optado por un camino distinto.
En el caso de la Alianza, por otra parte, después de semanas de trabajar en sus propuestas económicas, Piñera giró sus esfuerzos de posicionamiento hacia la discusión limítrofe que nuestro país enfrenta con Perú. Tanto él como su equipo demandaron con insistencia ser recibidos por la Presidenta para discutir este tema de interés nacional. Y al parecer no lo lograron, puesto que la agenda quedó circunscrita al ámbito de los partidos
Si bien es cierto que el ex presidente Aylwin –ante el conflicto por Laguna del Desierto- hablaba de un pedacito más, un pedacito menos de territorio, las credenciales de la Cancillería y de la Presidenta para enfrentar este conflicto parecen adecuadas. De hecho, han logrado concitar gran unidad en la posición del Estado chileno, en un momento en que la Presidenta además goza de una mejorada popularidad y reconocimiento ciudadano.
En este contexto, la petición de reunión con la Presidenta y la búsqueda intensa de posicionamiento en este tema parecen equivocadas, especialmente cuando existe una institucionalidad para canalizar estas inquietudes, la que se desarrolla a través del liderazgo del Presidente de la República, del apoyo de la Cancillería, del trabajo de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso, y de la labor de los Presidentes de los Partidos Políticos.
La principal preocupación de las personas hoy sigue siendo el empleo. Y en este año de crisis, es evidente que el tema demandará soluciones. Los candidatos podrían sintonizar cada vez más fino con esta preocupación, e insistir en este tema en sus agendas, pidiendo a la Presidenta, por ejemplo, que los reciba para tratar con urgencia y profundidad sus propuestas para prevenir el desempleo y generar más puestos de trabajo. Pareciera que los candidatos están priorizando temas que les permiten presencia en la agenda pública antes que temas que requieren de sus propuestas, ideas e iniciativas para producir cambios relevantes.
Ernesto Silva M.,
Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo
Los principales candidatos presidenciales han elegido temas distintos para escalar en la agenda pública de los últimos días. Pareciera que en esa decisión falta sintonía fina con los temas de preocupación de las personas.
Frei, por una parte, ha levantado la discusión sobre el aborto terapéutico como un tema de debate, análisis y de agenda pública. Sin embargo, este no pareciera ser un tema de mayor preocupación entre las personas en su vida cotidiana, aunque la mayoría de los ciudadanos tenga posición definida en esta materia. Lo que estaría haciendo el candidato oficialista, más que levantar un tema de debate y preocupación nacional, es hacer un guiño y saludo al polo progresista de la Concertación, para sumar apoyos a una candidatura que partió con mucha fuerza pero que ahora le está costando despegar.
Adicionalmente, y en el proceso de primaria que lo enfrenta con el Senador Gómez, el equipo de Frei ha intentado minimizar el efecto y alcance del debate que ambos precandidatos tendrán por televisión. La idea del comando de Frei es que sólo se pueda ver en las regiones que participan de esta primaria (sexta y séptima), y evitar que sea visto en el resto del país. ¿Cuál es la lógica de esta decisión? No parece suficiente el argumento de que los temas del debate son propios de las regiones y diferentes a los temas nacionales o de otras regiones. La decisión del comando del candidato oficialista muestra un problema de sintonía y refleja un estilo de política alejado de los ciudadanos. Hoy se espera una discusión política de cara a los votantes, y lamentablemente en este caso que se ha optado por un camino distinto.
En el caso de la Alianza, por otra parte, después de semanas de trabajar en sus propuestas económicas, Piñera giró sus esfuerzos de posicionamiento hacia la discusión limítrofe que nuestro país enfrenta con Perú. Tanto él como su equipo demandaron con insistencia ser recibidos por la Presidenta para discutir este tema de interés nacional. Y al parecer no lo lograron, puesto que la agenda quedó circunscrita al ámbito de los partidos
Si bien es cierto que el ex presidente Aylwin –ante el conflicto por Laguna del Desierto- hablaba de un pedacito más, un pedacito menos de territorio, las credenciales de la Cancillería y de la Presidenta para enfrentar este conflicto parecen adecuadas. De hecho, han logrado concitar gran unidad en la posición del Estado chileno, en un momento en que la Presidenta además goza de una mejorada popularidad y reconocimiento ciudadano.
En este contexto, la petición de reunión con la Presidenta y la búsqueda intensa de posicionamiento en este tema parecen equivocadas, especialmente cuando existe una institucionalidad para canalizar estas inquietudes, la que se desarrolla a través del liderazgo del Presidente de la República, del apoyo de la Cancillería, del trabajo de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso, y de la labor de los Presidentes de los Partidos Políticos.
La principal preocupación de las personas hoy sigue siendo el empleo. Y en este año de crisis, es evidente que el tema demandará soluciones. Los candidatos podrían sintonizar cada vez más fino con esta preocupación, e insistir en este tema en sus agendas, pidiendo a la Presidenta, por ejemplo, que los reciba para tratar con urgencia y profundidad sus propuestas para prevenir el desempleo y generar más puestos de trabajo. Pareciera que los candidatos están priorizando temas que les permiten presencia en la agenda pública antes que temas que requieren de sus propuestas, ideas e iniciativas para producir cambios relevantes.
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