Columna Diario Finaciero
29.04.2011
El gobierno de la Coalición por el Cambio definió siete grandes reformas para Chile. En este listado, de la que menos se habla es de la Modernización del Estado. Se trata, a mi juicio, de uno de los ejes más importantes para lograr que el país alcance los niveles de desarrollo que permitan que los chilenos vivan mejor.
No podemos esperar avances relevantes si no somos capaces de modernizar el Estado en serio.
Los hechos que han sido parte del debate público y político de las últimas semanas, son un ejemplo más de que el Estado -como está hoy- no da el ancho para lo que el país necesita.
Asesores que cumplirían roles de carácter más bien directivo, procesos lentos y débilmente controlados, necesidad de acuerdos extrajudiciales por errores previos en la gestión de la actividad pública, muestran nuevamente que el Estado debe avanzar y debe hacerlo con urgencia.
Por eso, creo que no hay que esperar más y tomarse el tema de la modernización del Estado en serio, avanzando en los nudos de fondo que limitan la competitividad, eficiencia, y rendición de cuentas.
Se necesita un nuevo trato para los funcionarios públicos a todo nivel, no sólo para los altos directivos, revisando la inamovilidad, incorporando mejores sistemas de evaluación y mejores procesos de gestión de recursos humanos.
Se requiere transparentar la añeja situación de las plantas de funcionarios, del personal a contrata y de quienes están a honorarios. La rigidez actual del Estado no permite un sistema racional y eficiente de recursos humanos que compatibilice protección en el empleo con eficiencia en alcanzar las metas que el gobierno se propone.
Urge, además, avanzar en la evaluación de los programas, en la rendición de cuentas de las autoridades y de los servicios, y en la forma en que se preparan y ejecutan los presupuestos.
Por otra parte, la descentralización y la asignación de decisiones y recursos a los gobiernos locales es parte de los desafíos centrales de cualquier modernización del Estado, y, en este punto, seguimos muy atrasados.
Si revisamos la década pasada, hubo dos grandes olas modernizadoras del Estado. La primera fue en 2003 con el Acuerdo de Modernización, que se tradujo en una potente agenda corta que incluyó la Alta Dirección Pública, el Sistema de Compras Públicas, el Financiamiento Público de la Política, la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras. La segunda fue en 2007-2008 cuando se intentaron aprobar varias medidas pero sólo destacó la Ley de Transparencia. Tal vez la diferencia estuvo en que en 2003 existía un consenso previo entre expertos técnicos y políticos sobre cómo se debía avanzar. El consenso de 2007, en cambio, era menor.
Hoy tenemos una oportunidad enorme porque se juntan dos factores críticos para avanzar: conciencia sobre la necesidad de reformar el Estado y bases para un consenso técnico en lo que se debe abordar. El Consorcio de Reforma del Estado del año 2009 propuso muchas y buenas soluciones.
Por ello, el gobierno debe promover con urgencia este pilar del programa de gobierno, impulsando una agenda modernizadora contundente y ambiciosa.
viernes, 29 de abril de 2011
viernes, 1 de abril de 2011
Políticas sociales 2.0: capacidades y empleo
Es imposible negar los importantes avances llevados a cabo en materias de políticas sociales durante los últimos 20 años. Este proceso significó una transformación completa del sistema de protección social y el resultado fue una red de programas destinados a asegurar los estándares de vida mínimos para un número importante de compatriotas.
Sin embargo, la evaluación de los distintos programas de protección social no ha sido siempre positiva. A modo de ejemplo, en su reciente libro Larrañaga y Contreras plantean serias dudas respecto del impacto del programa Chile Solidario. Al mismo tiempo, y tras detectar gastos operacionales altísimos, el gobierno ha planteado la necesidad de asegurar la eficiencia en el gasto de los programas sociales. Entonces, luego de 20 años de avances parece adecuado re-pensar algunos de los elementos clave de nuestro sistema de protección social. En este sentido, el Ingreso Etico Familiar aparece como gran oportunidad. Si bien los avances del proyecto no se han hecho públicos, considero importante plantear dos elementos que deberían ser el core del mismo. El primero está asociado con la necesidad de avanzar no solamente en la entrega de derechos, sino que también con la exigencia de deberes. El segundo es el hacer de la creación de empleos un pilar fundamental de este proyecto.
Si bien la evidencia no es absolutamente concluyente, todo parece indicar que el camino más efectivo y eficiente para asegurar el éxito de la política social apunta a la utilización de transferencias (realmente) condicionadas como el marco conceptual del Ingreso Etico. Lamentablemente, la red de protección hoy existente casi no exige esfuerzos a quienes participan de ella y, por lo tanto, hoy no aprovechamos el gran potencial de los hogares participes de la misma. Es necesario, entonces, mejorar los estándares e innovar. Cualquier nueva transferencia debiera ser condicionada en esfuerzos reales, que potencien las capacidades de los hogares. No es difícil, entonces, imaginar la posibilidad de condicionar sobre mejoras en el desempeño educacional, salud, e incluso criminalidad o delincuencia de la población. Elementos como éstos deben ser parte de las políticas sociales 2.0 en general, y del Ingreso Etico Familiar en particular.
Un énfasis en los incentivos a conseguir y mantener un empleo debe ser el segundo elemento que caracterice a nuestras políticas sociales 2.0. La necesidad de avanzar en esta línea ha sido planteada incluso por el ex ministro Andrés Velasco y por expertos como Patricio Meller, entre otros. Empleo, empleo y empleo debe ser parte del slogan de nuestra política social 2.0. Un empleo hoy en Chile significa un ingreso mínimo, un seguro de cesantía, un acceso a salud y previsión, y, más importante aún, la posibilidad de dejar atrás la condición de vulnerabilidad. En este sentido, el no considerar medidas pro-empleo pondría en jaque los esfuerzos para terminar con la pobreza en nuestro país.
En las semanas que vienen se inicia la implementación de la Bonificación al Ingreso Etico Familiar, pero en paralelo se prepara el proyecto de ley que establecerá las bases permanentes del Ingreso Etico Familiar. Nuestro desafío es lograr que este nuevo proyecto sea un ejemplo de políticas sociales 2.0: a fortalecer las capacidades y el empleo de las familias vulnerables.
Sin embargo, la evaluación de los distintos programas de protección social no ha sido siempre positiva. A modo de ejemplo, en su reciente libro Larrañaga y Contreras plantean serias dudas respecto del impacto del programa Chile Solidario. Al mismo tiempo, y tras detectar gastos operacionales altísimos, el gobierno ha planteado la necesidad de asegurar la eficiencia en el gasto de los programas sociales. Entonces, luego de 20 años de avances parece adecuado re-pensar algunos de los elementos clave de nuestro sistema de protección social. En este sentido, el Ingreso Etico Familiar aparece como gran oportunidad. Si bien los avances del proyecto no se han hecho públicos, considero importante plantear dos elementos que deberían ser el core del mismo. El primero está asociado con la necesidad de avanzar no solamente en la entrega de derechos, sino que también con la exigencia de deberes. El segundo es el hacer de la creación de empleos un pilar fundamental de este proyecto.
Si bien la evidencia no es absolutamente concluyente, todo parece indicar que el camino más efectivo y eficiente para asegurar el éxito de la política social apunta a la utilización de transferencias (realmente) condicionadas como el marco conceptual del Ingreso Etico. Lamentablemente, la red de protección hoy existente casi no exige esfuerzos a quienes participan de ella y, por lo tanto, hoy no aprovechamos el gran potencial de los hogares participes de la misma. Es necesario, entonces, mejorar los estándares e innovar. Cualquier nueva transferencia debiera ser condicionada en esfuerzos reales, que potencien las capacidades de los hogares. No es difícil, entonces, imaginar la posibilidad de condicionar sobre mejoras en el desempeño educacional, salud, e incluso criminalidad o delincuencia de la población. Elementos como éstos deben ser parte de las políticas sociales 2.0 en general, y del Ingreso Etico Familiar en particular.
Un énfasis en los incentivos a conseguir y mantener un empleo debe ser el segundo elemento que caracterice a nuestras políticas sociales 2.0. La necesidad de avanzar en esta línea ha sido planteada incluso por el ex ministro Andrés Velasco y por expertos como Patricio Meller, entre otros. Empleo, empleo y empleo debe ser parte del slogan de nuestra política social 2.0. Un empleo hoy en Chile significa un ingreso mínimo, un seguro de cesantía, un acceso a salud y previsión, y, más importante aún, la posibilidad de dejar atrás la condición de vulnerabilidad. En este sentido, el no considerar medidas pro-empleo pondría en jaque los esfuerzos para terminar con la pobreza en nuestro país.
En las semanas que vienen se inicia la implementación de la Bonificación al Ingreso Etico Familiar, pero en paralelo se prepara el proyecto de ley que establecerá las bases permanentes del Ingreso Etico Familiar. Nuestro desafío es lograr que este nuevo proyecto sea un ejemplo de políticas sociales 2.0: a fortalecer las capacidades y el empleo de las familias vulnerables.
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