¿Suprema intromisión?

Columna Diario Finaciero, Septiembre La decisión de la Corte Suprema en el caso Castilla ha generado un debate que ha tensionado la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Ejecutivo ha señalado que respeta el fallo del máximo tribunal, pero que discrepa de los fundamentos utilizados para resolver. Los jueces, por su parte, han alegado intromisión y falta de prudencia de la ministra de Medio Ambiente. Todo este debate se ha centrado -equivocadamente, a mi juicio- en las declaraciones de la ministra, cuando la verdadera discusión debiera centrarse en el fallo judicial. Un punto del debate ha sido la posibilidad o no de que un ministro de Estado comente y/o critique un fallo judicial. En el fondo, lo que se ha querido cuestionar es la libertad de un ministro para rebatir, respetuosa y fundadamente, un fallo que ya fue dictado, acatado y respetado por el gobierno. Pensar que una autoridad no puede opinar, ni siquiera respetando los fallos y expresándose cuando ya está terminado el proceso, pareciera simplemente querer instalar una lógica de censura que va más allá de lo razonable. Despejado ya el tema de pretender coartar la adecuada libertad de la ministra, lo que importa es centrarse en el tema de fondo: ¿quién se entromete en qué?
El máximo tribunal ha alegado intromisión del Ejecutivo a través de las declaraciones de la titular del Medio Ambiente, pero lo que hay que preguntarse en realidad es si la Corte se ha entrometido en las facultades de la autoridad ambiental. En efecto, y como bien lo han señalado distintos expertos, en el caso Castilla la Corte Suprema determinó, a través de una acción cautelar y de emergencia, criterios técnicos que debe cumplir un proyecto determinado, desnaturalizando el sentido de una acción de este tipo. Esto implica que el máximo tribunal -que no es un organismo técnico- asuma un rol de experto en asuntos ambientales, calificando el contenido y pertinencia de los actos, aun cuando su función es otra: resguardar la legalidad de los actos y proteger, en caso de ser vulnerados, los derechos fundamentales. 
Como sabemos, el asunto Castilla incluye dos proyectos: el Puerto y la Central Termoeléctrica, ambos sometidos, por separado, al más alto estándar de evaluación que un proyecto puede tener: a través de Estudios de Impacto Ambiental. La ley no exige al proponente de un proyecto que se relacione con otro a presentarlos conjuntamente. Lo que prohíbe, es, a sabiendas, variar el instrumento de evaluación o eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuestión que en este caso no ocurrió. No obstante, la Corte decidió ir más allá estableciendo un nuevo criterio, señalando “… lo que aquí se cuestiona es que tanto el Proyecto Puerto como el Proyecto Central Termoeléctrica, son en realidad uno solo, y que la presentación a evaluación en forma separada, vulnera la ley.” 
¿Es esta una definición de la Corte Suprema o de la autoridad ambiental? ¿Es el Ejecutivo quien se entromete en asuntos judiciales o es el máximo tribunal quien asume roles que no le corresponden? 
De perseverar la visión de la corte hacia el futuro, tendremos una nueva autoridad técnica ambiental -la Corte Suprema- que se pronunciará sobre la pertinencia de presentar estudios de impacto ambiental en conjunto o en separado, y quizás qué otras definiciones que son propias de una autoridad técnica y especialista, tal como lo viene haciendo en relación a la aplicación del Convenio 169 de la OIT y otras materias. Más que cerrar prontamente un debate, se hace necesario abrirlo y entrar al fondo del asunto: ¿hasta dónde debe llegar el rol técnico del poder judicial en materias ambientales? La seguridad jurídica merece una respuesta.

Reforma tributaria, el valor de un buen acuerdo

"...demostró que las instituciones y las coaliciones políticas han recuperado la capacida de alcanzar consensos y de aplacar las pasiones y egoísmos para reconocer un propósito común, que es servir a Chile...". En marzo de 2010 desembarcamos en el Congreso una nueva generación de parlamentarios, que habíamos constatado cómo la solidez de nuestras instituciones y el diálogo democrático de los últimos veinte arios habían permitido generar cambios sustantivos para Chile. Fuimos observando con preocupación, sin embargo, que durante sus dos primeros años, el gobierno de la Alianza enfrentaba un clima político complejo, alejado de ese espíritu de entendimiento y marcado por la ausencia de liderazgos, e incluso de la responsabilidad que hasta hace poco abría caminos para el progreso de los chilenos. Se había interrumpido ese diálogo democrático, que confrontaba posiciones con una mirada constructiva, y el gobierno debía sortear a una oposición cada vez más dispuesta a paralizar su agenda de reformas, en vez de poner sus voluntades y experiencia a disposición de los desafíos que el Presidente Piñera proponía al país, todos ellos vitales para alcanzar las metas que tenemos por delante. ¿Cuál es, a mi juicio, el valor central de la aprobación de la Reforma Tributaria? Desde la mirada de quien llegó al Congreso confiado en sumarse a los espacios que habían impulsado tantos y tan sólidos acuerdos, la propuesta sellada entre el Gobierno, la Concertación y la Alianza representa un giro en esa trayectoria de obstrucción y de enfrentamiento. Es cierto que algunos, y en particular la UDI, planteamos nuestro desacuerdo con el envío de un proyecto de reforma tributaria. Estimábamos innecesario modificar la carga de impuestos, entre otras razones, porque atravesamos por un momento de crisis económica internacional y porque creemos que es posible alcanzar los mismos objetivos, por otros caminos. Sin embargo, con la misma convicción, nos pusimos a disposición para encontrar una fórmula que permitiera destrabar un proyecto que, hasta ese momento, estaba prácticamente desahuciado y respecto del cual se habían generado tantas expectativas. El valor de la reforma tributaria excede, por mucho, el efecto fiscal y la recaudación de recursos para un fin tan trascendente como la educación. Aun cuando su tramitación se extendió más allá de lo razonable, abrió un debate político en el que pusimos sobre la mesa, con transparencia y de cara a la ciudadanía, la diversidad de visiones económicas, sociales, e incluso ideológicas, que conviven en nuestro Parlamento. Nos puso por delante la tarea de reconocer cuáles eran los objetivos comunes y en qué aspectos era posible ceder, hasta alcanzar una propuesta. Esa tarea es la que da el más profundo sentido a la democracia y la que espera la inmensa mayoría de los chilenos de nosotros. No nos pide que renunciemos a nuestras convicciones para alcanzar éxitos temporales, tampoco que nos confrontemos para aprovechar fuerzas políticas circunstanciales o provocarle derrotas al gobierno de signo opuesto: nos exige debatir con responsabilidad y acordar todos aquellos cambios que sirvan, en el más amplio sentido de la palabra, a Chile. El acuerdo demostró que las instituciones y las coaliciones políticas han recuperado la capacidad de alcanzar consensos, de aplacar las pasiones y los egoísmos, para reconocer un propósito común, que es servir a Chile. Y ratificó, una vez más, que es en el Congreso Nacional en donde los representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía debemos buscar los consensos necesarios para el progreso del país. Tenemos ahora por delante el desafío de tramitar en el Congreso la Ley de Presupuestos para el año 2013. Es de esperar que tanto la Concertación como la Alianza sepamos reiterar las voluntades y el liderazgo que hicieron posible la reforma. Más allá de nuestras legítimas aspiraciones y de las visiones políticas que representamos, tenemos la oportunidad de responder a la ciudadanía y de honrar la solidez institucional que hemos sido capaces de construir en las últimas décadas. Cito a Patricio Aylwin en su primer mensaje del 21 de mayo: "El Gobierno, el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, los partidos políticos, las organizaciones sociales, tenemos en esta etapa una responsabilidad histórica: estar a la altura de lo que Chile tiene derecho a reclamarnos y nuestro pueblo espera de nosotros. Lo conseguiremos en la medida misma en que la sabiduría y la prudencia -y no las pasiones ni los egoísmos ni los impulsos vehementes-presidan nuestra conducta". Columna editorial Diario El Mercurio, septiembre

¡Urgente un mejor clima político!

Columna Diario Financiero Julio Acabamos de terminar en el Congreso una agobiante tramitación del reajuste del salario mínimo. Lejos de ser la oportunidad para que todas las fuerzas políticas con representación popular debatiéramos sobre el valor del trabajo como herramienta para salir de la pobreza y revisáramos, pensando en Chile y no en la próxima elección, los errores y aciertos del pasado en esta materia, un sector de la oposición optó por utilizar la discusión para complicarle el camino al gobierno y para reiterar hasta el cansancio caricaturas y las legitimas aspiraciones de mejores condiciones de los trabajadores. Chile enfrenta un futuro inmediato con luces y sombras. Se mantienen las buenas noticias en materia económica, el país ha recuperado la capacidad de crecimiento que demostró los primeros años de los 90 y el desempleo ha caído a niveles históricos. Se avanza en distintos frentes, especialmente en tareas que estaban paralizadas hace años y que tienen un impacto directo en la igualdad de oportunidades para los más pobres y la clase media. Pero al mismo tiempo, estamos atentos a los efectos de una crisis internacional de la que es difícil escapar; y el malestar social, contenido por años por una Concertación que ofrecía paliativos, le ha impuesto una presión al gobierno y a todo el mundo político para adoptar decisiones que, a veces, amenaza con desbordarse. El gobierno de la Coalición se ha trazado desafíos que deberán ser abordados en los próximos meses, para aprovechar la oportunidad que tiene Chile de ser el primer país de América Latina que deje atrás el subdesarrollo y la pobreza. Pero no basta con el entusiasmo del gobierno y de la Coalición por el Cambio. O la Concertación se suma a buscar acuerdos beneficiosos para el país, o tendremos desastre tras desastre en materia de decisiones políticas. Si uno revisa la agenda legislativa de los próximos meses, tendremos temas de alta complejidad: reforma tributaria, financiamiento del Transantiago, reajuste del sector público, plan garantizado de salud, y, por supuesto, la ley de presupuestos. En ese sentido, el mensaje es claro: la oposición debe señalar ya si quiere conversar y construir o si quiere oponerse y obstruir. Si dialoga y construye, sin duda el país gana. Si se opone y sigue obstruyendo, claramente perjudica no sólo al gobierno, sino a quienes son beneficiaros de las políticas públicas. Si algo ha caracterizado la transición democrática, es que ha habido líderes en ambas coaliciones capaces de construir acuerdos relevantes. Ello permitió el gran acuerdo de reforma del Estado de 2003, las reformas políticas y sociales de las últimas décadas, y el éxito en el crecimiento económico y en el combate a la pobreza. Hoy vemos que la Concertación no tiene esos liderazgos y pareciera -en muchos momentos- no querer tenerlos. Es urgente un cambio de actitud. No podemos seguir legislando con un clima político polarizado y que no tiene capacidad de producir acuerdos. La reforma tributaria -que para muchos de nosotros ha sido proyecto alejado de nuestras ideas- es la oportunidad para ver si la oposición tiene la disposición de sentarse a conversar y retomar la senda de buenos acuerdos, algo que, hasta ahora, parece haber olvidado.