El debate de las últimas semanas sobre el Sistema de Alta Dirección Pública ha equivocado el foco. Se ha centrado en la legitimidad de las desvinculaciones de un conjunto de directivos a raíz del cambio de gobierno, cuando los verdaderos desafíos del sistema son –a mi juicio- otros, y de mayor importancia.
Respecto de las desvinculaciones, la Alta Dirección Pública se definió como un sistema de selección de directivos que tuviera un filtro de mérito (concurso), haciéndose cargo de la situación de que muchos directivos asumían en altas responsabilidades sin tener el mérito ni las competencias suficientes, independiente de sus posiciones políticas. Por otra parte, se incorporó el sistema de ternas en la selección –que incluye el filtro de mérito pero deja espacio al criterio o discreción de la autoridad que selecciona-. Por último, la normativa mantuvo a estos funcionarios bajo la categoría de exclusiva confianza, es decir, se mantienen en sus cargos mientras cuenten con la confianza de la autoridad.
Pero los verdaderos desafíos de la Alta Dirección Pública son otros. Esta institucionalidad, creada el año 2003, requiere de revisiones importantes. Así lo han dicho los académicos y así lo han dicho también integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública.
Los verdaderos desafíos del sistema son cuatro: dejar de ser una fábrica de concursos (como dijo un integrante del Consejo) para transformarse en un verdadero sistema de gestión de los altos directivos; transformar los convenios de desempeño en instrumentos relevantes y significativos de alineamiento y ordenamiento de la gestión; revisar el diseño institucional de la Alta Dirección Pública, incluyendo el rol del Consejo de Alta Dirección Pública y el de la Dirección Nacional del Servicio Civil; y, por último, hacer las modificaciones que permitan la selección de profesionales de excelencia para el sector salud.
Dejar de ser una fábrica de concursos y transformarse en un verdadero sistema de gestión de altos directivos es el primer desafío. Los directivos son elegidos por concurso, pero tienen facultades de gestión equivalentes a los demás directivos públicos. Esto requiere revisión para permitir a estos directivos seleccionados por mérito ejercer la gestión con mayores atribuciones y con otros esquemas de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos y los recursos financieros. En la misma línea de acción, se necesita avanzar hacia un sistema de gestión de este grupo especial de altos directivos, generando mecanismos formales y sistemáticos de seguimiento, acompañamiento y apoyo.
Los convenios de desempeño que suscriben los directivos con los ministros o autoridades correspondientes, no son hoy instrumentos útiles de gestión. Basta revisarlos para observar que su redacción incluye metas muy formales, similares a aquellas de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, y tampoco existe evidencia de que sean evaluados anualmente en un proceso de análisis y retroalimentación que permita aprendizaje del directivo y control por parte del superior. Los convenios de desempeño pueden ser fundamentales y los resultados de la evaluación deben ser determinantes en las remuneraciones variables de los directivos y en la eventual renovación de su contrato para un período adicional.
El tercer desafío es revisar la institucionalidad del sistema. Actualmente, la gestión de la Alta Dirección está contenida como una subdirección de la Dirección Nacional del Servicio Civil, aún cuando su pilar fundamental es el Consejo de Alta Dirección Pública, órgano que aún requiere un filtro adicional de autonomía, toda vez que su presidente (y voto dirimente) es el Director Nacional del Servicio Civil, quien no es elegido a través de concurso, sino directamente por el Presidente de la República. Esta institucionalidad debe ser fortalecida para lograr un buen proceso de selección de directivos cuya demanda crece cada vez más en distintas instancias, pero a la vez lograr construir un verdadero sistema de gestión de los altos directivos públicos, incluyendo el análisis de los convenios de desempeño, entre otras materias.
Por último, la evidencia indica que no ha sido posible llenar los cargos en los primeros niveles de los servicios de salud. Las remuneraciones y exigencias impiden atraer a los directivos esperados. Esto debe ser modificado flexibilizando los criterios y revisando las remuneraciones.
El Sistema de Alta Dirección Pública fue una de las innovaciones más profundas de la última década en materia de modernización del Estado. Si no queremos que este cambio se diluya en el tiempo, debemos acordar cambios profundos que permitan un avance sustancial en la gestión del sistema de altos directivos.
lunes, 18 de octubre de 2010
viernes, 15 de octubre de 2010
Corfo y el cambio de foco en el Presupuesto 2011
Columna publicada en El Financiero, 15 de octubre 2010.
Ya está en tierra derecha la discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011. Tal vez una de las presentaciones más interesantes ha sido la de Corfo, no sólo por las características de su presupuesto, sino por el giro en las definiciones estratégicas de la corporación y por la identidad que refleja el gobierno en sus líneas de acción.
Corfo fue constituida originalmente como una corporación para fomentar la producción, asignando un rol relevante al Estado en materia productiva. La actual administración ha sido clara en plantear su visión para la corporación: "fomentar el emprendimiento y la innovación para mejorar la productividad de Chile y alcanzar posiciones de liderazgo mundial en materia de competitividad". Adicionalmente a esta definición fundamental, el vicepresidente ejecutivo ha señalado que "el ámbito de acción de Corfo debe limitarse a aquellas áreas e instancias en las que se detecten imperfecciones o fallas de mercado": externalidades positivas, asimetrías de información y la necesidad de proveer bienes públicos. Es decir, la administración de la Corfo plantea un foco, y acota el ámbito de acción de la corporación.
En este presupuesto, y en estas definiciones, se aprecia con claridad un compromiso con el principio de subsidiariedad, y recién a partir de estas definiciones, se construye la asignación de los recursos presupuestarios. Claramente, éste no es un presupuesto de continuidad, sino un presupuesto con identidad y con ideas.
Destaca también el compromiso central de la Corfo para el presupuesto 2011: aumentar el número de Mipyme atendidas en un 30% y canalizar recursos adicionales en un 12%. Todo esto, en un presupuesto total que disminuye en un 21% respecto de la ejecución estimada por la Dirección de Presupuestos para este año 2010.
¿Cómo lo hará Corfo para lograr crecer en servicio y focalización a pesar de una disminución importante de su presupuesto total? A través de creatividad en el uso de los recursos y a través de una buena comprensión de la utilidad o inutilidad de los instrumentos que dispone.
Un ejemplo concreto de lo anterior está dado por las líneas de financiamiento para Mipymes. En el presupuesto anterior, Corfo entregaba líneas de financiamiento directo a las instituciones financieras para que ellas otorgaran créditos a los beneficiarios. Sin embargo, este enorme gasto por parte de Corfo no producía el resultado esperado, toda vez que no se atacaba el problema del riesgo de los micro y pequeños empresarios, y no recibían los créditos por falta de garantía. Los recursos, en muchos casos, eran finalmente asignados a empresas de menor riesgo y mayor tamaño, alejándose del objetivo inicial del programa. La actual administración ha cambiado la estrategia, atacando el problema de fondo de los pequeños empresarios, esto es, la falta de garantía. Para ello ha fortalecido el sistema de garantías, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento a quienes sí son destinatarios de este programa. Corfo ha señalado, por ejemplo, que con un fondo de garantía de US$ 320 millones, se pueden generar créditos por US$ 3.200 millones. Esta es una innovación importante y que puede producir resultados relevantes.
Bien por la apuesta de Corfo en el presupuesto 2011: foco estratégico, identidad y subsidiariedad, disminución del presupuesto total, y un aumento esperado en las Mipyme que accederán a financiamiento para sus emprendimientos e innovaciones.
Ya está en tierra derecha la discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011. Tal vez una de las presentaciones más interesantes ha sido la de Corfo, no sólo por las características de su presupuesto, sino por el giro en las definiciones estratégicas de la corporación y por la identidad que refleja el gobierno en sus líneas de acción.
Corfo fue constituida originalmente como una corporación para fomentar la producción, asignando un rol relevante al Estado en materia productiva. La actual administración ha sido clara en plantear su visión para la corporación: "fomentar el emprendimiento y la innovación para mejorar la productividad de Chile y alcanzar posiciones de liderazgo mundial en materia de competitividad". Adicionalmente a esta definición fundamental, el vicepresidente ejecutivo ha señalado que "el ámbito de acción de Corfo debe limitarse a aquellas áreas e instancias en las que se detecten imperfecciones o fallas de mercado": externalidades positivas, asimetrías de información y la necesidad de proveer bienes públicos. Es decir, la administración de la Corfo plantea un foco, y acota el ámbito de acción de la corporación.
En este presupuesto, y en estas definiciones, se aprecia con claridad un compromiso con el principio de subsidiariedad, y recién a partir de estas definiciones, se construye la asignación de los recursos presupuestarios. Claramente, éste no es un presupuesto de continuidad, sino un presupuesto con identidad y con ideas.
Destaca también el compromiso central de la Corfo para el presupuesto 2011: aumentar el número de Mipyme atendidas en un 30% y canalizar recursos adicionales en un 12%. Todo esto, en un presupuesto total que disminuye en un 21% respecto de la ejecución estimada por la Dirección de Presupuestos para este año 2010.
¿Cómo lo hará Corfo para lograr crecer en servicio y focalización a pesar de una disminución importante de su presupuesto total? A través de creatividad en el uso de los recursos y a través de una buena comprensión de la utilidad o inutilidad de los instrumentos que dispone.
Un ejemplo concreto de lo anterior está dado por las líneas de financiamiento para Mipymes. En el presupuesto anterior, Corfo entregaba líneas de financiamiento directo a las instituciones financieras para que ellas otorgaran créditos a los beneficiarios. Sin embargo, este enorme gasto por parte de Corfo no producía el resultado esperado, toda vez que no se atacaba el problema del riesgo de los micro y pequeños empresarios, y no recibían los créditos por falta de garantía. Los recursos, en muchos casos, eran finalmente asignados a empresas de menor riesgo y mayor tamaño, alejándose del objetivo inicial del programa. La actual administración ha cambiado la estrategia, atacando el problema de fondo de los pequeños empresarios, esto es, la falta de garantía. Para ello ha fortalecido el sistema de garantías, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento a quienes sí son destinatarios de este programa. Corfo ha señalado, por ejemplo, que con un fondo de garantía de US$ 320 millones, se pueden generar créditos por US$ 3.200 millones. Esta es una innovación importante y que puede producir resultados relevantes.
Bien por la apuesta de Corfo en el presupuesto 2011: foco estratégico, identidad y subsidiariedad, disminución del presupuesto total, y un aumento esperado en las Mipyme que accederán a financiamiento para sus emprendimientos e innovaciones.
jueves, 14 de octubre de 2010
lunes, 4 de octubre de 2010
Desafíos del Presupuesto 2011
Columna publicada en La Tercera
La actitud constructiva se requiere ahora para lograr un presupuesto con amplia aprobación en todas las coaliciones políticas.
Con el ingreso del proyecto de ley de presupuestos se concreta la instalación de una nueva coalición de gobierno, porque es el instrumento más relevante que tiene la administración estatal para definir sus prioridades y reflejar su impronta. Los US$ 53.387 millones de este año tienen un incremento real del 5,5% en el gasto público y se retoma la senda utilizada entre 2000 y 2005, al presentar un presupuesto similar al crecimiento del PIB, que para 2011 está estimado por el Banco Central en un rango entre 5,5% y 6,5%.
El presupuesto plantea tres desafíos fundamentales, tanto para el gobierno como para la oposición. El primero es reflejar en la asignación de los recursos las prioridades del programa de gobierno por el cual fue elegido el Presidente Piñera. El segundo es compatibilizar la expansión del gasto público con el cuidado de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. El tercero es un desafío para la Concertación y consiste en ser capaz de ser una oposición que plantee posiciones, pero sin ser obstruccionista.
El gobierno ha cumplido el primer punto al priorizar el gasto social que crece un 14,9%. Los aumentos relevantes en Trabajo, Educación, Vivienda y Seguridad Ciudadana son fieles reflejos del programa de gobierno. Este presupuesto implica priorizar la asignación de recursos en los temas en que la ciudadanía ha manifestado mayor preocupación y que son reflejo de la necesidad de un cambio de gobierno.
En el segundo de los desafíos el gobierno también cumple. El aumento del gasto público -a diferencia de otros años- no será mayor que el aumento del crecimiento económico. Esta decisión, además de favorecer un orden de las cuentas fiscales, es una de las formas que el gobierno tiene para evitar mayores problemas con variables como el tipo de cambio, la tasa de interés y la variación de los precios. Si el gasto fuera más expansivo que lo proyectado en este presupuesto, se corre el riesgo de afectar el tipo de cambio induciendo a una baja del precio del dólar, algo que sería muy perjudicial para el agro y para otros sectores de la actividad económica nacional. De igual forma, un presupuesto muy expansivo podría llevar también al alza a la tasa de interés y la inflación. En este contexto, el presupuesto es acertado y equilibrado.
Por último, en el tercero de los desafíos, la Concertación tiene la palabra. Hasta ahora, ha anticipado una actitud obstruccionista que no parece conducir a un buen destino. Sin embargo, esto aún puede ser corregido. Los últimos días de discusión en el Congreso han dado cuenta de dos enfoques que puede tener la Concertación: el enfoque paralizador y negativo que se ha reflejado en las discusiones sobre el impuesto específico a la minería (royalty), o el enfoque constructivo y abierto al diálogo que se ha manifestado en acuerdos políticos como el financiamiento al Transantiago y las modificaciones a la ley antiterrorista y la justicia militar.
El país necesita del segundo enfoque, y especialmente en la primera ley de presupuestos de un nuevo gobierno. La actitud constructiva se requiere ahora y en este proyecto, para lograr un presupuesto con amplia aprobación en todas las coaliciones políticas.
La actitud constructiva se requiere ahora para lograr un presupuesto con amplia aprobación en todas las coaliciones políticas.
Con el ingreso del proyecto de ley de presupuestos se concreta la instalación de una nueva coalición de gobierno, porque es el instrumento más relevante que tiene la administración estatal para definir sus prioridades y reflejar su impronta. Los US$ 53.387 millones de este año tienen un incremento real del 5,5% en el gasto público y se retoma la senda utilizada entre 2000 y 2005, al presentar un presupuesto similar al crecimiento del PIB, que para 2011 está estimado por el Banco Central en un rango entre 5,5% y 6,5%.
El presupuesto plantea tres desafíos fundamentales, tanto para el gobierno como para la oposición. El primero es reflejar en la asignación de los recursos las prioridades del programa de gobierno por el cual fue elegido el Presidente Piñera. El segundo es compatibilizar la expansión del gasto público con el cuidado de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. El tercero es un desafío para la Concertación y consiste en ser capaz de ser una oposición que plantee posiciones, pero sin ser obstruccionista.
El gobierno ha cumplido el primer punto al priorizar el gasto social que crece un 14,9%. Los aumentos relevantes en Trabajo, Educación, Vivienda y Seguridad Ciudadana son fieles reflejos del programa de gobierno. Este presupuesto implica priorizar la asignación de recursos en los temas en que la ciudadanía ha manifestado mayor preocupación y que son reflejo de la necesidad de un cambio de gobierno.
En el segundo de los desafíos el gobierno también cumple. El aumento del gasto público -a diferencia de otros años- no será mayor que el aumento del crecimiento económico. Esta decisión, además de favorecer un orden de las cuentas fiscales, es una de las formas que el gobierno tiene para evitar mayores problemas con variables como el tipo de cambio, la tasa de interés y la variación de los precios. Si el gasto fuera más expansivo que lo proyectado en este presupuesto, se corre el riesgo de afectar el tipo de cambio induciendo a una baja del precio del dólar, algo que sería muy perjudicial para el agro y para otros sectores de la actividad económica nacional. De igual forma, un presupuesto muy expansivo podría llevar también al alza a la tasa de interés y la inflación. En este contexto, el presupuesto es acertado y equilibrado.
Por último, en el tercero de los desafíos, la Concertación tiene la palabra. Hasta ahora, ha anticipado una actitud obstruccionista que no parece conducir a un buen destino. Sin embargo, esto aún puede ser corregido. Los últimos días de discusión en el Congreso han dado cuenta de dos enfoques que puede tener la Concertación: el enfoque paralizador y negativo que se ha reflejado en las discusiones sobre el impuesto específico a la minería (royalty), o el enfoque constructivo y abierto al diálogo que se ha manifestado en acuerdos políticos como el financiamiento al Transantiago y las modificaciones a la ley antiterrorista y la justicia militar.
El país necesita del segundo enfoque, y especialmente en la primera ley de presupuestos de un nuevo gobierno. La actitud constructiva se requiere ahora y en este proyecto, para lograr un presupuesto con amplia aprobación en todas las coaliciones políticas.
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