Carta al Director, Diario La Tercera
31.05.2011
Señor director:
Tras leer con atención la columna de Marco Enríquez-Ominami -publicada el viernes en este medio- me gustaría hacer una pequeña precisión respecto de su contenido. En ella, el timonel del PRO señala que el Presidente Piñera prometió en su reciente Cuenta Pública el envío de un proyecto que incluya la inscripción automática y el voto voluntario.
Deseo informarle a Marco Enríquez que el Mandatario envió el 1 de diciembre de 2010 un proyecto al Senado en esa línea. A éste se le aplicó suma urgencia en marzo del presente año y finalmente fue aprobado en general el pasado 10 de mayo.
Ernesto Silva
Diputado UDI
martes, 31 de mayo de 2011
viernes, 27 de mayo de 2011
Cuidar las instituciones
Cuidar las Instituciones
Javier Macaya, Diputado
Ernesto Silva, Diputado
El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.
Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.
Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.
Ambos riesgos van de la mano.
Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.
Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.
Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.
Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.
En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.
Javier Macaya, Diputado
Ernesto Silva, Diputado
El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.
Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.
Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.
Ambos riesgos van de la mano.
Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.
Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.
Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.
Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.
En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.
Caso Arrayán y evaluación de los jueces
Columna Diario Financiero
27.05.11
La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.
Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.
En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.
A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.
Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.
Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación? La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.
Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.
Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.
27.05.11
La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.
Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.
En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.
A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.
Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.
Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación? La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.
Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.
Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.
lunes, 9 de mayo de 2011
Bitran se equivoca con la Alta Dirección Pública
Diario El Mostrador, 9.5.11
En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.
Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.
En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.
Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.
Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.
En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto
limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.
Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.
Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.
En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.
En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.
Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.
En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.
Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.
Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.
En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto
limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.
Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.
Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.
En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.
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