Columna Diario Financiero
Viernes 28 de mayo del 2010
Se ha hecho mucho análisis en esta semana de los contenidos del discurso presidencial del 21 de mayo. La mayoría de los análisis ha puesto el foco en el contenido de las políticas públicas propuestas, relegando a un segundo plano algunos elementos de estructura y estilo de gobierno, que de implementarse bien, pueden contribuir a un progreso significativo de la gestión pública.
Existen dos grandes desafíos para el Estado que suelen ser difíciles de abordar: definir metas de mediano y largo plazo, y medir sistemáticamente el progreso de las iniciativas en su objetivo de cumplir las metas.
Ambos problemas surgen de la naturaleza especial y de las restricciones propias del sector público. Si para una empresa u organización privada estos desafíos son del todo naturales, para las organizaciones públicas se trata de desafíos especiales.
La definición de metas de mediano y largo plazo es un ejemplo. Los presidentes y las autoridades en general suelen definir objetivos y metas circunscritos a su periodo o mandato. Esto puede entenderse toda vez que un presidente gobierna por cuatro años y no por una o dos décadas, pero la carencia de metas de mediano y largo plazo impide el alineamiento institucional hacia el logro de objetivos relevantes. En este contexto, el presidente Piñera propuso al país metas de mediano y largo plazo, que exceden en el tiempo su mandato, y que permiten traducir sus ideas en proyectos medibles en un horizonte de tiempo adecuado. Crecimiento económico, alcanzar el desarrollo como país, superación de la pobreza, calidad de la educación, etc., dejan de ser aspiraciones genéricas o vagas y se vinculan a una meta y a un plazo específico.
Lo que no se mide no existe. Esta idea -tan obvia en las instituciones privadas- no está internalizada verdaderamente en el sector público. Por eso, la creación formal de una unidad integradora de las iniciativas del Estado, que mida sistemáticamente el progreso de los proyectos hacia el cumplimiento de las metas, es un cambio importante y que puede apoyar de verdad hacia un mejor desempeño del Estado Chileno. Se trata de una forma de gestionar, de una manera de enfrentar el trabajo en la organización estatal.
En el corazón de este enfoque está el cambiar el foco de análisis: si nuestro Estado actual se centra mucho en los inputs, la idea es volcar la mirada hacia los outputs, y preferentemente hacia los outcomes. Un ejemplo sobre qué medir en materia de delincuencia: cuántos Carabineros se suman cada año (inputs), cuántas rondas policiales o prestaciones adicionales se logran en un año (outputs), cuánto disminuye la delincuencia en un determinado período de tiempo (outcome). Lo que verdaderamente nos importa es el resultado.
Por ello, el anuncio de la creación de la Delivery Unit es un gran paso hacia la gestión de un Estado más moderno y eficiente. Si bien algunos plantean dudas sobre la autonomía que puede tener un organismo evaluador que esté alojado en el propio Ejecutivo, me parece que su concepción es la adecuada para lograr un alineamiento decidido en el sector público hacia la definición e integración de metas y hacia la medición sistemática y transparente de las mismas. Bien por la Secretaría General de la Presidencia y por Claudio Seebach, quien tendrá el tremendo desafío de liderar e implementar este proceso.
viernes, 28 de mayo de 2010
domingo, 23 de mayo de 2010
Informe de competitividad del IMD: Chile retrocede y pierde competitividad
La semana pasada se dio a conocer el indicador de competitividad que anualmente publica el Institute for Management Development (IMD) en Suiza.
Este indicador mide la competitividad de los países en base a cientos de indicadores agrupados en cuatro grandes categorías: Desempeño Económico, Eficiencia en los Negocios, Eficiencia en el Gobierno, e Infraestructura y Conocimiento.
La primera pregunta a plantarse es por qué es relevante la competitividad. El IMD lo aclara planteando que la competitividad del país está muy relacionada con la competitividad de las empresas, y que juntas contribuyen a la creación de valor y a la superación de la pobreza, al fomento del desarrollo sustentable y al progreso del país en general. Por eso, este ranking es importante y las mejoras o retrocesos deben llamar nuestra atención.
El resultado de este año es el peor que Chile ha presentado en los últimos 10 años. Sólo el año 2000 obtuvimos un resultado peor, cuando nos ubicamos en el lugar 30 del ranking, que mide a 58 países.
A partir del mal resultado del año 2000, Chile empezó a mejorar hasta ubicarse el año 2005 en el lugar 18 del ranking, para luego empezar un descenso que alcanza ahora un mal desempeño al ubicarnos en el lugar 28.
Para algunos, la ubicación sigue siendo positiva dado que somos el país mejor rankeado de América del Sur. Sin embargo, esa comparación parece ser un pobre consuelo.
Nuestro país está perdiendo competitividad, y eso es lo que debemos revertir. Al analizar las cuatro grandes categorías del ranking, se observa que Chile empeora en 3 de las 4. Sólo mejora en la dimensión “desempeño económico” subiendo 9 puestos respecto de su ubicación el año anterior.
En las demás categorías Chile retrocede lugares: en “eficiencia en los negocios” cae 7 lugares, en “eficiencia del gobierno” cae una posición, y en “infraestructura” tiene una fuerte caía de 8 posiciones.
Mejorar nuestra competitividad debe ser una prioridad. La revisión de los antecedentes de este ranking plantea con claridad en qué ámbitos específicos debemos mejorar. La baja empleabilidad de nuestro país, la calidad del sistema educacional, la falta de inversión en I+D, nuestra deteriorada productividad, entre otras falencias, deben ser puntos focales de la estrategia de desarrollo.
Como en todas las cosas, este ranking pone en el corazón del debate el tema de la educación. Sólo buena educación permite una fuerza laboral vigorosa y productiva. Como no se puede avanzar en todos los temas con igual velocidad, la prioridad debiera ser la educación.
Este indicador mide la competitividad de los países en base a cientos de indicadores agrupados en cuatro grandes categorías: Desempeño Económico, Eficiencia en los Negocios, Eficiencia en el Gobierno, e Infraestructura y Conocimiento.
La primera pregunta a plantarse es por qué es relevante la competitividad. El IMD lo aclara planteando que la competitividad del país está muy relacionada con la competitividad de las empresas, y que juntas contribuyen a la creación de valor y a la superación de la pobreza, al fomento del desarrollo sustentable y al progreso del país en general. Por eso, este ranking es importante y las mejoras o retrocesos deben llamar nuestra atención.
El resultado de este año es el peor que Chile ha presentado en los últimos 10 años. Sólo el año 2000 obtuvimos un resultado peor, cuando nos ubicamos en el lugar 30 del ranking, que mide a 58 países.
A partir del mal resultado del año 2000, Chile empezó a mejorar hasta ubicarse el año 2005 en el lugar 18 del ranking, para luego empezar un descenso que alcanza ahora un mal desempeño al ubicarnos en el lugar 28.
Para algunos, la ubicación sigue siendo positiva dado que somos el país mejor rankeado de América del Sur. Sin embargo, esa comparación parece ser un pobre consuelo.
Nuestro país está perdiendo competitividad, y eso es lo que debemos revertir. Al analizar las cuatro grandes categorías del ranking, se observa que Chile empeora en 3 de las 4. Sólo mejora en la dimensión “desempeño económico” subiendo 9 puestos respecto de su ubicación el año anterior.
En las demás categorías Chile retrocede lugares: en “eficiencia en los negocios” cae 7 lugares, en “eficiencia del gobierno” cae una posición, y en “infraestructura” tiene una fuerte caía de 8 posiciones.
Mejorar nuestra competitividad debe ser una prioridad. La revisión de los antecedentes de este ranking plantea con claridad en qué ámbitos específicos debemos mejorar. La baja empleabilidad de nuestro país, la calidad del sistema educacional, la falta de inversión en I+D, nuestra deteriorada productividad, entre otras falencias, deben ser puntos focales de la estrategia de desarrollo.
Como en todas las cosas, este ranking pone en el corazón del debate el tema de la educación. Sólo buena educación permite una fuerza laboral vigorosa y productiva. Como no se puede avanzar en todos los temas con igual velocidad, la prioridad debiera ser la educación.
lunes, 17 de mayo de 2010
El primer 21 de mayo del Presidente Piñera
Este viernes 21 de mayo el Presidente Piñera rendirá por primera vez en su periodo, cuenta en el Congreso Nacional sobre el estado de la Nación.
Aunque la idea de esta ceremonia es rendir cuenta sobre el estado del país, la opinión pública espera anuncios y novedades para ser implementadas a futuro. De esta forma, el rito del 21 de mayo se ha ido transformando en una jornada de anuncios y menos en una instancia de análisis y evaluación.
En este contexto, y dadas las especiales circunstancias en que asumió su mandato el Presidente Piñera, cobra especial interés este evento. El terremoto y el maremoto de febrero alteraron de forma significativa la planificación del nuevo gobierno, y demandaron un gran esfuerzo para enfrentar la emergencia y preparar la reconstrucción.
El 21 de mayo se transforma en una instancia, entonces, para conocer cómo se adaptará el programa de gobierno del Presidente ante este nuevo contexto.
Mi expectativa es alta. Creo que este día representa una gran oportunidad por volver a manifestar las prioridades que hicieron que la Coalición por el Cambio llegara al gobierno: derrotar la pobreza, enfrentar frontalmente la delincuencia y el narcotráfico, crear muchos y buenos trabajos, mejorar la calidad de la educación y modernizar el Estado. Avanzar hacia una verdadera sociedad de oportunidades.
Para lograr lo anterior, es fundamental que el país crezca a tasas de 6% al año. Las primeras medidas del gobierno –manifestadas a través del plan de financiamiento de la reconstrucción- han generado confusión en los lineamientos. Este 21 de mayo representa una gran oportunidad para aclarar la ruta y demostrar con propuestas concretas que el foco del gobierno será favorecer las oportunidades de las personas, a través promover el crecimiento económico.
El 21 de mayo es una gran oportunidad para reforzar la identidad del gobierno, aquella que hizo que por primera vez en 50 años una mayoría de chilenos votara para que una coalición de centro derecha gobierne el país.
Aunque la idea de esta ceremonia es rendir cuenta sobre el estado del país, la opinión pública espera anuncios y novedades para ser implementadas a futuro. De esta forma, el rito del 21 de mayo se ha ido transformando en una jornada de anuncios y menos en una instancia de análisis y evaluación.
En este contexto, y dadas las especiales circunstancias en que asumió su mandato el Presidente Piñera, cobra especial interés este evento. El terremoto y el maremoto de febrero alteraron de forma significativa la planificación del nuevo gobierno, y demandaron un gran esfuerzo para enfrentar la emergencia y preparar la reconstrucción.
El 21 de mayo se transforma en una instancia, entonces, para conocer cómo se adaptará el programa de gobierno del Presidente ante este nuevo contexto.
Mi expectativa es alta. Creo que este día representa una gran oportunidad por volver a manifestar las prioridades que hicieron que la Coalición por el Cambio llegara al gobierno: derrotar la pobreza, enfrentar frontalmente la delincuencia y el narcotráfico, crear muchos y buenos trabajos, mejorar la calidad de la educación y modernizar el Estado. Avanzar hacia una verdadera sociedad de oportunidades.
Para lograr lo anterior, es fundamental que el país crezca a tasas de 6% al año. Las primeras medidas del gobierno –manifestadas a través del plan de financiamiento de la reconstrucción- han generado confusión en los lineamientos. Este 21 de mayo representa una gran oportunidad para aclarar la ruta y demostrar con propuestas concretas que el foco del gobierno será favorecer las oportunidades de las personas, a través promover el crecimiento económico.
El 21 de mayo es una gran oportunidad para reforzar la identidad del gobierno, aquella que hizo que por primera vez en 50 años una mayoría de chilenos votara para que una coalición de centro derecha gobierne el país.
viernes, 14 de mayo de 2010
Ahora es el turno de nuestras ideas
Columna Diario Financiero
30.04.2010
El alza de impuestos ha generado polémica, pues muchos -entre quienes me incluyo- han planteado que se hubiera esperado el uso de otros instrumentos para financiar la reconstrucción. Pese a las posiciones, el gobierno ha insistido en el punto consiguiendo un apoyo transversal para la implementación de la medida.
El gobierno no habría propuesto el alza impositiva de no haber habido un terremoto. La excepcionalidad de las condiciones generadas por la catástrofe permitieron que se abriera la puerta a algo que siempre ha generado rechazo en la centro-derecha.
Pero el alza de impuestos no es la única política que puede surgir al alero de una catástrofe. Existen condiciones especiales para implementar cuatro iniciativas piloto en las regiones más afectadas: flexibilidad laboral, modernización y racionalización del Estado, concesión de colegios y concesión de hospitales.
Generar cambios permanentes en estos ámbitos requiere tiempo e implica altos costos de transacción en el proceso de construcción de la política pública. Cuando la medida es provisoria -como una parte del alza de impuestos-, o piloto, o focalizada en una zona -como la ley de flexibilización del seguro de cesantía-, es más fácil generar los acuerdos para lograr su implementación.
En ese sentido, el gobierno debiera impulsar una agenda agresiva para probar en las zonas varias de las medidas que son parte del programa de gobierno y otras que las circunstancias permiten implementar con éxito.
La flexibilidad laboral es una necesidad urgente, especialmente para aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes. Impulsar formas de teletrabajo en las zonas e industrias afectadas, flexibilizar los requisitos de acuerdo y término de relación laboral, entre otras materias, son fundamentales para mostrar a través de ejemplos piloto, que la flexibilidad laboral es un bien para los trabajadores que podría extenderse con más fuerza en el futuro a todo el país.
En materia de modernización del Estado, es tiempo también para una mirada más profunda. Es ahora la oportunidad para revisar en las zonas más afectadas la racionalidad y organización de los servicios públicos, los recursos que disponen y la forma en que cumplen sus objetivos. El hecho de que sólo un 1,5% del presupuesto haya podido ser reasignado es un ejemplo de que aún hay mucho por hacer para contar con un Estado acorde a las necesidades del Chile del siglo XXI.
Por último, en educación y salud se presenta hoy la oportunidad para concesionar más establecimientos y establecer estándares y prácticas de gestión que permitan avanzar hacia mejores resultados, consistentes con la cantidad de recursos que se han inyectado a dichas áreas en las últimas décadas.
El gobierno ha avanzado hacia la reconstrucción. Ahora le toca a nuestras ideas, implementando iniciativas innovadoras y piloto que reflejen las propuestas de un gobierno de la alianza en materia laboral, educacional, salud y funcionamiento del Estado.
Una agenda para la creación de empleos
Columna Diario La Tercera
29.04.2010
En vísperas del 1 de mayo y después de meses de especial dedicación a los problemas derivados del terremoto y maremoto que sufrió nuestro país, es tiempo de retomar la discusión sobre cómo enfrentamos los desafíos del trabajo y de los trabajadores en Chile. La instalación del nuevo gobierno y de la ministra del Trabajo, Camila Merino, plantea la interrogante sobre cuáles serán las prioridades de la agenda laboral.
A mi juicio, la agenda del gobierno del Presidente Piñera en esta materia tiene una clara prioridad y consiste no sólo en crear más empleos, sino empleos de calidad. De todos los temas relacionados con el desarrollo de políticas laborales y de vinculación entre trabajadores y empresarios, ninguno tiene más impacto en el desarrollo de las familias y en las oportunidades de las personas que la creación de más y buenos trabajos.
Si Chile tuviera tasas de participación laboral similares a las del promedio de la Ocde, algo más de un millón de personas adicionales estarían trabajando en nuestro país. Y si nos comparamos con Estados Unidos, alrededor de 1,5 millón más de personas estarían dentro del sistema. Al hacer el ejercicio de pensar cuántos recursos generarían esos empleos -considerando un sueldo promedio-, nuestra economía tendría alrededor de ocho mil millones de dólares adicionales de ingreso.
Para lograr crear más trabajos se requiere ser capaz de conectar con las necesidades de los principales grupos que hoy están fuera del mercado laboral: mujeres y jóvenes.
Aun cuando Chile ha mostrado algunos progresos en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, estos logros son escasos e insuficientes. Nuestra tasa de participación femenina es bajísima al compararnos con países de la Ocde, pero es más baja aun al compararnos con economías como la de Estados Unidos. En este ámbito, la meta debiera ser alcanzar en un futuro cercano tasas de participación femenina que superen el 50%. Y en este punto, el gobierno de Sebastián Piñera es claro: creará una comisión especial para revisar la participación de las mujeres en el mercado laboral, incorporando instrumentos como teletrabajo y jornadas parciales, entre otros.
En materia de jóvenes, nuestra realidad también es deficiente. No sólo estamos mal al compararnos con países desarrollados, sino también al compararnos con países cercanos, como Brasil. En este punto, la clave es flexibilidad e incentivos para incorporar a los jóvenes al mercado del trabajo.
Un segundo pilar en la agenda laboral debe ser avanzar en la productividad, a través de mejores sistemas de capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores. Ya es historia conocida que en los últimos años esta variable ha decaído, con la consecuente pérdida de competitividad para las empresas. Esto debemos revertirlo y generar condiciones de flexibilidad y capacitación que permitan retomar la senda de la productividad.
Una condición para avanzar con éxito hacia estos objetivos debe ser un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo, los trabajadores, los empleadores y el Congreso. La llegada de un nuevo gobierno y de nuevas personas genera una oportunidad para todos de construir confianzas y dejar de lado prejuicios e ideas preconcebidas. Yo veo con optimismo que lograremos una agenda relevante de creación de más y mejores empleos.
Por eso, no sólo veo sin traumas este primer 1 de mayo con un gobierno de la Coalición por el Cambio, sino que también podemos apreciar una agenda clara y una ministra siempre dispuesta a abrir puentes de diálogo.
Institucionalidad de seguridad pública
Editorial Diario El Mercurio
09.02.2010
En materia de seguridad pública, ésta ha sido la principal carencia en los últimos años. No hemos avanzado en el combate a la delincuencia no sólo por causa de ineficiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas adecuados de prevención, rehabilitación y reinserción, sino por la falta de un diseño institucional que defina adecuadamente un responsable efectivo de la seguridad pública y que cuente con las atribuciones para ejercer su papel.
Un buen diseño institucional en esta materia requiere, a lo menos, los siguientes elementos. En primer lugar, la radicación de la responsabilidad sobre el tema en una institución y en una persona, en este caso el ministro del Interior. En segundo lugar, se necesita una dependencia administrativa y operativa de las policías respecto de dicha autoridad. En tercer lugar, contar con uno o más mecanismos de rendición de cuentas del responsable del tema -en este caso el ministro- de los resultados de su gestión. Finalmente, se requiere que todos los organismos relacionados con la seguridad pública tengan dependencia y coordinación con quien será el responsable de ésta.
El proyecto de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso y que adecua la institucionalidad en materia de seguridad pública contiene avances relevantes, pero insuficientes. Modifica el nombre actual del Ministerio, denominándolo ahora Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Adicionalmente, crea la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, dependiente del Ministerio del Interior. Asimismo, convierte al ministro del Interior en el responsable político superior de los resultados en materia de seguridad pública, exigiéndole la "rendición de cuentas semestral" ante el Congreso Nacional del estado de su gestión y del avance en la materia. Finalmente, el proyecto traspasa la dependencia de la Fuerza Pública desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, lo que resuelve el viejo problema de la doble dependencia de las policías.
Pero todos estos avances no son suficientes, pues la responsabilidad aún queda diluida. La nueva institucionalidad no será capaz de responder al desafío de alcanzar mayores logros en materia de seguridad, en la medida en que no dote a la autoridad de atribuciones para ejercer su papel. En el proyecto en discusión se crea la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, pero no se le entrega al ministro del Interior (responsable de la Subsecretaría) la supervisión de relevantes organismos asociados a su tarea, como, por ejemplo, el Sename y Gendarmería, los que siguen bajo dependencia del Ministerio de Justicia.
Ante esta situación, la pregunta es evidente: ¿será el ministro del Interior capaz de responder adecuadamente por la seguridad pública cuando importantes servicios públicos de prevención y rehabilitación dependerán del Ministerio de Justicia?
Estimo que no. Se requiere tomar opciones en esta materia. Una opción es fortalecer el papel y responsabilidad del ministro del Interior, dotándolo de las atribuciones necesarias, que entiendo es el espíritu del proyecto en discusión. Una segunda opción es la creación de un Ministerio de Seguridad Pública de alto perfil técnico, que fue lo que se tuvo en mente en la reforma constitucional del año 2005. Una tercera opción consiste en fortalecer la capacidad técnica del Ministerio de Justicia, que es lo que se encuentra en parte de la experiencia comparada. Lamentablemente, el proyecto actual mezcla los objetivos y herramientas de las tres opciones anteriores.
Para un diseño institucional adecuado en materia de seguridad pública, se requiere revisar profundamente el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, pues no asegura la existencia de una autoridad responsable y capaz de cumplir con el principal objetivo que queremos todos los chilenos: ganarle la batalla a la delincuencia.
De la tarea de gastar a la tarea de producir
Columna Diario Financiero
05.02.2010
Una de los cambios más relevantes que se puede esperar del gobierno de Sebastián Piñera es el tránsito de un gobierno que ha puesto el foco en el gasto a un gobierno que pone el foco en la generación de valor y de ingreso.
Sin duda el último gobierno de la Concertación hizo un esfuerzo importante por extender el manto de protección social, por una parte, en materias que antes no estaban contempladas, y, por otra parte, a grupos de la población que no siempre eran beneficiarios de la política social.
En la mayor parte de sus prioridades, el gobierno de la Presidenta Bachelet se dedicó a gastar, tal como lo demuestra el fuerte aumento del gasto público durante su mandato. Ello fue posible en parte por los altos ingresos del cobre y en parte por una administración razonablemente conservadora de las cuentas fiscales.
Esta estrategia es consistente con una mirada de la sociedad que ha puesto el foco en los derechos sociales de las personas, y el acceso a beneficios por parte del Estado. Sin embargo, una mirada como ésta se hace difícil de sostener en el tiempo, si no existe un enfoque que busque permanente y sistemáticamente la generación de nuevas oportunidades, de mayores emprendimientos, y, en general, de mayor riqueza de las personas y de la sociedad en general.
Mucho se ha discutido en las últimas semanas acerca de la estrategia social del gobierno de Sebastián Piñera. Se ha intentado instalar dudas acerca de la relevancia que el Presidente le dará a la red de protección social.
Me parece que la discusión ha equivocado el foco. La discusión no consiste en determinar cuántas personas deben ser beneficiadas por la red de protección social, sino más bien qué podemos hacer para que en el tiempo sean cada vez menos las personas que necesiten de esa red de protección social porque como consecuencia de nuevas oportunidades han sido capaces de construir un desarrollo más autónomo. En el fondo, apoyar tanto el periodo de carencia a través de la red de protección social, como promover las condiciones más permanentes que permitan generar el desarrollo gradual y autónomo de las personas.
La meta del país debe ser que cada vez menos personas requieran ser parte de la red de protección social. Solo a modo de ejemplo, si tuviéramos tasas de ocupación similares a las tasas de ocupación de los países de la OCDE, habría cerca de un millón de personas más trabajando en Chile.
La realidad chilena hoy no se entiende sin la red de protección social que se ha instalado en los últimos años, pero tampoco se entiende esta red de protección sin un esfuerzo sistemático y profundo por generar nuevas oportunidades y desarrollos desde los individuos.
A mi juicio, es aquí donde se encuentra uno de los grandes desafíos y oportunidades del gobierno que pronto comienza. Chile necesita crecer, generar más trabajo, más emprendimientos, alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia en el trabajo. De hecho en los últimos años mientras el gasto público ha aumentado, la productividad ha disminuido año a año. Ese es el gran desafío para lograr otorgar más oportunidades de desarrollo a las personas y a sus familias.
Dado que los gobiernos de la Concertación, y especialmente el de la Presidenta Bachelet, han puesto un foco especial en el gasto y la distribución de beneficios sociales, la tarea que tiene por delante el gobierno de Sebastián Piñera es desafiante y exigente: ser capaz de mantener una red de cuidado y protección social, pero acompañada de un esfuerzo prioritario por generar trabajo, oportunidades y productividad.
En esta línea, veremos un tránsito de un gobierno de ilusión, distribución y gasto, a un gobierno de gran responsabilidad por el desarrollo de nuestro país hacia el futuro, generando condiciones más permanentes para el crecimiento de las personas y sus familias en un Chile de oportunidades y que es capaz de acoger.
Banco Central Argentino: Autonomía institucional y calidad de la política
28.01.2010
La discusión que ha tenido lugar entre el Gobierno argentino y el Presidente de su Banco Central, Martín Redrado, da cuenta de un debate muy profundo sobre la calidad de las instituciones y sobre la calidad de la política argentina. De este debate, me parece, debemos extraer conclusiones para Chile.
El primer punto de análisis es la calidad institucional. Las instituciones son el conjunto de reglas formales e informales que establecen la estructura de incentivos para el comportamiento de los agentes económicos y políticos.
La presión del gobierno argentino a su Banco Central y la negativa del Presidente de éste, Martín Redrado, de acoger las solicitudes del ejecutivo, nos muestra un conflicto institucional que pone en tensión a dos instituciones relevantes en Argentina. Hay problemas en el diseño institucional. Los mercados internacionales observan que se produce una tensión que tiene asociado un resultado incierto, aumentando la percepción de riesgo de un país por la configuración de su estructura y diseño institucional.
La calidad de las instituciones importa, y su impacto en el desempeño económico de los países es relevante. Así lo han demostrado los estudios de economistas y cientistas políticos como North, Ostrom, y otros, que han sido incluso galardonados con el Premio Nobel.
Chile en esto ha demostrado un buen desempeño, y lo importante es saber cuidarlo hacia el futuro. Un eventual gobierno de Sebastián Piñera tendrá el gran desafío de reforzar la institucionalidad, a través de buena regulación (no más regulación) y a través de anticipar dónde los diseños actuales no son capaces de responder a las necesidades de comportamiento de los agentes económicos y políticos.
El segundo punto de discusión que nos trae el debate argentino es acerca de la calidad de la política. Aún cuando las instituciones no estén cumpliendo su rol a cabalidad, aún queda el reducto de la calidad de la política y del comportamiento de los políticos. En eso Argentina ha mostrado falencias también en las últimas décadas, porque no ha sido capaz de lograr que los mejor preparados entren al servicio público y a la política.
Chile también ha destacado en este punto comparado con otros países de la región. Sin embargo, aún tenemos que estar alerta, porque los desafíos futuros del país demandan cada vez mejores profesionales y políticos trabajando en las tareas del Estado.
En nueve días más el país elige su Presidente para los próximos cuatro años. La información disponible indica que el escenario más probable es que el ganador será Sebastián Piñera. Un nuevo gobierno necesitará muchos profesionales de excelencia –y en particular muchos jóvenes- para trabajar desde los Ministerios, las Superintendencias, los Servicios Públicos, las Empresas Estatales, los Gobiernos regionales, etc., para producir los cambios que el país necesita.
Muchos de los lectores de este diario trabajan en el sector privado pero sienten una vocación de servicio público o sienten una responsabilidad especial con el futuro de Chile. Este puede ser un buen momento para reflexionar sobre el futuro y abrirse a la opción de trabajar en el Gobierno. Para que nuestro país siga progresando, se necesita reforzar la calidad de las instituciones y la calidad de quienes trabajen en lo público.
Un año lamentable para la Ley de Presupuestos
Columna Diario Financiero
13.11.2009
A mi juicio, en el proceso de este año han sucedido hechos lamentables, que cuestionan el rol de la excelencia y rigor que se requiere en un proceso de tanta relevancia.
Primero fue la torpeza de Andrés Velasco al trabajar durante una sesión en el programa económico del candidato Eduardo Frei. Lo grave del hecho no fue que estuviera comentando los documentos o revisando la página web del candidato, sino que respondiera como lo hizo cuando fue emplazado por la opinión pública. Velasco señaló que cometió un error al revisar la página web, aunque todos sabemos que en verdad estaba trabajando por la candidatura de Eduardo Frei. Que trabaje o no trabaje por Frei durante la discusión de presupuesto es un hecho criticable, pero no me parece lo más importante. Velasco puede tener la capacidad para hacer las dos cosas bien. Lo relevante es que Velasco no enfrentó a la opinión pública con toda la verdad, intentando hacernos creer que sólo revisaba una página web. Si está trabajando por Frei que lo diga y lo asuma, y se genere la transparencia que la opinión pública y las personas tanto esperan y valoran.
El segundo hecho lamentable fue la "sanción" que la Cámara de Diputados intentó imponer al Ministerio de Hacienda por no haber reconocido la supuesta deuda histórica de los profesores. En un hecho más propio de una discusión escolar, la Cámara de Diputados habría rechazado irresponsablemente el presupuesto del Ministerio de Hacienda como forma de sanción al ministro y su equipo por la actitud que han tenido en el proceso de negociación con el gremio de los profesores. La opinión pública da cuenta que la Cámara tomó esa decisión como un reproche, y no como resultado de un análisis serio de los antecedentes del presupuesto. Nuevamente la Concertación fue protagonista central de este hecho.
Estos dos casos dan cuenta de un deterioro en la calidad de la política y las decisiones de fondo que afectan al país. La Ley de Presupuestos ocupa en forma importante la agenda del Ministerio de Hacienda en el último trimestre del año. En particular, en un año que ha sido tremendamente complejo porque, en rigor, los parlamentarios están en campaña y eso genera una distracción importante para la concentración que deben tener en su tarea. Además, se trata de una Ley de Presupuestos que debe preparar al país para un posible cambio de gobierno y para continuar enfrentando una crisis económica que ha afectado fuertemente a los hogares.
Nuestro país se merece un debate político de mejor calidad y un proceso de discusión presupuestaria de alto nivel en todas sus etapas. Esto involucra tanto al Ministerio de Hacienda como a los parlamentarios. Creo que en ambas instituciones se han dado pasos hacia atrás que no debemos pasar por alto.
A partir del próximo año tendremos una nueva integración del Congreso y también en los equipos del Ministerio de Hacienda. Los estándares que la opinión pública debe exigir son de alto rigor, excelencia y responsabilidad en las decisiones que afectan de forma tan relevante el desarrollo del país.
Nuestro país se merece un debate político de mejor calidad y un proceso de discusión presupuestaria de alto nivel en todas sus etapas. Esto involucra tanto al Ministerio de Hacienda como a los parlamentarios. Creo que en ambas instituciones se han dado pasos hacia atrás que no debemos pasar por alto.
A partir del próximo año tendremos una nueva integración del Congreso y también en los equipos del Ministerio de Hacienda. Los estándares que la opinión pública debe exigir son de alto rigor, excelencia y responsabilidad en las decisiones que afectan de forma tan relevante el desarrollo del país.
El desafío de convocar a los jóvenes al Gobierno
Columna Diario Financiero
16.10.2009
Quienes participaron del gobierno militar aún recuerdan y transmiten las transformaciones llevadas a cabo por profesionales jóvenes que poco o nada tenían que ver con la política hasta ese momento. A los 29 años, José Piñera era nombrado ministro del Trabajo y Previsión Social y sería el responsable del sistema de AFP y del advenimiento de un sistema privado de salud (Isapres), entre otras reformas. El caso de Miguel Kast también es un buen ejemplo: a los 26 años llega a Odeplan, a los 29 es nombrado ministro en esa cartera, a los 31 sucede a José Piñera en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a los 33 años es nombrado presidente del Banco Central.
Al llegar la Concertación al poder en 1990 no sólo vuelven al escenario político antiguas figuras públicas, sino que desembarcan en el gobierno cientos de jóvenes ilusionados con aportar en el nuevo gobierno democrático de Patricio Aylwin. Esta nueva fuerza le permitiría a la Concertación transformarse en una coalición política exitosa capaz de elegir cuatro gobiernos consecutivos.
Pero así como acertaron en la fórmula que les ha permitido gobernar durante 20 años, no supieron renovar las caras que le dieran un nuevo impulso para mantenerse en el poder. De este modo, con Eduardo Frei a la cabeza, la Concertación se halla no sólo en la difícil situación de intentar derrotar a Sebastián Piñera, sino que debe luchar contra el fantasma de Enríquez-Ominami que está ahí para recordarles día a día que no supieron leer las aspiraciones de renovación política que hoy tienen los chilenos.
Llegó la hora de la alternancia y de una nueva forma de gobernar.
El nuevo gobierno tendrá que hacerse cargo de un país azotado por la crisis económica mundial actual. Tendrá el desafío de ocuparse de la calidad de la educación, toda vez que el problema de cobertura ha sido superado. Tendrá la oportunidad de hacer profundas reformas que generen más empleo, que impulsen a las PYMES, que generen más competencia. Y así hay muchos otros desafíos, como los temas energéticos, medioambientales, la eficiencia del Estado, el sistema de salud o el combate a la delincuencia.
Como se puede apreciar, los desafíos son muchos y se requieren muchos jóvenes preparados y vocación de servicio. Sebastián Piñera tendrá el desafío no sólo de incorporar a su gobierno a muchas personas que hoy no están en lo público, sino que tendrá que motivar a los mejores. Los nuevos desafíos no sólo son importantes, sino que en un gobierno de cuatro años todo se vuelve urgente.
Será en la gente joven en donde Sebastián Piñera hallará la disposición necesaria para tener un gobierno exitoso. Será en esos profesionales, gente preparada, en donde está la clave para transformar el país. Es por eso que la primera tarea de Sebastián Piñera será invitar a soñar, tendrá que saber motivar y transmitir la energía necesaria para que los mejores decidan abandonar su legítima aspiración a desarrollarse en el mundo privado por un proyecto que los convenza y los convoque.
Sebastián Piñera tiene ahora la palabra.
¿ Tiene sentido el desarrollo económico si la delincuencia obliga a vivir encerrados?
06.10.2009
Chile es el mejor país para vivir en Latinoamérica. Esa es la conclusión que arroja el informe de la ONU que presenta el de Índice de Desarrollo Humano, el que considera no sólo el ingreso per capita como elemento de desarrollo sino también variables como la alfabetización, expectativas de vida, entre otros.
Nuestro país se ubica en el lugar número 44 de más de 180 países considerados en el estudio y en primer lugar en Latinoamérica. Lo siguen de cerca Argentina (49), Uruguay (59), Cuba (51) y México (53).
Pero el mismo organismo (la ONU) publicó un día antes el Reporte Global de Asentamientos Humanos, en el cual se critica la expansión urbana de Santiago y concluye que nuestra capital lidera el ranking de “comunidades enrejadas” junto a Buenos Aires y Sao Paulo. ¿Tiene sentido el desarrollo económico si el temor a la delincuencia te obliga a vivir encerrado?
Bono en marzo
Editorial Diario El Mercurio
29.08.2009
Señor Director
Las nuevas generaciones estamos cansadas de las peleas políticas. Esta vez ante la propuesta realizada por Sebastián Piñera de entregar un bono de 40 mil pesos en marzo del próximo año han surgido muchas voces críticas que me parecen injustificadas.
En lugar de discutir quién tiene la autoría de una determinada política, lo relevante debiera ser si ella representa una buena solución o no, y el bono propuesto por Piñera lo es.
Dicho bono es una buena solución por diversos motivos. En primer lugar, porque nos encontramos en una situación excepcional. El país está en recesión, son más de 780 mil los chilenos sin trabajo, y se estima que en marzo del próximo año las cifras negativas en esta materia continuarán. La entrega de un determinado monto en efectivo a familias que lo están pasando mal y que seguirán complicadas el próximo año revela una preocupación genuina por los más necesitados, y ese es el tipo de políticas que identifica y motiva especialmente a los jóvenes y a la mayoría de los chilenos.
En segundo lugar, el bono representa una solución técnicamente correcta, ya que se focaliza en las familias chilenas que prácticamente no tienen capacidad de ahorro y que, por lo tanto, ante situaciones como las que hemos vivido este año se han debido endeudar para poder sustentar sus gastos. Asimismo, todos sabemos que marzo es un mes complejo para las familias, porque en ese mes se concentra una gran cantidad de gastos excepcionales.
Mirando a futuro, creo que debemos enriquecer el debate político. Toda propuesta que tenga un respaldo técnico y un sustento solidario, como es el caso del bono, debiera apoyarse, independiente de quién la proponga.
Ernesto Silva Méndez
Señor Director
Las nuevas generaciones estamos cansadas de las peleas políticas. Esta vez ante la propuesta realizada por Sebastián Piñera de entregar un bono de 40 mil pesos en marzo del próximo año han surgido muchas voces críticas que me parecen injustificadas.
En lugar de discutir quién tiene la autoría de una determinada política, lo relevante debiera ser si ella representa una buena solución o no, y el bono propuesto por Piñera lo es.
Dicho bono es una buena solución por diversos motivos. En primer lugar, porque nos encontramos en una situación excepcional. El país está en recesión, son más de 780 mil los chilenos sin trabajo, y se estima que en marzo del próximo año las cifras negativas en esta materia continuarán. La entrega de un determinado monto en efectivo a familias que lo están pasando mal y que seguirán complicadas el próximo año revela una preocupación genuina por los más necesitados, y ese es el tipo de políticas que identifica y motiva especialmente a los jóvenes y a la mayoría de los chilenos.
En segundo lugar, el bono representa una solución técnicamente correcta, ya que se focaliza en las familias chilenas que prácticamente no tienen capacidad de ahorro y que, por lo tanto, ante situaciones como las que hemos vivido este año se han debido endeudar para poder sustentar sus gastos. Asimismo, todos sabemos que marzo es un mes complejo para las familias, porque en ese mes se concentra una gran cantidad de gastos excepcionales.
Mirando a futuro, creo que debemos enriquecer el debate político. Toda propuesta que tenga un respaldo técnico y un sustento solidario, como es el caso del bono, debiera apoyarse, independiente de quién la proponga.
Ernesto Silva Méndez
miércoles, 12 de mayo de 2010
Aires de cambio en educación superior
Columna Diario La Segunda
14.07.2009
La discusión sobre educación ha estado muy presente durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. El debate ha incluido las distintas etapas del proceso formativo: preescolar, escolar, superior.
Las últimas semanas han puesto sobre la mesa los desafíos de la educación superior. Al menos tres han sido los antecedentes, y todos muy relacionados. El primero es el informe de la OCDE sobre el sistema chileno. El segundo, las disputas al interior del cartel-Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. El tercero -y muy reciente- los indicadores de deserción universitaria dados a conocer por el Consejo Superior de Educación.
De todos los antecedentes que surgen del debate, me parece que la discusión principal está en tres puntos. El primero es si se debe privilegiar a las universidades estatales bajo algún criterio en la asignación de recursos. El segundo consiste en la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de financiamiento en el acceso de los estudiantes más pobres a la educación superior. El tercero es la necesidad de hacerse cargo académicamente de las características desaventajadas de los alumnos que hoy ingresan a las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
En el primero de los debates, el supuesto quiebre del Consejo de Rectores es ilustrativo de distintos grupos de interés compitiendo por recursos. La pregunta es por qué las universidades estatales podrían invocar ese derecho. Desde mi perspectiva, no existen argumentos sólidos para privilegiar a las estatales en la asignación de recursos. Los criterios debieran seguir más bien al estudiante y el tipo de actividad que se realiza, sin distinguir el tipo de institución de que se trate. La clave es que las instituciones deben competir, y hacerlo en igualdad de condiciones. Ya hay universidades privadas que han demostrado en ciertas áreas resultados equivalentes o mejores que muchas universidades tradicionales, y lo han hecho incluso con menos recursos. Los criterios de asignación de éstos debieran ser los siguientes: acceso a financiamiento (créditos) para todos los estudiantes, sin distinción del tipo de institución; apoyos focalizados (becas) para carreras socialmente rentables, y competencia total en la asignación de fondos para la investigación.
En materia de acceso a la educación superior, hoy se están incorporando al sistema jóvenes que provienen de los quintiles más pobres. Ellos requieren cada vez más opciones de financiamiento, no sólo en el crédito universitario, sino opciones reales de trabajo mientras se desarrollan sus estudios.
El último punto del debate es eminentemente académico. El Consejo Superior de Educación alerta sobre la deserción de los estudiantes, especialmente en los grupos más pobres que se han incorporado al sistema. ¿Cómo mejorar las tasas de graduación de estos alumnos? El desafío para las instituciones es adaptar las formas de enseñanza y aprendizaje a esta nueva realidad, y hacerse cargo de las características de los estudiantes que se reciben. Ello implica nuevos planes de estudio, nuevas metodologías de enseñanza, nuevas formas de asesorar y apoyar a los jóvenes.
Vienen aires de cambio en educación superior. El conflicto al interior del Consejo de Rectores abre una ventana de oportunidad para debatir a fondo y hacer los cambios relevantes. Lo que no puede suceder es que el debate termine con las universidades estatales protegidas con más recursos y resguardadas de enfrentar más competencia. Nuevamente, el foco de análisis para las políticas deben ser los estudiantes, no la institución donde estudian.
Las últimas semanas han puesto sobre la mesa los desafíos de la educación superior. Al menos tres han sido los antecedentes, y todos muy relacionados. El primero es el informe de la OCDE sobre el sistema chileno. El segundo, las disputas al interior del cartel-Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. El tercero -y muy reciente- los indicadores de deserción universitaria dados a conocer por el Consejo Superior de Educación.
De todos los antecedentes que surgen del debate, me parece que la discusión principal está en tres puntos. El primero es si se debe privilegiar a las universidades estatales bajo algún criterio en la asignación de recursos. El segundo consiste en la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de financiamiento en el acceso de los estudiantes más pobres a la educación superior. El tercero es la necesidad de hacerse cargo académicamente de las características desaventajadas de los alumnos que hoy ingresan a las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
En el primero de los debates, el supuesto quiebre del Consejo de Rectores es ilustrativo de distintos grupos de interés compitiendo por recursos. La pregunta es por qué las universidades estatales podrían invocar ese derecho. Desde mi perspectiva, no existen argumentos sólidos para privilegiar a las estatales en la asignación de recursos. Los criterios debieran seguir más bien al estudiante y el tipo de actividad que se realiza, sin distinguir el tipo de institución de que se trate. La clave es que las instituciones deben competir, y hacerlo en igualdad de condiciones. Ya hay universidades privadas que han demostrado en ciertas áreas resultados equivalentes o mejores que muchas universidades tradicionales, y lo han hecho incluso con menos recursos. Los criterios de asignación de éstos debieran ser los siguientes: acceso a financiamiento (créditos) para todos los estudiantes, sin distinción del tipo de institución; apoyos focalizados (becas) para carreras socialmente rentables, y competencia total en la asignación de fondos para la investigación.
En materia de acceso a la educación superior, hoy se están incorporando al sistema jóvenes que provienen de los quintiles más pobres. Ellos requieren cada vez más opciones de financiamiento, no sólo en el crédito universitario, sino opciones reales de trabajo mientras se desarrollan sus estudios.
El último punto del debate es eminentemente académico. El Consejo Superior de Educación alerta sobre la deserción de los estudiantes, especialmente en los grupos más pobres que se han incorporado al sistema. ¿Cómo mejorar las tasas de graduación de estos alumnos? El desafío para las instituciones es adaptar las formas de enseñanza y aprendizaje a esta nueva realidad, y hacerse cargo de las características de los estudiantes que se reciben. Ello implica nuevos planes de estudio, nuevas metodologías de enseñanza, nuevas formas de asesorar y apoyar a los jóvenes.
Vienen aires de cambio en educación superior. El conflicto al interior del Consejo de Rectores abre una ventana de oportunidad para debatir a fondo y hacer los cambios relevantes. Lo que no puede suceder es que el debate termine con las universidades estatales protegidas con más recursos y resguardadas de enfrentar más competencia. Nuevamente, el foco de análisis para las políticas deben ser los estudiantes, no la institución donde estudian.
Política-Reality
Columna Diario Financiero
26.06.2009
La política ya no es la misma de antaño. Mientras antes brillaban los grandes discursos y las arengas a las masas, hoy lo que manda es la vivencia y la experiencia. La política se está transformando en un reality.
La política tradicional se ha caracterizado por la conformación de grupos de personas que comparten creencias, ideas y proyectos, y que realizan acciones públicas y privadas para promoverlas. Normalmente se ha puesto foco en las ideas, y se ha respetado también la distinción entre la vida pública y la vida privada de los actores políticos.
La nueva política se está caracterizando por privilegiar el proyecto individual por sobre el proyecto colectivo y por empatizar ya no con las masas sino por empatizar con los medios de comunicación, especialmente la televisión. Además, la nueva política se caracteriza por eliminar las líneas que dividen lo público de lo privado.
El mundo está cambiando. Desde hace un tiempo que en nuestro país comenzó a desarrollarse esta nueva clase de programas de televisión, los realities, en los cuales muchas personas están dispuestas a exponer su vida ante los demás con tal de ganar puntaje o pasar a la etapa siguiente. Estas personas están dispuestas, también, a enfrentar el fracaso público de ser eliminados por no generar simpatía en los televidentes o en sus pares de concurso.
Tal vez al principio muchos pensaron que esto sólo era una nueva forma de hacer televisión. Pero lo que muchos no entendieron fue que este fenómeno no era exclusivo de los programas de televisión, sino una nueva tendencia, una nueva forma de expresar y organizar las inquietudes sociales.
Independiente del juicio valórico que se tenga sobre este nuevo fenómeno, es necesario decir que los realities han traído nuevas características a la escena. Los realities implican exposición total, posiciones frontales, tensión permanente, sorpresa y, ante todo, experiencia.
Gradualmente, ámbitos ajenos a un simple programa de televisión han ido tomando formato de reality. La política se está transformando en un aprendiz avanzado de este modelo.
Al analizar las adhesiones de las personas a los candidatos políticos, se aprecia que cada vez más surgen apoyos que no están necesariamente vinculados a las ideas del candidato, sino a la identificación con un estilo, una forma, una experiencia.
En parte esto sucedió el año 2005 cuando la Presidenta Bachelet fue elegida para la primera magistratura. En esa elección destacó por cercanía, generó adhesión por su experiencia e historia de vida, y fue menos relevante su propuesta política.
En la elección de este año, el reality está tomando forma. Marco es reflejo fiel de este estilo, y posiblemente su éxito hasta ahora tiene mucho que ver con esta empatía que ha generado a través de un estilo expuesto de enfrentar la política y las comunicaciones. Posiblemente, ha sido éste uno de los factores que haya permitido que su candidatura se diferencie tan rápidamente de otros candidatos alternativos como Zaldívar, Navarro y Arrate.
Los dos candidatos de las grandes coaliciones, por su parte, parecen menos preparados para la política-reality que se viene en Chile y en el mundo.
¿Será esto un factor relevante en el desarrollo de la campaña y en el resultado de la elección? Aún no sabemos, y es difícil de estimar por ahora. Lo que sí sabemos es que las personas quieren consumir la política de otra forma, vivir la experiencia abierta de la vida y la intimidad de los candidatos, y conocerlos en su faceta más real. Ya veremos cómo se adaptan nuestros líderes y dirigentes a la nueva forma de hacer política.
La política tradicional se ha caracterizado por la conformación de grupos de personas que comparten creencias, ideas y proyectos, y que realizan acciones públicas y privadas para promoverlas. Normalmente se ha puesto foco en las ideas, y se ha respetado también la distinción entre la vida pública y la vida privada de los actores políticos.
La nueva política se está caracterizando por privilegiar el proyecto individual por sobre el proyecto colectivo y por empatizar ya no con las masas sino por empatizar con los medios de comunicación, especialmente la televisión. Además, la nueva política se caracteriza por eliminar las líneas que dividen lo público de lo privado.
El mundo está cambiando. Desde hace un tiempo que en nuestro país comenzó a desarrollarse esta nueva clase de programas de televisión, los realities, en los cuales muchas personas están dispuestas a exponer su vida ante los demás con tal de ganar puntaje o pasar a la etapa siguiente. Estas personas están dispuestas, también, a enfrentar el fracaso público de ser eliminados por no generar simpatía en los televidentes o en sus pares de concurso.
Tal vez al principio muchos pensaron que esto sólo era una nueva forma de hacer televisión. Pero lo que muchos no entendieron fue que este fenómeno no era exclusivo de los programas de televisión, sino una nueva tendencia, una nueva forma de expresar y organizar las inquietudes sociales.
Independiente del juicio valórico que se tenga sobre este nuevo fenómeno, es necesario decir que los realities han traído nuevas características a la escena. Los realities implican exposición total, posiciones frontales, tensión permanente, sorpresa y, ante todo, experiencia.
Gradualmente, ámbitos ajenos a un simple programa de televisión han ido tomando formato de reality. La política se está transformando en un aprendiz avanzado de este modelo.
Al analizar las adhesiones de las personas a los candidatos políticos, se aprecia que cada vez más surgen apoyos que no están necesariamente vinculados a las ideas del candidato, sino a la identificación con un estilo, una forma, una experiencia.
En parte esto sucedió el año 2005 cuando la Presidenta Bachelet fue elegida para la primera magistratura. En esa elección destacó por cercanía, generó adhesión por su experiencia e historia de vida, y fue menos relevante su propuesta política.
En la elección de este año, el reality está tomando forma. Marco es reflejo fiel de este estilo, y posiblemente su éxito hasta ahora tiene mucho que ver con esta empatía que ha generado a través de un estilo expuesto de enfrentar la política y las comunicaciones. Posiblemente, ha sido éste uno de los factores que haya permitido que su candidatura se diferencie tan rápidamente de otros candidatos alternativos como Zaldívar, Navarro y Arrate.
Los dos candidatos de las grandes coaliciones, por su parte, parecen menos preparados para la política-reality que se viene en Chile y en el mundo.
¿Será esto un factor relevante en el desarrollo de la campaña y en el resultado de la elección? Aún no sabemos, y es difícil de estimar por ahora. Lo que sí sabemos es que las personas quieren consumir la política de otra forma, vivir la experiencia abierta de la vida y la intimidad de los candidatos, y conocerlos en su faceta más real. Ya veremos cómo se adaptan nuestros líderes y dirigentes a la nueva forma de hacer política.
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