Una interesante discusión se desarrolló en el panel organizado por la Universidad del Desarrollo y el Cieplan para analizar los desafíos de la nueva Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento, anunciada por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso el pasado 21 de mayo.
En el encuentro denominado “Delivery Unit: Quién define y quién evalúa las metas en el Estado chileno”, participamos junto al Director de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Seebach y el investigador senior de CIEPLAN, Francisco Diaz.
Destacada fue la intervención de Seebach quien señaló que el proyecto de mordernización que impulsa Piñera está vinculado a siete ejes de acción: crecimiento, empleo, seguridad ciudadana, educación, salud, pobreza y calidad democracia y promueve que cada ministerio defina metas, estándares para su evaluación y una ruta de segumiento de los resultados.
En mi opinión, considero que es importante otorgar un marco institucional a una entidad como ésta, en la idea de que trascienda más allá de un Gobierno y que no dependa de la impronta o el sello de un presidente para que el Estado logre sus metas pero es necesario evaluar la estrategia ya que será difícil cambiar el comportamiento de los funcionarios públicos sino se modifican los incentivos.
Comparto con ustedes las presentaciones del panel.
o Presentación Claudio Seebach.
o Presentación Francisco J. Diaz.
viernes, 25 de junio de 2010
Excelente intercambio de ideas en seminario Delivery Unit de la Universidad del Desarrollo
viernes, 18 de junio de 2010
La Concertación enmienda parcialmente el rumbo
Columna publicada en Diario Financiero, 18 de junio de 2010
Después de amenazar durante semanas que rechazarían la mayor parte de los contenidos del proyecto de financiamiento de la reconstrucción, la Concertación enmendó su error y aprobó la mayoría de las medidas propuestas, incluyendo los beneficios tributarios representados en la disminución permanente del impuesto de timbres y estampillas, y la exención tributaria para la reinversión de utilidades contemplada en el denominado artículo 14 quáter de la Ley de la Renta. Sólo se rechazó la modificación del impuesto específico a la minería, el cual debería ser analizado en las próximas semanas por una comisión mixta de senadores y diputados.
Este resultado implica buenas y malas noticias para los próximos años.
En términos de buenas noticias, destaca la aprobación de la reducción del impuesto de timbres y estampillas. El impuesto de timbres y estampillas es un impuesto al crédito, que hoy afecta a más de un millón de personas y a muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes. Su reducción permanente es parte del programa de gobierno del Presidente Piñera y va en directo beneficio de las personas.
La segunda buena noticia es la aprobación de la exención de impuesto de primera categoría para la reinversión de utilidades. Esta medida estimula la inversión en un momento en que el país –después del terremoto- demanda un esfuerzo especial de inversión, beneficiando a muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas
Al cambiar su posición y aprobar estas medidas -que eran parte del programa de gobierno-, la Concertación enmienda parcialmente el rumbo y deja atrás su postura de negarse a medidas que benefician directamente a las personas y a las empresas.
Con estas decisiones, se aprueba la mayor parte de las propuestas del paquete de financiamiento propuesto por el gobierno. Esto incluye el aumento transitorio del impuesto de primera categoría, el aumento permanente del impuesto al tabaco, el uso de una parte de los fondos de la ley reservada del cobre, la lamentable limitación a los depósitos convenidos, entre otras materias.
La única medida rechazada por la Concertación fue la modificación del impuesto específico de la minería. El cambio en este impuesto es un cambio voluntario para los contribuyentes, que genera recursos por más de
US$ 600 millones para la reconstrucción, y que busca promover la estabilidad en las reglas del juego extendiendo la invariabilidad tributaria por ocho años adicionales. Si bien comparto que fue una discusión muy rápida para un tema que produce efectos en el largo plazo, creo que la voluntariedad y la extensión de la invariabilidad tributaria son garantías razonables para aprobar la medida. La Concertación, por su parte, se ha opuesto, planteando que es bajo el porcentaje del impuesto y que es inconveniente extender la invariabilidad. Con su decisión, se dejarán de percibir importantes recursos para la reconstrucción.
El resumen de la discusión hasta ahora es que se ha logrado aprobar la mayor parte de las normas para financiar la reconstrucción. Creo que hay que cerrar pronto esta discusión, porque el desafío hoy es ser capaces de avanzar en la ejecución de la reconstrucción y destinar las energías a implementar las propuestas del programa de gobierno del presidente Piñera, y especialmente la agenda planteada el 21 de mayo recién pasado.
Después de amenazar durante semanas que rechazarían la mayor parte de los contenidos del proyecto de financiamiento de la reconstrucción, la Concertación enmendó su error y aprobó la mayoría de las medidas propuestas, incluyendo los beneficios tributarios representados en la disminución permanente del impuesto de timbres y estampillas, y la exención tributaria para la reinversión de utilidades contemplada en el denominado artículo 14 quáter de la Ley de la Renta. Sólo se rechazó la modificación del impuesto específico a la minería, el cual debería ser analizado en las próximas semanas por una comisión mixta de senadores y diputados.
Este resultado implica buenas y malas noticias para los próximos años.
En términos de buenas noticias, destaca la aprobación de la reducción del impuesto de timbres y estampillas. El impuesto de timbres y estampillas es un impuesto al crédito, que hoy afecta a más de un millón de personas y a muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes. Su reducción permanente es parte del programa de gobierno del Presidente Piñera y va en directo beneficio de las personas.
La segunda buena noticia es la aprobación de la exención de impuesto de primera categoría para la reinversión de utilidades. Esta medida estimula la inversión en un momento en que el país –después del terremoto- demanda un esfuerzo especial de inversión, beneficiando a muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas
Al cambiar su posición y aprobar estas medidas -que eran parte del programa de gobierno-, la Concertación enmienda parcialmente el rumbo y deja atrás su postura de negarse a medidas que benefician directamente a las personas y a las empresas.
Con estas decisiones, se aprueba la mayor parte de las propuestas del paquete de financiamiento propuesto por el gobierno. Esto incluye el aumento transitorio del impuesto de primera categoría, el aumento permanente del impuesto al tabaco, el uso de una parte de los fondos de la ley reservada del cobre, la lamentable limitación a los depósitos convenidos, entre otras materias.
La única medida rechazada por la Concertación fue la modificación del impuesto específico de la minería. El cambio en este impuesto es un cambio voluntario para los contribuyentes, que genera recursos por más de
US$ 600 millones para la reconstrucción, y que busca promover la estabilidad en las reglas del juego extendiendo la invariabilidad tributaria por ocho años adicionales. Si bien comparto que fue una discusión muy rápida para un tema que produce efectos en el largo plazo, creo que la voluntariedad y la extensión de la invariabilidad tributaria son garantías razonables para aprobar la medida. La Concertación, por su parte, se ha opuesto, planteando que es bajo el porcentaje del impuesto y que es inconveniente extender la invariabilidad. Con su decisión, se dejarán de percibir importantes recursos para la reconstrucción.
El resumen de la discusión hasta ahora es que se ha logrado aprobar la mayor parte de las normas para financiar la reconstrucción. Creo que hay que cerrar pronto esta discusión, porque el desafío hoy es ser capaces de avanzar en la ejecución de la reconstrucción y destinar las energías a implementar las propuestas del programa de gobierno del presidente Piñera, y especialmente la agenda planteada el 21 de mayo recién pasado.
jueves, 17 de junio de 2010
Sobre el cierre de calles y pasajes
Desde hace ya muchos años se han presentado proyectos de ley para hacerse cargo de un problema que muchos vecinos demandan: la posibilidad de cerrar sus pasajes y calles en ciertas circunstancias para disponer de un nivel de seguridad que se ve amenazado por los altos niveles de delincuencia que vive el país.
El tema ha vuelto a la opinión pública por diversas razones: el año 2009 se presentó una nueva moción cuya tramitación tuvo más velocidad, la Corte Suprema se pronunció sobre un caso puntual hace poco tiempo, y el Senado se encuentra analizando en segundo trámite constitucional el proyecto que consolida las distintas mociones parlamentarias en un solo proyecto de ley.
Se han dado distintos argumentos para oponerse a esta medida. El primero de tipo jurídico, planteando que las calles y pasajes son bienes nacionales de uso público y que no corresponde limitar o restringir su acceso o circulación por decisión de algunos vecinos. El segundo de tipo político, señalando que autorizar esta medida significa reconocer un triunfo de la delincuencia y que la única forma de enfrentar el problema para los vecinos sería recurrir al encierro en sus barrios.
Me parece que se trata de argumentos válidos. Respecto del primero, hay dos derechos en conflicto: la libertad personal y su libre circulación, por una parte, y el derecho de las personas a resguardar y proteger su integridad. Estimo que si el cierre de los pasajes se canaliza previa autorización de las direcciones de obras municipales, por horarios determinados, y por períodos de tiempo revisables y renovables, se pueden conciliar ambos derechos de forma adecuada.
En lo que tiene que ver con el sentimiento de estar perdiendo la batalla contra la delincuencia, estimo que ésta se enfrenta a través de múltiples instrumentos, por ejemplo la menor tolerancia contra faltas y delitos de menor connotación, la restricción de las posibilidades de libertad provisional en caso de reincidencia, la prevención temprana de la delincuencia infantil y del acceso a la droga de los jóvenes, entre otras. Creo que la medida de cierre de calles y pasajes, en los casos y formas que contempla la ley, es un instrumento más que ayuda a los vecinos que hoy se ven muy vulnerados en su seguridad.
El proyecto aún no está cerrado, de hecho en el Senado se encuentran en discusión una serie de indicaciones para perfeccionar el proyecto. A quienes quieran revisar con más detalle lo discutido en la Cámara de Diputados hace un tiempo, y lo que se está analizando actualmente en el Senado, los invito a revisar los antecedentes que se encuentran en el link adjunto:
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6755&prmBL=6363-06
El tema ha vuelto a la opinión pública por diversas razones: el año 2009 se presentó una nueva moción cuya tramitación tuvo más velocidad, la Corte Suprema se pronunció sobre un caso puntual hace poco tiempo, y el Senado se encuentra analizando en segundo trámite constitucional el proyecto que consolida las distintas mociones parlamentarias en un solo proyecto de ley.
Se han dado distintos argumentos para oponerse a esta medida. El primero de tipo jurídico, planteando que las calles y pasajes son bienes nacionales de uso público y que no corresponde limitar o restringir su acceso o circulación por decisión de algunos vecinos. El segundo de tipo político, señalando que autorizar esta medida significa reconocer un triunfo de la delincuencia y que la única forma de enfrentar el problema para los vecinos sería recurrir al encierro en sus barrios.
Me parece que se trata de argumentos válidos. Respecto del primero, hay dos derechos en conflicto: la libertad personal y su libre circulación, por una parte, y el derecho de las personas a resguardar y proteger su integridad. Estimo que si el cierre de los pasajes se canaliza previa autorización de las direcciones de obras municipales, por horarios determinados, y por períodos de tiempo revisables y renovables, se pueden conciliar ambos derechos de forma adecuada.
En lo que tiene que ver con el sentimiento de estar perdiendo la batalla contra la delincuencia, estimo que ésta se enfrenta a través de múltiples instrumentos, por ejemplo la menor tolerancia contra faltas y delitos de menor connotación, la restricción de las posibilidades de libertad provisional en caso de reincidencia, la prevención temprana de la delincuencia infantil y del acceso a la droga de los jóvenes, entre otras. Creo que la medida de cierre de calles y pasajes, en los casos y formas que contempla la ley, es un instrumento más que ayuda a los vecinos que hoy se ven muy vulnerados en su seguridad.
El proyecto aún no está cerrado, de hecho en el Senado se encuentran en discusión una serie de indicaciones para perfeccionar el proyecto. A quienes quieran revisar con más detalle lo discutido en la Cámara de Diputados hace un tiempo, y lo que se está analizando actualmente en el Senado, los invito a revisar los antecedentes que se encuentran en el link adjunto:
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6755&prmBL=6363-06
jueves, 3 de junio de 2010
Educación: SIMCE, protestas y futuro
Las manifestaciones por despidos en el Ministerio de Educación y los resultados del SIMCE vuelven a poner los problemas de la educación en la opinión pública.
En el SIMCE, los resultados no sorprenden. Son malos, así de simple, aunque existan leves mejoras en algunas pruebas. Lo interesante –a mi juicio- ha sido la forma en que el Ministerio presenta la información. Simplificar la explicación ayuda mucho, especialmente a los padres. Por ejemplo, mencionar que más del 60% de los niños de octavo básico no logra el nivel esperable en sexto básico en matemáticas, nos permite entender la magnitud del problema. De igual forma, indicar que sólo 1 de cada 40 alumnos de nivel socioeconómico bajo alcanza el nivel esperado de aprendizaje, es muy clarificador de lo que se requiere mejorar. El SIMCE de este año simplemente nos recuerda que la calidad de la educación está muy mal, y que lo hecho por la Concertación no sirvió para mejorar la calidad.
En otro ámbito del debate, ha habido protestas y presiones por los cambios que está haciendo el Ministerio en los equipos de trabajo. En primer lugar, los cambios están dentro de las facultades del Ministerio. En segundo lugar, cuando la calidad de la educación está en este estado, efectuar cambios no sólo es un derecho, sino un deber. En mi opinión, el gobierno debe hacer todos los cambios que estime necesarios y que se encuentren dentro de sus facultades. La protección del empleo público no puede ser una excusa para proteger el desempeño deficiente, los cargos y funciones duplicadas, etc.
A futuro, y desde ahora, lo que se requiere es cambio. Cambio en las instituciones (aprobando la ley de calidad pendiente en el Congreso por rechazos de la Concertación), cambio en las reglas del juego en materia de profesores (modificando el Estatuto Docente), cambio en lo que sucede en la sala de clases.
Cuando el tema de la educación se mira desde la ideología y desde los gremios, el debate se entrampa y los cambios se dificultan. Cuando la educación se piensa desde los niños y desde los padres, el debate se abre y es posible avanzar en los cambios.
En el SIMCE, los resultados no sorprenden. Son malos, así de simple, aunque existan leves mejoras en algunas pruebas. Lo interesante –a mi juicio- ha sido la forma en que el Ministerio presenta la información. Simplificar la explicación ayuda mucho, especialmente a los padres. Por ejemplo, mencionar que más del 60% de los niños de octavo básico no logra el nivel esperable en sexto básico en matemáticas, nos permite entender la magnitud del problema. De igual forma, indicar que sólo 1 de cada 40 alumnos de nivel socioeconómico bajo alcanza el nivel esperado de aprendizaje, es muy clarificador de lo que se requiere mejorar. El SIMCE de este año simplemente nos recuerda que la calidad de la educación está muy mal, y que lo hecho por la Concertación no sirvió para mejorar la calidad.
En otro ámbito del debate, ha habido protestas y presiones por los cambios que está haciendo el Ministerio en los equipos de trabajo. En primer lugar, los cambios están dentro de las facultades del Ministerio. En segundo lugar, cuando la calidad de la educación está en este estado, efectuar cambios no sólo es un derecho, sino un deber. En mi opinión, el gobierno debe hacer todos los cambios que estime necesarios y que se encuentren dentro de sus facultades. La protección del empleo público no puede ser una excusa para proteger el desempeño deficiente, los cargos y funciones duplicadas, etc.
A futuro, y desde ahora, lo que se requiere es cambio. Cambio en las instituciones (aprobando la ley de calidad pendiente en el Congreso por rechazos de la Concertación), cambio en las reglas del juego en materia de profesores (modificando el Estatuto Docente), cambio en lo que sucede en la sala de clases.
Cuando el tema de la educación se mira desde la ideología y desde los gremios, el debate se entrampa y los cambios se dificultan. Cuando la educación se piensa desde los niños y desde los padres, el debate se abre y es posible avanzar en los cambios.
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