14.07.2009
La discusión sobre educación ha estado muy presente durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. El debate ha incluido las distintas etapas del proceso formativo: preescolar, escolar, superior.
Las últimas semanas han puesto sobre la mesa los desafíos de la educación superior. Al menos tres han sido los antecedentes, y todos muy relacionados. El primero es el informe de la OCDE sobre el sistema chileno. El segundo, las disputas al interior del cartel-Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. El tercero -y muy reciente- los indicadores de deserción universitaria dados a conocer por el Consejo Superior de Educación.
De todos los antecedentes que surgen del debate, me parece que la discusión principal está en tres puntos. El primero es si se debe privilegiar a las universidades estatales bajo algún criterio en la asignación de recursos. El segundo consiste en la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de financiamiento en el acceso de los estudiantes más pobres a la educación superior. El tercero es la necesidad de hacerse cargo académicamente de las características desaventajadas de los alumnos que hoy ingresan a las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
En el primero de los debates, el supuesto quiebre del Consejo de Rectores es ilustrativo de distintos grupos de interés compitiendo por recursos. La pregunta es por qué las universidades estatales podrían invocar ese derecho. Desde mi perspectiva, no existen argumentos sólidos para privilegiar a las estatales en la asignación de recursos. Los criterios debieran seguir más bien al estudiante y el tipo de actividad que se realiza, sin distinguir el tipo de institución de que se trate. La clave es que las instituciones deben competir, y hacerlo en igualdad de condiciones. Ya hay universidades privadas que han demostrado en ciertas áreas resultados equivalentes o mejores que muchas universidades tradicionales, y lo han hecho incluso con menos recursos. Los criterios de asignación de éstos debieran ser los siguientes: acceso a financiamiento (créditos) para todos los estudiantes, sin distinción del tipo de institución; apoyos focalizados (becas) para carreras socialmente rentables, y competencia total en la asignación de fondos para la investigación.
En materia de acceso a la educación superior, hoy se están incorporando al sistema jóvenes que provienen de los quintiles más pobres. Ellos requieren cada vez más opciones de financiamiento, no sólo en el crédito universitario, sino opciones reales de trabajo mientras se desarrollan sus estudios.
El último punto del debate es eminentemente académico. El Consejo Superior de Educación alerta sobre la deserción de los estudiantes, especialmente en los grupos más pobres que se han incorporado al sistema. ¿Cómo mejorar las tasas de graduación de estos alumnos? El desafío para las instituciones es adaptar las formas de enseñanza y aprendizaje a esta nueva realidad, y hacerse cargo de las características de los estudiantes que se reciben. Ello implica nuevos planes de estudio, nuevas metodologías de enseñanza, nuevas formas de asesorar y apoyar a los jóvenes.
Vienen aires de cambio en educación superior. El conflicto al interior del Consejo de Rectores abre una ventana de oportunidad para debatir a fondo y hacer los cambios relevantes. Lo que no puede suceder es que el debate termine con las universidades estatales protegidas con más recursos y resguardadas de enfrentar más competencia. Nuevamente, el foco de análisis para las políticas deben ser los estudiantes, no la institución donde estudian.
Las últimas semanas han puesto sobre la mesa los desafíos de la educación superior. Al menos tres han sido los antecedentes, y todos muy relacionados. El primero es el informe de la OCDE sobre el sistema chileno. El segundo, las disputas al interior del cartel-Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. El tercero -y muy reciente- los indicadores de deserción universitaria dados a conocer por el Consejo Superior de Educación.
De todos los antecedentes que surgen del debate, me parece que la discusión principal está en tres puntos. El primero es si se debe privilegiar a las universidades estatales bajo algún criterio en la asignación de recursos. El segundo consiste en la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de financiamiento en el acceso de los estudiantes más pobres a la educación superior. El tercero es la necesidad de hacerse cargo académicamente de las características desaventajadas de los alumnos que hoy ingresan a las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
En el primero de los debates, el supuesto quiebre del Consejo de Rectores es ilustrativo de distintos grupos de interés compitiendo por recursos. La pregunta es por qué las universidades estatales podrían invocar ese derecho. Desde mi perspectiva, no existen argumentos sólidos para privilegiar a las estatales en la asignación de recursos. Los criterios debieran seguir más bien al estudiante y el tipo de actividad que se realiza, sin distinguir el tipo de institución de que se trate. La clave es que las instituciones deben competir, y hacerlo en igualdad de condiciones. Ya hay universidades privadas que han demostrado en ciertas áreas resultados equivalentes o mejores que muchas universidades tradicionales, y lo han hecho incluso con menos recursos. Los criterios de asignación de éstos debieran ser los siguientes: acceso a financiamiento (créditos) para todos los estudiantes, sin distinción del tipo de institución; apoyos focalizados (becas) para carreras socialmente rentables, y competencia total en la asignación de fondos para la investigación.
En materia de acceso a la educación superior, hoy se están incorporando al sistema jóvenes que provienen de los quintiles más pobres. Ellos requieren cada vez más opciones de financiamiento, no sólo en el crédito universitario, sino opciones reales de trabajo mientras se desarrollan sus estudios.
El último punto del debate es eminentemente académico. El Consejo Superior de Educación alerta sobre la deserción de los estudiantes, especialmente en los grupos más pobres que se han incorporado al sistema. ¿Cómo mejorar las tasas de graduación de estos alumnos? El desafío para las instituciones es adaptar las formas de enseñanza y aprendizaje a esta nueva realidad, y hacerse cargo de las características de los estudiantes que se reciben. Ello implica nuevos planes de estudio, nuevas metodologías de enseñanza, nuevas formas de asesorar y apoyar a los jóvenes.
Vienen aires de cambio en educación superior. El conflicto al interior del Consejo de Rectores abre una ventana de oportunidad para debatir a fondo y hacer los cambios relevantes. Lo que no puede suceder es que el debate termine con las universidades estatales protegidas con más recursos y resguardadas de enfrentar más competencia. Nuevamente, el foco de análisis para las políticas deben ser los estudiantes, no la institución donde estudian.
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