Editorial Diario El Mercurio
09.02.2010
En materia de seguridad pública, ésta ha sido la principal carencia en los últimos años. No hemos avanzado en el combate a la delincuencia no sólo por causa de ineficiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas adecuados de prevención, rehabilitación y reinserción, sino por la falta de un diseño institucional que defina adecuadamente un responsable efectivo de la seguridad pública y que cuente con las atribuciones para ejercer su papel.
Un buen diseño institucional en esta materia requiere, a lo menos, los siguientes elementos. En primer lugar, la radicación de la responsabilidad sobre el tema en una institución y en una persona, en este caso el ministro del Interior. En segundo lugar, se necesita una dependencia administrativa y operativa de las policías respecto de dicha autoridad. En tercer lugar, contar con uno o más mecanismos de rendición de cuentas del responsable del tema -en este caso el ministro- de los resultados de su gestión. Finalmente, se requiere que todos los organismos relacionados con la seguridad pública tengan dependencia y coordinación con quien será el responsable de ésta.
El proyecto de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso y que adecua la institucionalidad en materia de seguridad pública contiene avances relevantes, pero insuficientes. Modifica el nombre actual del Ministerio, denominándolo ahora Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Adicionalmente, crea la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, dependiente del Ministerio del Interior. Asimismo, convierte al ministro del Interior en el responsable político superior de los resultados en materia de seguridad pública, exigiéndole la "rendición de cuentas semestral" ante el Congreso Nacional del estado de su gestión y del avance en la materia. Finalmente, el proyecto traspasa la dependencia de la Fuerza Pública desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, lo que resuelve el viejo problema de la doble dependencia de las policías.
Pero todos estos avances no son suficientes, pues la responsabilidad aún queda diluida. La nueva institucionalidad no será capaz de responder al desafío de alcanzar mayores logros en materia de seguridad, en la medida en que no dote a la autoridad de atribuciones para ejercer su papel. En el proyecto en discusión se crea la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, pero no se le entrega al ministro del Interior (responsable de la Subsecretaría) la supervisión de relevantes organismos asociados a su tarea, como, por ejemplo, el Sename y Gendarmería, los que siguen bajo dependencia del Ministerio de Justicia.
Ante esta situación, la pregunta es evidente: ¿será el ministro del Interior capaz de responder adecuadamente por la seguridad pública cuando importantes servicios públicos de prevención y rehabilitación dependerán del Ministerio de Justicia?
Estimo que no. Se requiere tomar opciones en esta materia. Una opción es fortalecer el papel y responsabilidad del ministro del Interior, dotándolo de las atribuciones necesarias, que entiendo es el espíritu del proyecto en discusión. Una segunda opción es la creación de un Ministerio de Seguridad Pública de alto perfil técnico, que fue lo que se tuvo en mente en la reforma constitucional del año 2005. Una tercera opción consiste en fortalecer la capacidad técnica del Ministerio de Justicia, que es lo que se encuentra en parte de la experiencia comparada. Lamentablemente, el proyecto actual mezcla los objetivos y herramientas de las tres opciones anteriores.
Para un diseño institucional adecuado en materia de seguridad pública, se requiere revisar profundamente el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, pues no asegura la existencia de una autoridad responsable y capaz de cumplir con el principal objetivo que queremos todos los chilenos: ganarle la batalla a la delincuencia.
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